En un contexto económico como el actual, América Latina debiera ser un centro productor de progreso, de redefinición ventajosa de su inserción externa y de integración cuyos beneficios apuntaran a un mercado común fruto de políticas y principios convergentes.
Lo que en ella ocurre define, sin embargo, un cuadro de fuerzas divergentes, con un grupo de países optando abiertamente por el curso regresivo del estatismo populista y autoritario, estableciendo asociaciones extraregionales hostiles y antioccidentales y consolidando mecanismos de asociación sobre la base del crudo ejercicio del poder. La fuerza de esos vectores divergentes se intensifica al amparo de ideologías totalitarias que la gran mayoría creíamos haber superado.
Ese grupo de países tiene un líder incuestionable que, a la búsqueda de predominio regional y de desestabilizador posicionamiento internacional, ha decidido concentrar todo el poder en sus manos.
Como es evidente, éste es el caso de Hugo Chávez, que luego de haber diluido el contrapeso de poderes en Venezuela, ha logrado de un Congreso tan oficialista como uniforme la autorización legal para gobernar, sin fiscalización, durante año y medio redefiniendo a su gusto al Estado, la economía y las relaciones sociales de los ciudadanos que votaron por él (y también de los que se le oponen).
Para ello ha recurrido a instrumentos que, a juicio de sus adherentes, sólo pueden definirse como “clásicos”. En efecto, ellos prefieren entender que el ejercicio de la democracia directa (la que prescinde de partidos y de representaciones intermediarias) es tan antigua como la polis griega, que el eslogan “patria o muerte” sólo es un reflejo antropológico de la búsqueda de seguridad de las sociedades originarias y que la “ley habilitante” (la que le otorga todo el poder) es tan normal como el fast track norteamericano o el ejercicio que de ella hicieran gobernantes venezolanos tan convencionales como Jaime Lusinchi o Carlos Andrés Pérez.
Para evitar tan groseros encubrimientos, los partidarios del presidente Chávez podrían esgrimir mejor el principio de autodeterminación en su interpretación más absoluta y retrógrada. Estos es, aquélla que no reconoce que la democracia representativa es la forma de gobierno que los miembros del sistema interamericano decidieron proteger colectivamente en América, que no comparte el principio de división de poderes para evitar el autoritarismo y que no tiene afinidad con los principios liberales que dan fundamento a la repúblicas latinoamericanas como contrarias a los formatos totalitarios que el eslogan socialista “patria o muerte” encierra. Ello justificaría mejor la decisión de hacer abuso de la cesión circunstancial de poderes (la ley habilitante) para transformar, a voluntad del gobernante, el orden interno de un Estado.
Más aún cuando ésta permite que el presidente Chávez proceda a alterar, sin límites, el modelo económico, reformar las leyes tributarias y alterar la relación con la inversión extranjera. En lo social, el presidente podrá patrocinar mecanismos de control y participación social y replantear el orden ciudadano. En lo político el señor Chávez dictaminará a su criterio sobre el orden territorial, la seguridad interna, la defensa nacional, la infraestructura, la educación (incluyendo sus contenidos) y los servicios. Y en el ámbito constitucional podrá plantear, nuevamente, una reforma para convalidar, en olor de multitudes, la reelección indefinida que ratificará esta reverberación napoleónica antes que bolivariana.
Como es evidente, la amplitud de poderes que el presidente Chávez ha obtenido de su Congreso es cuasidictatorial aunque se presente bajo ropaje democrático. Los países de la región que han establecido la cláusula democrática como forma de convivencia no pueden volver a taparse lo ojos frente a esta realidad de vocación totalitaria que emerge en el norte de Suramérica.
Y menos cuando quien la dirige pretende establecer un polo de poder en la región luego de haber consolidado el poder interno y de nutrirse de la herencia ideológica del apabullante régimen castrista. En tanto ello requerirá la proyección y el control de una típica esfera de influencia (de la que Bolivia es el más fuerte escenario y a la que se han agregado, con menor decisión hasta ahora, Ecuador y Nicaragua), la reacción regional no puede seguir siendo la de la pasividad mostrada hasta ahora (especialmente por Brasil).
Menos si no deseamos encontrarnos, dentro de 18 meses, con la realidad de la expansión del totalitarismo en la región y con buena parte de Suramérica apoyando a potencias como Irán y otras entidades fundamentalistas que ciertamente no convocan convergentemente nuestros intereses. Si no deseamos ingresar a una relación de conflicto mayor en Suramérica agravado por fracturas ideológicas, la reacción de los estados liberales (que incluye a los socialdemócratas) frente al empuje incremental del autoritarismo venezolano y a su proyección externa debe ser explícita, clara, eficaz.
