31 de Agosto de 2006
El Secretario Adjunto del Departamento de Estado norteamericano, Thomas Shannon, está convencido de que Cuba asiste a una transferencia del poder “en cámara lenta”. En ella sólo el pueblo cubano deberá determinar su futuro (1).
Este diagnóstico optimista presenta un matiz escénico, sin embargo: para que la transición ocurra con estabilidad Fidel Castro debiera jugar un rol de árbitro (y no porque hoy le quede sólo esa alternativa). El lado pesimista implícito en ese diagnóstico no deja de ser alarmante: si el dictador que ha confrontado a Estados Unidos y al sistema interamericano por medio siglo no desempeña ese rol mediador, la competencia por el poder en Cuba puede generar una situación de inestabilidad con indeseables consecuencias regionales según el señor Shannon (2).
Si ésta es la evaluación pública norteamericana sobre la situación cubana, la aspiración consiste en que la transición se oriente hacia la transformación democrática en la isla y a la reincorporación del Estado cubano al sistema hemisférico. Estados Unidos coadyuvará a ello no levantando el bloqueo (lo que sólo ocurrirá luego de que Cuba “se abra”) sino estimulando a la comunidad democrática internacional para que ésta persuada a los cubanos de los beneficios de asociarse a ella al tiempo de promover, en Cuba, un espacio de diálogo al respecto.
Lo primero que cabe decir sobre el particular es que la vieja aspiración a una apertura cubana tiene carácter cuasi-universal y no sólo norteamericano (Juan Pablo II la resumió en La Habana en una fórmula de “simple” planteo Vaticano: “que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba”). Su consenso, por tanto, ya es amplio.
Lo segundo es constatar que esta aspiración no debe confundirse con el diagnóstico si se tiene en cuenta la realidad cubana desde que la fuente de poder externo de Castro (la URSS) se derrumbara. En esa oportunidad el régimen castrista aparentó una incipiente flexibilización política e intentó una artificiosa y sectorial reforma económica sólo hasta encontrar un nueva ancla de sustento económico (Venezuela) y una mayor receptividad occidental (la Unión Europea mejoró el diálogo con Cuba y las organizaciones de integración latinoamericanas le brindaron voz y espacio).
Los resultados no han sido esperanzadores: Cuba fustigó a la UE cuando ésta vigorizó su posición sobre la promoción de los derechos humanos en la isla, Venezuela brindó asistencia energética y financiera vital para la supervivencia de la dictadura cubana (con la que desea compartir “legitimidad” ideológica primero para heredarla después), el Mercosur proporcionó a Castro populosa tribuna antisistémica en Argentina bajo el alero chavista y la organización de la Cumbre Iberoamericana siguió admitiendo que Castro suscribiera falsos compromisos democráticos a cambio de una inútil socialización política.
En otras palabras, ciertos Estado europeos y latinoamericanos antepusieron los sentimientos derivados de su anacrónica filiación ideológica (que hoy no pueden ejercer en sus respectivas jurisdicciones) por encima de los intereses de una creciente comunidad democrática internacional sin conseguir flexibilidad alguna de la dictadura cubana.
Y ahora Estados Unidos sigue, parcialmente, esa huella priorizando la persuasión y vigorizándola sobre cualquier otro instrumento para orientar lo que ha logrado coactivamente (aunque a gran costo) en otras regiones: el cambio de régimen.
Para que esa huella se transforme efectivamente en el camino adecuado es indispensable el apoyo de la comunidad democrática internacional, como lo reclama el Subsecretario Shannon. Pero como ello no está a la vista en el Mercosur, ni en la Cumbre Iberoamericana y tampoco en la OEA (el foro donde este marco transformador debiera lograrse), es preciso promover algo más que discusiones altruistas sobre el cambio democrático en Cuba sin llegar a la intervención coactiva abierta.
Un primer paso para ello, consiste en revisar los diagnósticos. ¿Estamos realmente ante el fin de un régimen totalitario? La referencia china es acá pertinente: no es improbable que Cuba cambie primero el régimen económico que el político. Para proceder en ese sentido cuenta con suficiente capacidad de gestión interna (Cuba ha instruido a dos generaciones de tecnócratas capaces de producir quizás un mejor gobierno que el castrista sin renunciar a la protección del Partido Comunista y de la Fuerza Armada) y apoyo externo (la que derivaría de la implementación de reformas económicas orientadas hacia la incorporación a la OMC aunque ésta fuera lejana). Al margen de que lo logren, el intento facilitará al régimen cubano mayor soporte internacional postergando la reforma política. Ello complicará fuertemente los intentos latinoamericanos de consolidar una comunidad democrática representativa hoy debilitada por la injerencia venezolana, su contenciosa filiación extraregional, su creciente influencia económica y la indisposición de ciertas potencias (p.e., Brasil y Argentina) a minimizar el rol político de Chávez. Un segundo paso consiste en relativizar la utilidad de ciertos instrumentos diplomáticos para lidiar con los denominados “conflictos intratables”: asegurar la supervivencia del enemigo fuerte mientras se le combate con el propósito de negociar posteriormente con él. Este es uno de los mecanismos que adoptó en el pasado Israel con determinados interlocutores (y que, probablemente, hoy sigue empleando con los costos del caso). Y puede ser también, en alguna variante, un instrumento norteamericano al reconocer inmatizadamente el rol de “árbitro” a Castro y al otorgar a Venezuela y China un rol potencialmente constructivo en la transformación democrática de la isla si esos Estados desearan adoptarlo (3). Para evitar que este recurso diplomático in extremis altere los débiles principios liberales de la mayoría de los Estados latinoamericanos, Occidente en su conjunto (Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina), antes que sus competidores, deben tomar la iniciativa para promover el cambio democrático en Cuba creando el contexto externo apropiado para ello. Esa responsabilidad corresponde principalmente a los Estados miembros de la OEA. Éstos deben asumirla.
