17 de Noviembre de 2006
Cuando en 1947 el GATT legisló sobre las zonas de libre comercio y las uniones aduaneras no lo hizo con entusiasmo. En tanto el propósito era organizar un régimen de comercio global sobre las bases del principio de no discriminación y la afirmación de la cláusula de la nación más favorecida, los acuerdos de integración de ámbito regional no parecían una contribución sustantiva a la causa económica multilateral. Éstos eran más bien vistos como discriminatorios, susceptibles de establecimiento de reglas propias y, por tanto, funcionales a la problemática que, en la primera parte del siglo XX, causó la fragmentación del comercio internacional y el incremento de la tendencia al conflicto.
En consecuencia, su aceptación regulada fue considerada como una excepción al régimen global y no como su norma. Por lo demás se tomaron precauciones para su uso: los convenios que creaban áreas de libre comercio debían ser informados al GATT y los intercambios que registrasen deberían incluir “sustancialmente” todo el comercio. En consecuencia quedaba claro que la autoridad prevaleciente era la del régimen global y que el libre comercio no podía estar referido a sectores o a valores minoritarios de los intercambios. En la década de los 50 del siglo pasado, la creación de la Comunidad Europea en 1957 y, en menor escala, de la ALALC en 1959, entre otras, inició un proceso de gradual incremento de zonas de libre comercio que se expandió hasta la creación de la OMC en 1994. Si para ese entonces estos acuerdos plurilaterales ya proliferaban, a partir de entonces su crecimiento fue exponencial. No obstante que la OMC incorporó la regulación del GATT con algunas clarificaciones, la discusión sobre si estos acuerdos contribuían u obstaculizaban el comercio mundial en una etapa de globalización adquirió entonces extraordinaria vitalidad académica y política.
Previamente, la creación del MERCOSUR en 1991 había ya suscitado protestas marginales (como antes ocurrió con la Comunidad Europea) de terceros y representantes de ciertas industrias Y, a. la luz de la proliferación de acuerdos de libre comercio, el argumento principal pareció atender menos a la discriminación potencial que a la complejidad de la administración de los acuerdos (la pésima metáfora del “plato de tallarines” fue la más recurrida para dar cuenta de la complicación de la gestión del comercio mundial).
En ese contexto, sin embargo, el régimen global de comercio no pudo probar su eficiencia: la ronda Doha (la primera negociación multilateral en el ámbito de la OMC) fue de tumbo en tumbo hasta orillar el fracaso este año. Aunque sin relación directa con esa falta de éxito multilateral y quizás más alentados por el principio de regionalismo abierto, los miembros de la APEC, organización creada en 1989 no como un área de libre comercio sino como una zona de facilitación de los intercambios, de la inversión y de cooperación económica entre 21 economías del Pacífico que representan aproximadamente el 60% del PBI y el 50 % del comercio globales, adoptaron los compromisos de Bogor: los países más avanzados de la zona procurarían establecer una zona de libre comercio en el Pacífico hacia el 2010, mientras que los países menos avanzados se adherirían el 2020.
Para un grupo de países –especialmente los asiáticos- cuyo proceso de integración avanza más al ritmo de la interdependencia creciente de sus economías que de la creación de mecanismos de integración éste no parece haber sido un paso que se haya dado con mucho entusiasmo. Y menos cuando la normas entre los miembros de la APEC prioriza la discrecionalidad: cada miembro hace la oferta de apertura que puede y luego el conjunto la consolida.
Y tampoco lo es ahora cuando en la XIV cumbre de la APEC algunos países, entre ellos Perú y Chile, han propuesto informalmente dinamizar dentro de la APEC ese proceso. Estados Unidos ha co-liderado la propuesta mientras que el Perú desea que éste incorpore en el mediano plazo a los países latinoamericanos del Pacífico (incluyendo a los que hoy no son todavía miembros de la APEC, como los centroamericanos, Colombia y eventualmente, Ecuador). Como es evidente, estos países comparten entre sí algo más que una costa marítima: han negociado o suscrito un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos (aunque Ecuador no ha concluido las negociaciones y está pendiente la ratificación en los casos de Perú y Colombia) y probablemente lo harán con Canadá.
A esta iniciativa se ha agregado una condición: la negociación del acuerdo se apresuraría si la ronda Doha fracasa definitivamente. A pesar de las dificultades que, por razones internas, encuentra sobre esta materia Estados Unidos, con ello se está creando un punto de inflexión: ahora es un grupo de países antes que el conjunto que adhiere a la OMC el que impulsaría el comercio global. Si ese grupo de países llegase a conformar un acuerdo de libre comercio, la excepción original se habría vuelto norma y el régimen global seguiría entonces los pasos de las agrupaciones regionales. En la medida en que no halla conflicto, este desarrollo podría ser aceptado por la mayoría y presionaría a la Unión Europea y a las potencias emergentes que tienen dificultades de consenso en la Ronda a que flexibilicen sus posiciones. Pero, a la luz de la experiencia de la primera mitad del siglo XX, ciertamente no es ésta la alternativa ideal.
