26 de julio de 2023
En lo que va del año la política exterior peruana se ha caracterizado por el privilegio de la diplomacia declarativa y el seguimiento de procesos ya establecidos antes que por la gestión de intereses que orienten mejor al Estado en tiempos de inestabilidad sistémica.
La comprensible necesidad del gobierno de afianzar su legitimidad externa y, por tanto, su capacidad de interlocución ha prevalecido debido a la necesidad de recuperar “presencia” internacional. La suciedad esparcida por gobernantes latinoamericanos afines al golpista Castillo sobre espacios que debe ocupar el Perú requería un esfuerzo de limpieza importante, pero no con exclusividad.
En enero pasado, la Canciller Gervasi simplificó esta prioridad anunciando que su primera tarea sería la de restablecer la “imagen” externa. Esa opción de “poder blando” es esencial en diplomacia siempre que corresponda, de alguna manera, a los fundamentos internos y éstos no se “sobrevendan”.
Si bien el esfuerzo desplegado al respecto merece reconocimiento, no ocurre lo mismo con el déficit en generación de compromisos relevantes, interdependencia real y potenciación de influencia en nuestro ámbito.
Sobre el particular, debe recordarse que la Canciller definió como “principista” la política exterior pero el contenido de los intereses a patrocinar fue restringido. Ese enfoque, tan tradicional, sacrificó el pragmatismo enunciado. Y se engalanó en un lema: “el Perú está de regreso” al decir de Biden o Lula sobre sus propias realidades.
El lema pudo corresponder al rescate de la institucionalidad, pero escondió los fundamentos: la contracción de la economía, la pérdida de aceptación de la democracia, la insolvencia general de la administración pública (salvo islas de solvencia), la inseguridad.
Es decir, las bases internas de la proyección externa no han mejorado suficientemente ni la Cancillería ha hecho mucho para revertir esa realidad en lo que le toca. Por tanto, su capacidad de realización es poca y el minimalismo externo se ha impuesto a pesar del esfuerzo desplegado.
Así ha ocurrido con los vecinos con los que los índices de interdependencia se han restringido a mejorar la relación fronteriza. Anunciada esta acción por Cancillería ésta se ha limitado a la mejora de la infraestructura en un caso (Ecuador) inaugurando obras iniciadas por anteriores gobiernos, ordenar inicialmente el tráfico de migrantes ilegales con Chile y dar continuidad a las organizaciones multisectoriales que organizan la relación bilateral (de las que, sin embargo, no se ha reportado mayor actividad aún).
Pero nada se ha anunciado sobre logros concretos en la lucha contra el crimen organizado por el narcotráfico, el contrabando y la explotación ilegal de personas que pervierte las fronteras. Ello se expresa, en la presencia local de mafias trasnacionales de origen mexicano, venezolano o boliviano. El daño que éstas generan no es ciertamente compensado por avances en el ordenamiento de la migración ilegal venezolana (especialmente en la relación con Chile).
De otro lado, si nuestra política exterior no puede hacer nada para mitigar el desorden interno en cada uno de nuestros vecinos, sí puede prevenir su impacto en el Perú. Éste es el caso, por ejemplo, de la influencia iraní en Bolivia que de políticamente desmesurada ha devenido en estratégicamente peligrosa a través del aprovisionamiento de armas a ese país. Ello agrega riesgo a la indisposición del vecino a atajar la acción desestabilizadora de ese origen en el sur peruano. Mientras tanto, el Perú no cuenta allá con un embajador capaz.
Y en el escenario marítimo, Cancillería se felicita por la aprobación de un acuerdo de la OMC sobre subvenciones pesqueras ciertamente menos importante que la cuarentona morosidad en la aprobación de la Convención del Mar. Pero no reporta gestiones para atajar la pesca ilegal que realizan, tradicionalmente, flotas pesqueras chinas en el mar peruano. Como tampoco parece sensible a la parcelación estratégica de la cuenca del Pacífico por alianzas militares con impacto en lo que se podría denominar el Pacífico americano (donde, salvo por ejercicios navales con la marina norteamericana, no existe actividad organizadora hemisférica al margen de la acción técnica subregional de la CPPS).
Si en vitales ámbitos del dominio físico del Estado no hay acción, sí la hay, aunque exitistamente reportada, en torno a procesos como la presidencia pro témpore peruana de la CAN (que culmina prontamente) y de la Alianza del Pacífico (que debiendo ser automática, ha devenido en un tortuoso procedimiento que ha incluido la intermediación chilena). Si ambos procesos de integración están afectados políticamente por el fuerte disenso de sus miembros, lo elemental de la integración, como es el comercio interregional, debería haber merecido la máxima promoción dado el minúsculo nivel alcanzado en más de medio siglo de existencia. En lugar de ello, se ha anunciado una nueva “reingeniería” de la CAN.
En el ámbito regional Cancillería tiene un amplio horizonte de acción: a la luz de la fragmentación andina, del Pacífico regional y de Suramérica, se espera de una diplomacia hábil el logro de alguna estabilidad que permita una adecuada interrelación “pragmática”. Pero al respecto se desconoce ese intento cohesionador, por lo menos en el escenario subregional.
En cambio, sí se ha progresado en otro proceso de gran importancia para la gobernabilidad y la inserción externa del Estado. Éste concierne al inicio de los procedimientos técnicos para la incorporación del Perú a la OCDE. Ese proceso será extraordinariamente complejo (adopción de normas y estándares de la entidad y realización de cambios estructurales en el Perú), de largo plazo y competitivo (la OCDE puede dar prioridad a otros candidatos) en un escenario de cambio de orden y, por tanto, de normas básicas de comportamiento de los estados. Sobre ello, la Cancillería no ha informado suficientemente considerando la reserva propia del emprendimiento.
Y en el ámbito extrarregional, Cancillería ha perdido la oportunidad de generar mayor interacción con la Unión Europea al anunciar localmente como visita de trabajo su participación en la cumbre CELAC-UE de Bruselas. Ello se reflejó en tres reveses. Primero, ni el Perú ni la subregión andina aparecen en los objetivos inmediatos del programa de inversiones de US$ 50 mil millones con que la UE emprende el “nuevo inicio” de su relación con América Latina. Segundo, no parece que la reunión haya sido aprovechada para plantear a la UE modificaciones a sus requerimientos unilaterales de admisión de exportaciones agropecuarias no tradicionales. Tercero, frente al involucramiento de los miembros de la UE en una guerra de gran impacto sistémico, no parece razonable la inhibición peruana de tomar posición en base a su propio compromiso en la ONU: la condena de la invasión rusa de Ucrania y el requerimiento de retiro de las fuerzas de ocupación. Ello no implica alineamiento sino congruencia con una mayoritaria posición multilateral. Sin rol qué desempeñar, la falta de pronunciamiento (que sí se expresa en conflictos menores) puede resultar en mayor irrelevancia internacional.
