Sobre la Crisis Nacional

Antes que una crisis de gobernabilidad -que la hay-, el Perú padece un serio problema institucional y de carácter nacional que pone en cuestión su organización estatal. En efecto, la morosidad del Poder Judicial en la lucha contra la corrupción, la desconfianza en el Poder Legislativo (cuya aprobación apenas asciende al 9%), la falta de credibilidad en el Ejecutivo (cuya aprobación es de 8%) y la erosión de la disciplina en la Fuerza Armada (de cuyas filas emergen subversivos en armas como los Humala) no es diagnóstico suficiente para explicar la magnitud del problema. Si pudiéramos marginar por un momento la insuficiencia económica, ahora es la actitud general de la sociedad en relación a su organización política la que parece seriamente afectada. La influencia de este síndrome sobre el Estado es extremadamente grave. Para demostrarlo, allí está la proliferación de civiles de oscuro origen con acceso a las más altas esferas del poder y a los medios que intrigan, con impunidad, a través de "testimonios" y videos contra la autoridad, los "políticos" y ciudadanos cualquiera de alguna influencia. Su impacto en la opinión pública y la reacción de ésta compone el problema expresado ahora en solicitudes de vacancia presidencial o descalificación de organizaciones políticas al margen de las solvencia de las imputaciones. El resultado es el incremento de la desconfianza, la mayor descomposición de las organizaciones y la descohesión nacional. En el gran marco de análisis, puede decirse que la causa mediata de este proceso es directamente proporcional a la pérdida progresiva de soberanía interna generada por la aceleración del proceso de trasnacionalización contemporáneo. La causa inmediata sin embargo, aunque anteceda a Fujimori, está en ese gobierno que hizo del proceso desinstitucionalizador una política de largo plazo. Con la excusa de la reforma del Estado y de la economía, que justificó cualquier cosa, Fujimori enarboló la denigración de los partidos políticos, de las "cúpulas" y la cooptación total del aparato estatal como programa de gestión pública. Muchos creyeron que se estaba efectivamente "desatando nudos" que trababan la movilidad social sin percibir que el pacto cívico-militar estaba en realidad tejiendo un nuevo nudo esatal. Pervertidas las instituciones básicas y liberada la ambición individual sin importar su calidad moral o intelectual, el acceso al poder se hizo posible por cualquier vía. La cúpula civico-militar confrontó la amenaza terrorista, es cierto, pero al mismo tiempo desarmó al Estado hasta el punto de que su representante máximo, en acto de traición inédita, se llevó la Presidencia a Japón para, una vez subodinado a soberanía extranjera, proceder a la "renuncia" salvadora. Antes de arribar a ese desenlace desarticulador, el Estado, incapaz de gobernar normalmente, convocó a terceros para realizar tareas legítimas o perversas en el ámbito de seguridad. Entre las primeras estuvieron las desempeñadas por las rondas campesinas. Una vez culminada la lucha antiterrorista, la preocupación general fue el eventual descontrol de estas rondas armadas. Mientras esa preocupación cundía en los medios de prensa, se distrajo la atención del rol de civiles comunes que, luego de acceder a las múltiples ramificaciones de los servicios de inteligencia, se corrompieron con el contacto y procedieron luego a vender el mal habido botín de sus patrones. Videos e información "de adentro" se ofreció a no pocos medios por más o menos reales. Ésta fue propalada con más o menos responsabilidad al amparo del efecto de salud pública que produjo el video original que mostró la corrupción de tránsfugas políticos que estimuló, a su vez, la movilización contra Fujimori. Pero años después, estos negociantes siguen colocando información, los medios publicándola con crudeza mientras los políticos "investigan" sin resultados y la autoridad, debilitada por sus propios actos, muestra la extraordinaria vulnerabilidad a las imputaciones que las encuestas cuantifican. En este ambiente de pérdida general de disciplina ciudadana, se explica que de la institución en la que la disciplina es el valor fundamental -la Fuerza Armada- surjan acores mesiánicos como los Humala (y que la rebelión de Andahuaylas sea apreciada por alrededor de 30% de la población según encuesta de la Universidad de Lima). La afectación del carácter nacional resultante se expresa en pérdida de confianza, deterioro de la cohesión nacional y cotidiana falta de respeto a la autoridad. Ello tiene consecuencias nefastas para la política exterior. En efecto, la proyección del deterioro interno en nuestra representación externa no puede ser adecuadamente procesada, por quienes, al margen de sus capacidades, ejercen esa representación. Una política de prestigio, típica de los países débiles, no puede ser llevada a cabo bajo estas circunstancias. En segundo lugar, nuestra capacidad negociadora se ve fuertemente afectada. Por ejemplo -y al margen de los que se piense sobre el TLC con Estados Unidos-, el hecho es que a esa negociación los representantes peruanos no concurren en la mejor posición, arriesgan su normal desempeño mientras aparece el peligro de la neutralización de los resultados políticos de la misma (la vinculación contractual con la primera potencia). Finalmente, nuestra capacidad de gestión se minimiza al punto que, en un escenario subregional signado por la crisis como el andino, la presidencia del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que corresponde hoy al Perú probablemente será ejercida con limitaciones. Ello implica, por ejemplo, que los buenos oficios ofrecidos para resolver la crisis colombo-venezolana eventualmente no tengan toda la influencia que debiera o que sufra inhibiciones si intentara, en otro ámbito, contribuir a atenuar la crisis boliviana. Si para corregir este grave daño al interés nacional, el Estado debe fortalecerse institucionalmente, el carácter nacional debe también recomponerse. El esfuerzo colectivo es aquí indispensable.