31 de Julio de 2006
A la luz de la adscripción internacionalista del APRA, de un escenario de interdependencia determinante para la condición de vida nacional y de la significación de los viajes del presidente electo, la muy escasa referencia del presidente Alan García a la política exterior en el discurso de toma de posesión ha sido una decepcionante sorpresa.
Es verdad que esa omisión ha sido mitigada por la referencia prioritaria, aunque poco explícita, a la integración latinoamericana, suramericana y andina, por los importantes avances realizados para incrementar sustantivamente la relación con Chile y por las entrevistas mantenidas con otros presidentes visitantes (los casos de Colombia y Bolivia ciertamente no habrán sido rutinarios).
Y quizás porque el discurso tuvo una referencia fundamentalmente interna (reforma del Estado y austeridad, empleo y reforma social, seguridad ciudadana), la decisión de enriquecer una economía abierta, de obtener un rol de liderazgo económico regional, de lograr el grado de inversión, de proteger las 200 millas (en lamentable alusión a la no adscripción a la Convención del Mar) y de destacar la importancia labor consular, fue menos enfatizada que la referencia al Servicio Diplomático en el capítulo de austeridad (recortes de 50% en sueldos en el exterior y de 25% en gastos de representación).
Por lo demás, teniendo en cuenta que el resumen del plan de gobierno del APRA no es demasiado explícito en asuntos externos (Brasil, vecinos, integración regional, TLC con Estados Unidos, UE, OMC, APEC, Antártida) era importante una indicación más concreta de la visión del Jefe de Estado de la relación del Perú con el mundo y de lo que se propone hacer al respecto al principio de su gobierno.
¿Se puede concluir de esta desaprensión que la política exterior tendrá una menor importancia en la gestión del Presidente García? Si el discurso es una indicación de prioridades, preocupaciones y de parámetros, la respuesta es obviamente afirmativa. Pero la dimensión inercial de lo dejado de lado y la realidad contextual del Perú cambiará, felizmente, esa respuesta hacia el lado negativo.
En cualquier caso, la coexistencia entre la omisión discursiva y los requerimientos externos del Estado es indicativa de un primer gesto de imprudencia presidencial que esperamos sea revertido a la brevedad. El deterioro de la integración regional, del multilateralismo internacional y de los términos de seguridad del contexto global así lo exigen.
En cualquier caso, ese cambio ha empezado a producirse parcialmente en el ámbito bilateral con la manifestación de voluntad de los gobiernos de Perú y Chile de impulsar la relación entre los dos países (el nivel de la misma se había reducido en el último tramo del gobierno del presidente Toledo). Ello, no obstante, la dimensión de la delegación chilena a la transmisión de mando (que incluyó, además de la Presidente Bachelet y del Canciller Foxley, a los presidentes de los principales partidos políticos del vecino) y el nivel de la visita (una visita de Estado) han sido los mayores signos de esa decisión. El gobierno peruano no ha dicho mucho al respecto aún.
Este ejemplo pone en evidencia la importancia que las relaciones bilaterales tendrán bajo la presidencia del Dr. García más allá de lo hasta ahora admitido. Esta vía de relación no sólo deberá intensificarse por razones propias de su naturaleza sino de manera compensatoria a la crisis de la integración regional y del multilateralismo global. Los alineamientos controversiales que está induciendo Venezuela en Suramérica y el Caribe agregan para el Perú una dimensión de urgencia al buen uso este instrumento. Por lo demás, debe recordarse que si, la importancia de las relaciones bilaterales regionales se incrementó en el Perú durante la década pasada como resultado de la reversión de los escenarios de conflicto y de los deseos de buena vecindad (aunque fuera mal instrumentada por los defectos de su múltiple calificación –p.e. la proliferación de “relaciones especiales”, “estratégicas” o de integración “profunda”), hoy ésta debe medirse por la alteración de su balance (la dimensión específica de las referencias estatales principales han sido alteradas en el ámbito regional y vecinal).
A ello ha contribuido el fuerte cuestionamiento colectivo de regímenes regionales (el incumplimiento de los principios de solidaridad democrática y la reducción de la convergencia económica), la redefinición de la viabilidad, orientación y organización de ciertos Estados (Bolivia y, potencialmente, otros), la emergencia de la fricción donde había complementación (muy notorio en el Cono Sur) y el comportamiento hostil venezolano y su despliegue promotor de asociaciones antisistémicas incorporadas a la región.
Como resultado de ello el requerimiento del buen manejo por el Estado de estas innovaciones ha aumentado. En tanto ello requiere de un mayor rol y status del Estado, el instrumento bilateral adquirirá una mayor visibilidad e importancia estratégica. .Ésta no podrá eludirse bajo la presión de la ideología integracionista del partido de gobierno.
Y menos cuando la fragmentación suramericana pasa por el reperfilamiento de la definición de la relación de los socios regionales con Occidente y Estados Unidos. Ello acarrea no sólo un signo de identidad sino que define el tipo de inserción. En la medida en que ésta sea disonante entre los socios, la transmisión de seguridad o vulnerabilidad dependiente de ese tipo de filiación se incrementará. En lo que respecta al Perú, la transmisión de vulnerabilidad a un escenario que, como el latinoamericano, es hasta ahora el más seguro del mundo, aumentará impulsado por la creciente influencia venezolana. Bajo estas circunstancias parece inadecuado que al principio de un nuevo gobierno su titular pondere sólo la vocación integracionista. Y más cuando la integración está en cuestión. Al respecto debe recordarse que la crisis de la CAN no ha sido detonada sólo por el coactivo retiro venezolano ni será saneada por la eventual asociación chilena. Y que la del Mercosur tampoco será aliviada mediante medios tradicionales cuando esa agrupación acaba de incorporar a un socio desestabilizador.
Por lo demás, reclamar para la integración bajo estas circunstancias una dimensión política y social sin haber establecido bien la dimensión infraestructural y de mercado es un evidente apresuramiento que debe evitarse (sobre los riesgos del voluntarismo y del apresuramiento, el ejemplo de la Comunidad Suramericana de Naciones es bastante explícito). En consecuencia, el Presidente García no debiera apostar retóricamente a la integración sin reconocer su realidad y sin contar con medios para cambiarla. A este respecto se necesitará más bien un reacomodo de socios que compartan principios, instituciones e intereses coincidentes antes que declaraciones. Entre ellos debe estar la redefinición de la idea de “bloque” como requisito para enfrentar los problemas de la globalización. En Suramérica hoy el “bloque” no sólo no existe sino que la premisa sobre la que descansa –la noción de “fortaleza”- es incompatible con el ejercicio del principio de regionalismo abierto que países como Perú, Chile, Colombia y Ecuador ya han puesto en práctica con intensidad mayor que Venezuela, Bolivia y los países del Mercosur (la adhesión a ese principio por los países chicos en esa agrupación es inhibida por los países grandes). Finalmente, una política exterior peruana sin una explícita preocupación multilateral cuando el Estado es miembros no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, es absolutamente contraproducente. Si esa membresía acarrea responsabilidades globales, el Presidente debe poder identificarlas y atenderlas como prioritarias. Más aún cuando la crisis del sistema multilateral ha sido recordada por el Secretario General de la ONU a propósito del peligrosísimo conflicto del Medio Oriente y cuando la erosión del régimen multilateral de comercio está en alerta roja según el testimonio de su más alta autoridad –el Director General de la OMC- a la luz del fracaso de la Ronda Doha.
Aunque el multilateralismo global es relativamente reciente, constituye una fuente de poder tradicional para la política exterior peruana que ningún gobierno puede desatender. El discurso del Presidente García ha sido preocupantemente silencioso al respecto. Esa omisión debe ser corregida de inmediato.
