2 de abril de 2023
Al retirar de manera definitiva al embajador del Perú en Colombia (después de acciones similares con México y Honduras), Perú da muestras, a gran costo, de firmeza diplomática en defensa del principio de no intervención. Tal decisión fue precedida por el término de las funciones de la embajadora política en Bolivia.
Siendo la no intervención, a pesar de su flexibilización contemporánea, uno de los principios en que se sostiene la relación entre los estados, es evidente que su defensa implica algo más que la complicación de la política exterior peruana. Ahora el orden regional está en riesgo con el Perú en el centro.
Teniendo en cuenta que el retiro de embajadores es una medida que, mal conducida, puede llevar al rompimiento de relaciones, es necesario que los gobiernos que vulneran el principio de no intervención tomen nota de su irresponsabilidad y ejerzan control sobre la incontinencia ideológica que la motiva.
Éste es el caso especialmente de México y Colombia, cuyos gobiernos se esmeran en desconocer la realidad del golpe de Estado perpetrado por Castillo y actúan, por razones doctrinarias internas y externas, sin medir los resultados.
Si tal interés implica el falseamiento de la verdad y la “construcción” de percepciones y “realidades virtuales”, la relación bilateral con esos países están ingresando en el peligroso camino de la “realidad alternativa” incompatible con relaciones políticas y de seguridad responsables en escenarios marcados por el conflicto narcoterrorista.
Ello impacta, además, en las formas de organización interestatal en el área y, por tanto, a sus instituciones. El caso más evidente es la afectación de la Alianza del Pacífico.
Ésta, establecida en 2012 entre cuatro países del Pacífico latinoamericano con una similar visión política y económica del mundo, debía superar, con flexibilidad, los obstáculos de la integración tradicional. La proyección ribereña hemisférica sobre el nuevo centro oceánico de la actividad económica era uno de sus activos geopolíticos.
La extraordinaria expectativa global que despertó ese nuevo esquema de integración se evidenció en la convocatoria multirregional de 61 estados observadores, el inicio eventual de negociaciones para el acceso de Ecuador y de Corea del Sur como estados asociados, la postulación de Australia, Canadá y Nueva Zelandia para el logro de similar status y la suscripción de un acuerdo de libre comercio con Signapur que, una vez, perfeccionado, facilitaría también su acceso.
Aunque hoy corresponda al Perú la presidencia por témpore de la Alianza, la agenda sobre incremento del menguado comercio intrarregional, innovación, digitalización, sostenibilidad y pymes está estancada por falta de consenso que ni Colombia ni México desean restablecer. Al hacerlo arriesgan el orden económico en el Pacífico latinoamericano y el que deriva de la aproximación de los múltiples países señalados.
El Consejo Empresarial de la Alianza debe contribuir a superar este momento.
