24 de abril de 2024
En condiciones de disminuida dimensión estratégica y de bajo crecimiento económico un buen número de países del área se concentran hoy en la recuperación o redefinición de su orden interno. Frente al deterioro de factores elementales de ese orden (pérdida de gobernanza y liderazgo, debilitamiento de cohesión social, crecientes fuerzas disgregadoras), las cuestiones vinculadas al tipo de orden (democracia sobre dictadura) no es todo lo dominante que debiera. Veamos.
En efecto, como muchos, Latinobarómetro 2023 recuerda que la debilidad de la élites, los pobres desempeños de gestión pública (y de representación política), el incremento de la propensión populista y la tolerancia con gobiernos no democráticos están en la base de la “recesión democrática” que agobia a la región. Éstos se resumen en un apoyo a la democracia de sólo 48% (vs 63% en 2010), en indiferencia relativa al tipo de régimen político (22% en 2023 vs 14% en 1997) y en circunstancial preferencia por el autoritarismo (17% en 2023 vas 13% en 2020).
Aunque esta estadística agregada no desautoriza a la democracia como forma preferente de orden interno en la región, su devaluación podría estar ocurriendo en ciertos escenarios nacionales sobrepasados por la inseguridad ciudadana.
En Ecuador y Perú (37% y 50% de apoyo a la democracia, respectivamente) los problemas de corrupción sistémica, la acción del crimen organizado y su reflejo en inseguridad interna han adquirido una dimensión superior o equivalente a la de la democracia en la valoración pública. En Venezuela, sin embargo, donde la presencia de esos factores de deterioro del orden es más grave, el gran impulso de la oposición frente a la dictadura parece indicar que la preocupación por la recuperación democrática es mayor a la de la inseguridad interna.
En Ecuador esta situación podría estar siendo redefinida en función del “conflicto armado interno”. Triunfar en él es asunto de sobrevivencia del Estado y, por tanto, asunto prioritario. Ello explica dos decisiones. La primera fue la que impuso la violación de las garantías de inviolabilidad de misiones diplomáticas universalmente aceptadas y reconocidas en un tratado internacional. Como se sabe, la explicación oficial al respecto se concentró en la disposición contenida en otro tratado sobre la calificación del asilo según la cual éste no puede otorgarse a delincuentes comunes probados. Este argumento fue esgrimido por Ecuador en la OEA cuyos miembros, sin embargo, ratificaron que se había violado una norma básica del derecho y las relaciones internacionales. La condena occidental y el rompimiento de relaciones con México fue el precio a pagar por ese quiebre normativo. ¿Fue ésta una convicción racional del gobierno ecuatoriano como lo sostuvo su Cancillería reiteradamente? ¿Fue un error de interpretación de la norma o una percepción errada de la reacción internacional? O más bien, se trató de la aceptación anticipada por el gobierno ecuatoriano del costo de un rompimiento de relaciones y de una condena general (quizás, pasajera) a cambio de fortalecer la lucha contra la corrupción. Si esta alternativa fuera más que una hipótesis (The Economist) la razón de Estado ha prevalecido en Quito sobre el derecho internacional.
Esa hipótesis, no plenamente convergente con el idealismo democrático, ha sido fortalecida en Ecuador con un ejercicio de democracia directa: la consulta popular para lograr una mayor participación de la Fuerza Armada en el “conflicto armado interno”, el apoyo correspondiente a la Policía sin declarar un estado de excepción y la elevación de las penas efectivas para los que incurran en los delitos correspondientes. El presidente Noboa ha ganado en todas las consultas al respecto (nueve) y perdido sólo en dos alejadas de los asuntos de seguridad. El resultado fortalece la legitimidad del Estado en la lucha contra la corrupción y la del propio Noboa. Como se sabe, sobre la prioridad de las razones prácticas para fortalecer la seguridad y el orden internos el Perú tiene experiencia.
En un escenario distinto (la competencia entre el orden autocrático y el democrático) la disposición a retener el poder disfrazado de flexibilidad puede estar rondando el planeamiento de la dictadura venezolana sobre eventuales elecciones en ese país. Así lo indican el hecho de que la supuesta disposición electoral de Maduro haya surgido de negociaciones in extremis en las que han intervenido terceros (el acuerdo de Barbados) y que aquéllas hayan sido seguidas de incumplimientos y condiciones posteriores del dictador. Éstas han implicado que la oposición democrática haya tenido que recurrir a un tercer candidato (Edmundo Gonzalez Urrutia) en tanto los primeros dos fueron vetados por la dictadura. Ello muestra que, en Venezuela, la disputa entre dos tipos de órdenes (el autocrático y el democrático), si no es ficticia, es fuertemente asimétrica y que, considerando los antecedentes, no se resolverá mediante el simple expediente del recurso a las urnas. Menos cuando Maduro, no ha tenido límites (ni siquiera los de la ruina de su país) para establecer un tipo de orden socialista que, con Cuba como ejemplo, sólo ofrece la inmolación ciudadana como precio de una causa minoritaria y corrupta que se viste de razón de Estado. En ese marco es difícil suponer que Maduro canjeará el control político por un orden democrático sin la seguridad de mantener una posición de dominio pleno o parcial. Salvo que su gobierno busque una salida alimentada por la debilidad de su apoyo popular (entre 10% y 20%) y la oposición le ofrezca un “puente de plata”, Maduro no arriesgará, en una elección limpia, una organización partidaria ya depurada (el PSUV), el apoyo de la Fuerza Armada (cuya cúpula tiene todo qué perder fuera del poder), la cooptación de los agentes económicos internos y el control de los medios de comunicación. Los resultados de la “salida electoral” podrían ser entonces el de la continuidad de un orden autocrático más moderado o un inestable orden híbrido que hasta pudiera considerar una “cohabitación” cuestionada por la propia oposición antes que un retorno pleno de la democracia representativa. El orden resultante sería precario.
En el Perú, el requerimiento de orden reclama la restitución institucional de su democracia y la del Estado erosionados por la informalidad y la ineficacia. Pero también la recuperación de su territorio amenazado por el narcotráfico y el crimen organizado. Sobre lo primero destaca la reorganización del Ministerio Público. Sobre lo segundo, Estados Unidos volverá a cooperar en la interdicción aeronáutica suspendida el 2001 por un accidente y luego obstaculizada por incompatibilidad normativa. Ésta deberá contribuir a la disminución del tráfico aéreo de droga, de sus insumos y de los agentes trasnacionales que lucran en ese turbio negocio. Pero sin una más intensa cooperación en mar y tierra el problema persistirá en tanto los esfuerzos nacionales de erradicación de sembríos se han probado insuficientes (95 mil has. en 2022 vs 34 mil has en 2000). Especialmente si en el vacío creciente de la sierra y selva peruanas operan agentes de la minería informal y de otras actividades que ponen en cuestión el control territorial por el Estado. Las acciones represivas, de interdicción y de sustitución de cultivos a empeñarse son indispensables para restaurar el orden en el país. Según la experiencia histórica, este asunto trasciende, en el Perú, las condiciones de un régimen autoritario o democrático.
