En carrera diplomática, quizás más veloz que una sui generis carrera armamentista en Suramérica, el UNASUR acaba de incorporar a su agenda los proyectos peruano, chileno y ecuatoriano, sobre distintos aspectos de seguridad convencional.
Si es bueno que los integrantes de esa organización se preocupen por lo que perciben como un eventual desborde de aprovisionamiento militar, sería mejor que la publicidad de las correspondientes iniciativas coincidieran con la de sus contenidos básicos. De lo contrario el contraste entre el anuncio mediático y la opacidad de las propuestas insinuará más interés en organizar una agenda que en solucionar el problema que se denuncia.
Ese contraste explica también la aparente heterogeneidad de enfoques sobre la materia: un tratado de paz y seguridad (Perú), la institucionalización de un “arquitectura” regional (Chile) y un código de conducta al respecto (Ecuador). Esta divergencia entre aproximaciones normativas, estructurales y de procedimientos muestra tanto la ausencia de un diagnóstico adecuado de la problemática que se desea regular como la diversidad de objetivos, intereses y percepciones en juego. Si esta situación evidencia improvisación en un ámbito que concierne a la supervivencia de los Estados, es recomendable hacer una pausa al respecto. Especialmente si uno de los gestores de ese régimen –el Perú- no cuenta con las capacidades elementales para satisfacer sus necesidades de defensa ni puede contribuir con suficiencia material a generar estabilidad y balance regionales o seguridad colectiva.
El empeño en cubrir esa realidad con un manto jurídico puede ser imprudente. En efecto, de poco servirá un acuerdo de paz cuando el que lo propone no tiene cómo sustentarlo, el desarme no generará seguridad si la iniciativa proviene del militarmente débil y la seguridad colectiva será un espejismo si los que la suscriben no tienen cohesión suficiente y no perciben una amenaza común.
Y si la paz en la región se define como ausencia de conflicto interestatal debido al impedimento contextual, poco se ganará con un acuerdo declarativo cuando hay Estados cuyo compartimiento, lenguaje y predisposición es sistemáticamente beligerante. Y si el desarme o la reducción del gasto se proponen para otros en tanto el proponente no puede cumplir con su núcleo básico, el régimen resultante será disfuncional.
Por lo demás, será difícil proceder a un nuevo régimen de seguridad colectiva cuando la fuente de la amenaza vital para uno (las FARC por ejemplo) puede ser socio político de otro, si la adquisición de capacidades nucleares es indispensable para una potencia emergente (que ha sucrito un tratado de proscripción al respecto) o si un Estado desarrolla capacidades de interoperabilidad con fuerzas extrarregionales inalcanzables para el vecino.
Frente a este conjunto de asimetrías y disfuncionalidades lo prudente es desarrollar primero nuestras propias capacidades, asociarnos con quienes comparten nuestros problemas y principios, mejorar nuestras destrezas en operaciones conjuntas, activar los compromisos adoptados (como la medición estandarizada del gasto militar) y no fraccionar más el sistema hemisférico.
En este contexto las medidas de fomento de la confianza, confrontación de amenazas transnacionales y diálogo hemisférico sobre la materia consideradas por UNASUR son más sensatas que el hiperactivismo diplomático en seguridad convencional.
