23 de Agosto de 2006
El reciente encuentro de los cancilleres de Perú y Chile para suscribir la ampliación del acuerdo complementación económica (ACE 38) fue organizado con el propósito de lograr un resultado mayor: Reposicionar el conjunto de la relación peruano-chilena en el más alto nivel.
Luego de las oscilaciones que esta compleja y sensible vinculación encontró durante el gobierno anterior y del bajo nivel en que se ubicaba hasta el 28 de julio, el gobierno del presidente García ha decidido otorgar nuevamente a la relación con Chile la prioridad que el presidente Toledo le concedió a principios de su gobierno.
Esta vez, sin embargo, esa prioridad se ha encuadrado en un proyecto estratégico del que antes careció: El afianzamiento de la debilitada Comunidad Andina (si Chile decide incorporarse a esa entidad como miembro asociado) y la organización de una suerte de asociación de los países latinoamericanos del Pacífico con miras a la articulación de éstos con el Asia.
Este esquema que corresponde en alguna medida también al interés chileno (que lo ha propuesto adicionalmente a Bolivia) y que, esperamos, pueda llevarse a cabo sin los problemas que presentan los grandes diseños, quizás pueda ser complementado con otro objetivo que asegure mejor cohesión regional. Éste debiera estar referido a lograr que la complementariedad de ambos países resulte en la articulación de en un polo de poder y desarrollo en el Pacífico sur suramericano que brinde estabilidad al conjunto continental y a su dimensión marítima. La referencia al respecto debiera ser la interdependencia lograda entre Argentina y Brasil y, en menor grado, la existente entre Venezuela y Colombia, en sus respectivos ámbitos. A estos efectos el reposicionamiento de la relación económica (el ACE 38 ampliado) y la dinamización, en el corto plazo, del conjunto del instrumental político (las reuniones de ministros y altas autoridades de los sectores de Relaciones Exteriores y Defensa y de las comisiones de fronteras, límites, cooperación técnica, contra estupefacientes, entre otras) debieran activarse en torno a un propósito adicional: el fortalecimiento de la relación peruano-chilena debiera ser el ancla de estabilidad de la relación de cada uno con Bolivia con el objetivo de evitar desequilibrios ulteriores derivados del justo reclamo marítimo de ese país.
Aunque este propósito no ha sido explícito, esperamos que éste se desarrolle y pueda activarse prontamente. Especialmente cuando la debilidad intrínseca del planteamiento relativo a que la controversia peruano-chilena sobre delimitación marítima “corra por cuerda separada” y una eventual consulta al Perú para la solución del reclamo boliviano a Chile sobre una salida al mar, pondrán a prueba la consistencia de la nueva relación. Ello dará la mejor medida de la capacidad de entendimiento peruano-chileno que hoy se replantea en términos sólo de una indispensable “agenda positiva”.
Al margen de ello, el ámbito de mayor fluidez sigue siendo el desarrollo de la relación económica bilateral que ha encontrado un piso comercial (US$ 1700 millones de intercambio el 2005) y financiero (US$ 4 mil millones de inversión chilena en el Perú aunque sólo US$ 50 millones de inversión peruana en Chile) pero no un techo que, felizmente, está aún por avistarse. A la consolidación de esa dimensión de interdependencia contribuye la ampliación del ACE 38 vigente desde 1998 y renegociado desde el 2005.
Sobre el particular debe decirse que este instrumento ya ha logrado una zona de libre comercio en la medida en que más del 80% de los intercambios están liberados cumpliendo con los requerimientos específicos del viejo GATT. Sin embargo, en tanto la OMC ha normado otros temas vinculados al comercio, aún se duda aún sobre la naturaleza del acuerdo (¿es o no un TLC?).
De allí que la ampliación y profundización del ACE haya contenido una variedad de capítulos (inversiones, servicios, políticas de competencia, cooperación laboral y migratoria, etc.) aunque sin haber tratado otros (compras estatales, p.e) que intentan ampliar el ámbito del acuerdo y despejar la duda sobre su naturaleza. Al respecto debe reiterarse que ese empeño se realiza teniendo como referencia innecesaria el suscrito con Estados Unidos y las disciplinas OMC cuando el existente es ya es un acuerdo de libre comercio clásico cuyo marco específico es regional (los acuerdos de complementación económica se contratan en el ámbito de los acuerdos parciales de la ALADI).
Por lo demás, para que este acuerdo realice sus objetivos implícitos (generar intereses económico complementarios) y confirme su buena disposición social (la aplicación de normas internacionales y de seguridad previsisional a los trabajadores migrantes), debe procurar reducir las asimetrías más visibles (los flujos financieros). Lo mismo debe ocurrir en el trato de seguridad. El redespliegue del instrumental diplomático debe contribuir a generar intereses compartidos pero corrigiendo un desequilibrio estratégico que hoy entorpece el desarrollo más expeditivo de las medidas de fomento de la confianza y de realización de operaciones compartidas de mantenimiento de la paz (caso Haití).
Con Chile queda mucho trecho por recorrer y grandes objetivos de interdependencia que cumplir. Por ahora se ha retomado el buen camino.
