17 de enero de 2023
La rebelión de las regiones del sur costará al Perú bastante más que la reducción del PBI esperado para este año, el deterioro adicional de la confianza de los agentes económicos y la tensión del sistema político. Los componentes identitarios (etnia, región y victimización), separatistas y antisistémicos de la crisis se sumarán a las tendencias a la fragmentación que evidencia el sistema internacional.
Para atenuar esos efectos el rol de las instituciones del Estado debió ser, en estas circunstancias, mejor que el que las entidades centrales desempeñaron en la reacción contra el golpe de Castillo. Pero, en este caso, las entidades encargadas de la prevención de conflictos han sido rebasadas reiterando su progresiva disfuncionalidad.
En el ámbito interno, la destrucción de las capacidades del servicio de inteligencia (perpetrada por Castillo) fue letal para lo que quedaba de cohesión nacional en el sur peruano. Su ausencia se ha reflejado en la falta de efectiva identificación de los organizadores de las movilizaciones y las correspondientes tareas de neutralización. Esta deficiencia se ha trasladado a las previsiones de analistas que tienden a ver en la dispersión de pequeñas responsabilidades de la rebelión la ausencia organizadores sustantivos.
Y en el ámbito externo, la incapacidad de los encargados de la política exterior para atajar a tiempo la injerencia externa ha sido clamorosa en esta oportunidad.
En el primer caso, llama la atención la insuficiente explicación estatal de lo ocurrido en el sur derivada de inadecuada inteligencia. Ésta es suplida hoy por encuestas privadas y la opinión correspondiente que puede reflejarse, eventualmente, en la disolución de las responsabilidades del caso en una masa de actores (44% de la población señala como “principales actores” a “grupos de ciudadanos” -IPE-; 21% justifica en el sur la toma de aeropuertos y la agresión a fuerzas del orden -MT-). El riesgo de esa apreciación es que termine definiendo el problema como un levantamiento popular espontáneo sin coordinación, planeamiento o liderazgo. Ello tiene costos altos.
Si en la revuelta han participado sindicatos reconocidos, autoridades regionales del mayor nivel, congresistas azuzadores, coordinadores de comunidades campesinas y agentes extranjeros cuyas identidades no son ignoradas, es evidente que la singularización de las responsabilidades mayores no sólo es posible sino ineludible. Ésta es esencial para logra un adecuado diagnóstico de la situación emergente, para definir los parámetros del uso legítimo de la fuerza y desarrollar negociaciones imprescindibles.
Ese diagnóstico específico debe tener en cuenta que la rebelión contó en sus inicio con proyecciones violentistas del gobierno castillista (al respecto, la alusión a “ríos de sangre” del ex -Primer Ministro Aníbal Torres es notable) en el marco del copamiento de las instituciones del Estado que devinieron en inoperativas y vulnerables a la acción destructiva.
Parte del diagnóstico no puede desligarse de la injerencia e infiltración de operativos bolivianos (entre otros). Señalemos tres hechos al respecto. P.e., la milicia aymara boliviana Ponchos Rojos (Omasuyos, ribera del Titicaca) acaba de reiterar su muy activo “apoyo moral” a los aymaras puneños al desmentir su eventual asistencia militar (municiones) a éstos. Esa filiación ha sido largamente anticipada por actividades ilegales de diplomáticos bolivianos detectadas hace más de una década. P.e. cuando el presidente Humala acaba de asumir, el Embajador de ese país en el Perú con sus colegas de Venezuela y Cuba recomendaba públicamente, en la Sierra central del Perú, el cambio del orden interno a través de acciones que implicaban la verdadera toma del poder porque llegar al gobierno era insuficiente.
Y si la siembra de la semilla insurreccional por Evo Morales (el presidente boliviano del momento) pudo empezar antes, ésta prosiguió tanto con la organización de Runasur como por la conexión del narcotráfico entre el Chapara boliviano (cuyo sindicato cocalero preside Morales) y el VRAEM.
Sin embargo, la reacción de los encargados de nuestra política exterior no apuntó a la cauterización de esos impulsos sino a su contención probablemente impulsados por la necesidad, anacrónica o fundada, de no entregar a Chile una alianza con Bolivia.
El resultado es lamentable. Hoy en Puno se acepta que la extraordinaria porosidad del altiplano peruano-boliviano consolide la transnacionalización de parte de la población y que la plurinacionalidad sea un leit motiv de un nuevo nacionalismo étnico confrontado con la República. Una artesanal embajadora peruana vinculada a Perú Libre destacada en Bolivia con la bendición de un canciller-diplomático tienen mucho que explicar al respecto.
Hoy, cuando los nacionalismos tradicionales generan guerras expansivas, confrontación entre grandes potencias y nuevas guerras comerciales, la displicencia en la prevención de la rebelión del sur es un salto al pasado que consumirá energía y recursos escasos que el Perú necesita para su futuro.
