La lucha internacional contra las drogas avanza con lentitud según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU. Sin embargo, esa evaluación parece provenir más de la cantidad de países que han suscrito el régimen global (95% de los miembros de la ONU han suscrito alguno de los tratados de 1961, 1971, 1988) que de los países liberados de la devastación del tráfico y de sus consecuencias. Aunque ello ha ocurrido parcialmente en algún caso, los hechos siguen demostrando que allí donde la producción se ha arraigado, la situación ha empeorado (el caso de Afganistán es el más evidente al respecto).
Ciertamente estas apreciaciones generales contenidas en el último reporte de la JIFE no permiten obtener una conclusión sobre la situación estratégica de la lucha contra la amenaza de las drogas y del narcotráfico. En consecuencia, no se puede deducir de aquéllas, como algunos sostienen, que la lucha contra esa amenaza se está perdiendo. Si bien es cierto que no se está ganando como se debiera, algo se avanza. El progreso nacional y colectivo es, sin embargo, es demasiado lento y menor. Peor aún, ese margen de éxito podría perderse si la crisis económica sustrae recursos de la lucha en cantidades sustantivas.
El reporte de la JIFE prefiere no emitir juicios de valor al respecto limitándose a producir docenas de recomendaciones orientadas a la mayor participación y cooperación internacional en la lucha. Y, principalmente, produce un buen registro de situación cuyo valor, sin embargo, puede reducirse en tanto el documento publicado en febrero del 2009 se refiere al 2008 que a su vez describe la situación del 2007. Estas brechas de información no ayudan a mejor las condiciones de trabajo en la materia.
En todo caso, la JIFE sigue reportando a la subregión andina como el productor de coca y cocaína abrumadoramente dominante. Colombia registra el 55% del total de la producción, Perú el 29% y Bolivia 16%. Esta realidad está teñida de una perversidad adicional: si la erradicación de la coca ilegal ha aumentado 16% en el área, la producción ha crecido en 27% (a 181 mil has en el 2007).
A ello debe agregarse un misterio estadístico: si la producción aumenta frente a un crecimiento mayor de la erradicación ello supone la preexistencia de un stock de hoja considerable y/o un aumento de la productividad del cultivo. ¡Pero la JIFE sostiene que los rendimientos han caído y que ello compensa el incremento de la producción!.
Sin resolver esta incongruencia, la JIFE cuantifica la amenaza mayor: la subregión tiene un potencial de fabricación de cocaína de 994 toneladas (10 toneladas más que en el 2006).
Esta situación linda con la fantasía en Colombia: si bien los cultivos ilegales han aumentado 27% hasta llegar a 99 mil has., la erradicación ha bordeado las 220 mil has (67 mil por la vía manual y 153 mil por fumigación). Si esta correlación confirma la existencia de una producción histórica inmensa también mostraría una productividad mayor a pesar de que la coca fuera de menor calidad (el caso de los sembríos en las cercanías del Pacífico).
De otro lado, en el Perú la producción creció 4% hasta 53700 has. también a pesar del esfuerzo erradicador. Si aquí la medida de éxito es el largo plazo (a finales de la década de los 80 del siglo XX) los sembríos llegaban a 110 mil has., el hecho es que Perú tiene un potencial de fabricación de cocaína de 29% del total (4% más que en el 2006).
Esta amenaza a la seguridad nacional y colectivas es una oportunidad para las mafias que se han traslado al territorio peruano con una novedad: existe una extensión creciente de cultivos en la frontera con Bolivia que, además de la vinculación con Brasil, explica parcialmente la cadena del narcotráfico que opera en ambos países y se proyecta sobre la totalidad de la cuenca amazónica, la del Plata y trasciende hacia Europa.
Esta situación se agrava con la iniciativa de las autoridades de Puno que, en el 2008, declararon la coca patrimonio y símbolo de las culturas quechua y aymara.
Tal fenomenología se agrava con la existencia en Bolivia de 28900 has. de coca ilegal de las cuales 69% están en los Yungas (más cerca del Perú) y 30% en el Chapare. Aunque en Bolivia la erradicación en el 2007 aumentó importantemente, el problema general podría empeorar si el gobierno boliviano otorga al estudio de la situación de la coca que patrocina, un uso legalizador de la misma. Ese proceso ya ha empezado con la solicitud Bolivia de extracción de la coca de la lista 1 de la Convención de 1961.
Ese resultado eventual debe ser contrastado con la amenaza que el narcotráfico representa en Bolivia: la fabricación potencial de 104 toneladas de cocaína.
En momentos en que la crisis económica desviará recursos de la lucha contra las drogas, ese pasivo debe ser reemplazado por el incremento del esfuerzo nacional. En la subregión, sólo Colombia y Perú (más el primero que el segundo) parecen dispuestos a comprometerlo mientras que la ambigüedad boliviana y venezolana (cuya importancia como país tránsito ha crecido enormemente) contribuyen a incrementar la amenaza.
