El reconocimiento de Estados y de gobiernos es un capítulo clásico del Derecho Internacional Público. Sin embargo, la decisión del Perú, Colombia y Costa Rica de reconocer al futuro gobierno hondureño luego de expresar conformidad con el proceso electoral en ese país y la disposición en contrario de los integrantes del MERCOSUR, obedece mucho más a razones políticas que jurídicas.
En este caso la renuencia del MERCOSUR se apega al requerimiento de restitución de Manuel Zelaya en el marco del acuerdo Tegucigalpa-San José y a la decisión de la Asamblea General de la OEA de suspender la participación de Honduras en el sistema interamericano en aplicación de la Carta Democrática.
Lo que esa posición no recoge es el hecho de que el artífice costarricense del acuerdo Tegucigalpa-San José ha expresado, a través de su presidente, aprobación del proceso electoral hondureño y disposición a encontrar una forma sensata de extraer a Honduras de la grave crisis política generada por el irresponsable conducta de Zelaya y por el golpe sui generis que lo sacó del poder.
La decisión de los miembros del MERCOSUR tampoco presta atención a la forma extraordinariamente expeditiva con que la Asamblea General de la OEA aplicó la sanción máxima (la separación de Honduras) de un ilegitimado régimen de protección colectiva de la democracia representativa en el hemisferio.
En efecto, si la Carta Democrática ha adquirido la precariedad que hoy lamentablemente ostenta se debe a la conducta de gobiernos como el venezolano que han instrumentalizado la consulta popular para encubrir crecientes formas de autoritarismo, consolidar la quiebra del Estado de Derecho y fortalecer el expansionismo de su peculiar alianza (el ALBA). La indisposición del MERCOSUR a considerar esa realidad ha llegado al punto de permitir que Venezuela (cuya pertenencia a esa organización no ha sido aprobada aún por el Congreso brasileño) haya sido uno de los factores determinantes de su obstaculizadora decisión. En ese escenario, la negativa mercosureña a considerar el hecho de que Zelaya incorporara a Honduras al ALBA contra el mandato recibido en las urnas ha sido clamorosa.
Como lo ha sido también la intromisión brasileña en Honduras contrariando los principios de la política exterior de la potencia emergente. En efecto Brasil no sólo ha brindado apoyo incondicional a Zelaya sino que ha facilitado a éste el uso de su Embajada en Tegucigalpa como tribuna política sin importarle la opinión del Congreso ni del Poder Judicial hondureños.
Aunque hoy Brasil promueve la salida de Zelaya a México, el hecho es que ha dado muestra de dos innovaciones políticas: el sobredimensionamiento del componente ideológico en su comportamiento externo (que explica también su fuerte relación con Venezuela y Bolivia) y la materialización de la percepción de que Centroamérica es todavía un escenario de confrontación con Estados Unidos.
Que esa región sea una zona de influencia norteamericana no está en discusión. Pero que Brasil pretenda activar un conflicto en ella borrando de su registro hechos que podrían haber inhibido o matizado la fricción (p.e. la violentación del mandato democrático del ex -gobernante hondureño) sí es novedad. Ello implica que, aún en ausencia de conflictividad extra-regional, Brasil considera que le puede ser estratégicamente conveniente promover una contienda geopolítica con la primera potencia en el ámbito puramente intra –regional (como, en otro escenario, antes ocurrió de manera sui generis con el ALCA).
Teniendo en cuenta que Estados Unidos no ha tenido en Honduras un comportamiento mutlilateralmente disonante (esa potencia acompañó el voto de suspensión de la participación de Honduras en la OEA) ni un disposición bilateral agresiva en aquél país, la conducta brasileña se ha mostrado, por contraste, especialmente intrusiva. Si ello es muestra de su creciente poder e influencia como potencia emergente, el instrumento elegido no es el mejor: éste muestra más la inclinación política del gobierno en funciones que el buen cálculo del Estado brasileño (que podría ser pronto dirigido por la oposición).
Por lo demás, esta situación tiende a incrementar la fragmentación política regional, a alinear a Brasil con un grupo de países y a mostrarse distante de otros sin hacer favor alguno a la recuperación de la democracia representativa en el área. En este contexto, se incrementa el valor del arco del Pacífico latinoamericano como elemento articulador de Suramérica con Centroamérica y, por ende como cohesionador hemisférico.
