Una muestra de la vocación violenta, anti-institucional y racista de la Constitución boliviana acaba de evidenciarse en el ataque “comunal” y los abusos subsiguientes perpetrados contra el ex –Vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, su familia y sus bienes.
Invocando explícitamente la competencia de la jurisdicción indígena y contando luego con el apoyo tácito de altas autoridades del gobierno boliviano, los comuneros de Sankajawira, cantón de Huatajata, municipio de Achacachi asaltaron la residencia del ex –Vicepresidente boliviano, golpearon a la esposa e hijos del político y saquearon sus bienes (La Razón, El Deber).
Inmediatamente después este grupo de supuestos indígenas originarios remitieron una notificación al Congreso sobre lo ocurrido. En ella argumentaron, con alguna meticulosidad, las razones jurídicas de carácter jurisdiccional y étnicamente “nacionales” que, a su juicio, les corresponden según la Constitución reciente y cuestionablemente aprobada por referendum. No contento con ello, este grupo que se ampara en el desconocimiento del Estado, anunció que procedería a la expulsión del ex -Vicepresidente del lugar de su residencia en un ámbito que cubre todo el departamento de La Paz. Para justificar el “destierro” acusaron al señor Cárdenas, un aymara que pretende renovar a la oposición, de vulnerar “la dignidad, ideología y política de (su) pueblo” por oponerse a la Constitución y hasta “a las políticas del presidente Evo Morales”.
De manera paralela, los asaltantes justificaron una eventual expropiación de los bienes de la víctima basándose en la supuesta violación de la función social de la propiedad reconocida en la Constitución que el señor Cárdenas no habría respetado mientras ejercía sus derechos.
Esta barbarie anárquica, cometida con premeditación organizada y minuciosa al amparo de una carta fundamental social y estatalmente disolvente, ocurrió muy cerca de La Paz (apenas a 90 kms. de la capital administrativa) en un dinámico y concurrido centro de las orillas del lago Titicaca, luego de que el señor Cárdenas advirtiera a las autoridades del delito inminente y éstas simplemente ignoraran su solicitud de protección.
Peor aún, cuando culminó el asalto, que fue precedido de una serie de ajustes de cuentas populares y linchamientos, el Viceministro del Interior y autoridades del Viceministerio de Descentralización sugirieron que los caminos de la ley debieran ser explorados. Pero ellos no se referían a la punición de los culpables o a la protección del señor Cárdenas, sino a la eventual “expropiación” de la residencia y bienes del agraviado. Mientras tanto, las autoridades policiales indicaron que no intervenían para no fomentar el conflicto social luego de que los “originarios” afirmaran que no admitirían la presencia de fiscales ni de otro tipo de agentes del orden porque ellos disponían de los suyos propios.
Siguiendo ese curso de acción el Vicepresidente Álvaro García Linera no pareció percibir que esa manifestación de desborde popular podía, gracias a él, aplastarlo a él y a Bolivia si la competencia y jurisdicción indígena se aplica de esta manera en más de las 30 naciones reconocidas.
Así, embrollado en su propio laberinto ideológico luego de desatar fuerzas que no puede controlar, la emprendió contra el afectado por el supuesto uso político que éste estaría haciendo del acto criminal que se cometía en su contra. Mientras tanto, el presidente Evo Morales ha preferido, hasta ahora, guardar silencio.
Es posible que las autoridades bolivianas encuentren en estos actos la violencia necesaria con la que se proponen construir un orden social mediante el recurso electoral y la coerción ilegal y callejera, mientras destruyen los fundamentos del anterior y, por cierto, al Estado. Al respecto puede que estén preocupados, puede que no (especialmente si ven en ello una forma de combatir a un opositor eficiente). Pero sus vecinos ciertamente lo están: el desorden que emerge de Bolivia tiende a incrementar la erosión del sistema interestatal que la mayoría quiere resguardar en un contexto de crisis sistémica internacional. El abuso del poder y el desorden bolivianos constituyen un desafío estratégico general.
Si las autoridades de ese país no reaccionan, los Estados suramericanos que pretenden la vigencia de regímenes, como el interamericano, y el resguardo de derechos básicos de los que el señor Cárdenas ha sido desposeído, debieran plantear el caso en el seno de la OEA. Mientras tanto, el afectado, por derecho propio y esencial expectativa colectiva, debiera poder llevar su queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si los tribunales de su país resultaran insuficientes. En ese escenario encontraría, además de apoyo a sus derechos, la discusión ilustrada de los peligros que se ciernen sobre Bolivia y su entorno.
