La reciente reunión del G-7 (ministros de Economía y Finanzas y directores de bancos centrales) realizada en Roma ha tenido la virtud de confirmar la consecuencia de sus miembros con los lineamientos establecidos por el G-20 en noviembre del año pasado. Ello ha sido importante para la legitimación colectiva de las políticas monetarias y fiscales expansivas adoptadas para afrontar la crisis global y para reiterar el compromiso con el libre comercio ahora fuertemente flanqueado por la realidad del proteccionismo emergente.
Sin embargo, luego de tres meses desde la reunión del G-20 y a casi un mes de registrados cambios fundamentales en los actores del grupo y en el sistema (el inicio de la presidencia de Barack Obama y la adopción general de programas de recuperación económica y de estabilidad financiera), el G-7 no ha mostrado puntos de inflexión ni aceleración de medidas en el curso elegido. Pero, especialmente, no ha avanzado como debiera en la coordinación eficiente de políticas.
En lugar de ello, el progreso en la coordinación ha sido más bien inhibido al enfatizarse el carácter nacional de las respuestas a la crisis (aunque en el marco de principios y criterios compartidos). Si la confianza entre los gobernantes del Grupo es inversamente proporcional a la que carecen los mercados, aquella virtud debiera ser mejor proyectada sobre éstos a través de una más evidente gestión colectiva. Y ello no está ocurriendo como debiera. En efecto, hasta ahora la comunidad internacional no ha recibido señales que indiquen el nivel de interacción reactivadora de las medidas adoptadas (el efecto multiplicador colectivo es hoy un variable desconocida) mientras que el diagnóstico público del camino recorrido y el anuncio de los objetivos correspondientes no se ha producido como debiera. Saber que las principales economías están convencidas de la necesidad de estabilidad económica y financiera global ciertamente no es suficiente.
Ello es especialmente llamativo si los Estados en cuestión ya han comprometido lo que inicialmente podían para la reactivación de sus respectivos mercados. Como consecuencia hoy se espera la evidencia de un esfuerzo conjunto en el apalancamiento de recursos, la facilitación de crédito interbancario que se vuelque al sector privado, la evaluación conjunta de las fuentes generadoras de liquidez (incluyendo la de sus riesgos), el “estímulo” conjunto a que la banca privada flexibilce el acceso a los recursos y, especialmente, la organización de grupos de tareas que aseguren que la próxima reunión del G-20 en abril no será un certificador adicional de medidas meramente nacionales.
De otro lado, si bien el G-7 se ha referido tangencialmente a las reformas del sistema financiero para restablecer el orden, éstas han apuntado más al FMI que a otras entidades. Y si, como anticipamos, la reunión del G-20 no va a fundar un nuevo orden económico internacional sino que procurará estabilidad y corrección para el actual mejorando las normas que lo gobiernan con la participación de las economías emergentes, el G-7 podría estar adelantando sus labores al respecto. Sin embargo, el Grupo no parece estar procediendo públicamente en ese sentido.
Es más, esta aparente merma de atención complica la legitimidad de la organización cuando resulta totalmente inconveniente que ésta se siga reuniendo sin invitar a China, India, Brasil y Rusia. Especialmente si la representación que el Grupo congrega es harto distante a la de 1976 cuando se fundó y si los actores principales de la crisis con la que debe lidiar no sólo no son los de aquella época sino que algunos de sus miembros de número son hoy economías relativamente menores.
Por lo demás, si el G-7 desea credibilidad práctica, bien haría en fijar fecha y/o condiciones para la reanudación de la Ronda Doha en lugar de seguir rindiendo honores verbales al libre comercio. Así mismo, los países en desarrollo agradecerían, con mayor convergencia política, un mayor esfuerzo del Grupo para señalar la ruta por la que transitaría el retorno de los flujos financieros a estos mercados.
Estas indicaciones deberían ser exigidas por el G-20 (que, quizás, debiera ser depurado) al G-7 antes de cualquier otra nueva reunión de este último. Especialmente cuando el mensaje que emana de las declaraciones generales de este Grupo se parece, por su insuficiencia, a la imagen que presentan ciertos ministros de finanzas que, en cuestionable estado físico y mental, se presentan a conferencias de prensa que están organizadas para fomentar la confianza de la comunidad internacional y de los mercados.
