Los comicios electorales de este 11 de abril no sólo no produjo un ganador presidencial en primera vuelta sino que presentó como triunfadores, para la segunda, a un par de candidatos cuya votación fue arrasada por la suma del ausentismo y de los votos blancos y nulos.
En efecto, según la ONPE, Pedro Castillo obtuvo 19.086% de los votos y Keiko Fujimori 13.361%. Estos contrincantes, que participarán el 6 de junio en la segunda vuelta, suman en total 32.447% mientras que los ausentes, los votos en blanco y nulos equivalen 47.787%. Tal resultado implica un alto nivel de rechazo electoral y de insuficiente legitimidad de ambos candidatos que no se puede ignorar aunque el resultado sea legal.
Es más, si la comparación entre los votos de los dos contrincantes que pasaron a la segunda vuelta y el total de votos de rechazo se considerase excesiva en tanto que los votos de ambos ganadores debieran cotejarse en relación a los votos válidamente emitidos (52.13%), debe recordarse que ese total es mínimo en términos históricos. Y si, sólo en conjunto, los triunfadores superaron el 50% de los votos válidos requeridos para que uno de ellos ganase en primera vuelta, lo hicieron con gran precariedad teniendo en cuenta la proliferación de candidaturas marginales.
Además debe añadirse que los dos candidatos triunfadores se han beneficiado de una ley que no exige límites mínimos para pasar a segunda vuelta mientras esa misma norma reclama límites muy altos para la repetición de la elección (sólo en caso de que los votos en blanco y nulos supere el 66% ésta podrá repetirse).
De otro lado, si la ley beneficia a dos candidatos sin legitimidad cuantitativa suficiente, su escasa legitimidad democrática para competir en segunda en la segunda vuelta emerge con mayor visibilidad.
Para empezar, uno de ellos presenta condiciones que no se condicen con la seguridad nacional (son notorios el vínculo que miembros del partido Perú Libre han establecido con el Movadef cercano a Sendero Luminoso así como las afinidades formales con la dictadura venezolana). Y el otro trae consigo un extraordinario nivel de rechazo ciudadano (42% en este abril bajando de más del 60% a fines del año pasado (Datum, Gestión).
De otro lado, si el nivel de rechazo cuantitativo del candidato Castillo no se conoce aún ello se debe a que hasta la semana previa a las elecciones aparecía en las encuestas con muy baja aceptación. Lo evidente es que ese rechazo se incrementará fuertemente en la segunda vuelta. Es decir, alcanzará un mínimo de 43.76% si se suman los votos de Fujimori, López Aliaga, De Soto y alrededor del 60% si acumulan los votos de los partidos que, en teoría, se le oponen ideológicamente. En este contexto, es esperable que las eventuales alianzas o transferencia de votos de los partidos perdedores a los ganadores incrementen ese antagonismo ideológico.
En esas circunstancias, la opción por el “mal menor” como alternativa intuida por todos antes de que Mario Vargas Llosa la expresara de manera pública, se presentará de manera muy parecida a los fundamentos de la razón de Estado que opera en casos en que la adecuada sobrevivencia de esa unidad política está en cuestión. Esa opción operará esta vez a instancias ciudadanas. Pero ello no cancela la posibilidad que los poderes fácticos la invoquen en el futuro.
En consecuencia, un diálogo práctico entre los contrincantes sobre la gobernabilidad del país sería lo más sensato para permitir. Pero su éxito no está al alcance de la mano.
En un escenario ideal, los candidatos deberían coincidir, por lo menos, en la confrontación conjunta de amenaza letal de la pandemia y, quizás con menos probabilidad, en políticas de resguardo económico y laboral. Si ello ocurriese, la legitimidad de los contrincantes se incrementaría. Pero no al punto de que se plantee, por ejemplo, un gobierno de ancha base (como ha sido sugerido para su país por el Presidente electo del Ecuador).
En todo caso, esa coincidencia tendría probablemente vida corta. Y lo sería por la propensión fujimorista a no respetar los plazos de gracia reflejada en su habilidad para desbancar gabinetes y contribuir a la caída de presidentes (de los cuatro presidentes que han ocupado el cargo en el último quinquenio, dos deben su salida a la presión fujimorista según recuerda Rosa María Palacios). Pero especialmente por la rigidez ideológica, el anacronismo programático y quizás hasta el recurso a la violencia del candidato Castillo.
En consecuencia todos en el Perú deberemos recordar, en corto tiempo, cómo gestionar el riesgo en momentos de fuerte inestabilidad política.
Y para prevenir que éste devenga en sistémico con proyección de futuro, quizás sea necesario rebajar las vallas para la repetición de elecciones cuando los ganadores no superan niveles mínimos de aprobación ciudadana en primera vuelta (que deberían establecerse) y carezcan, además, de la legitimidad suficiente.
