Luego de que el Perú fuera electo por primera vez como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU hace casi 50 años (1955) y 20 años después de que lo fuera por última vez (1985), es posible que vuelva a serlo para el período 2006-2007.
En efecto, la candidatura de nuestro país a uno de los 10 sitios disponibles entre los 15 que conforman esa alta instancia mundial (5 son permanentes) ya ha sido oficialmente propuesta. Los países andinos han avalado esa candidatura. A ese respaldo se han sumado ya los miembros del CARICOM (los países del Caribe), una mayoría de centroamericanos, Sudáfrica y Rusia, entre otros. Salvo por algún grave imponderable (quizás interno), es muy probable que el Perú vuelva a ocupar uno de los dos sitios que normalmente corresponden a América Latina en el Consejo.
Aunque la membresía no permanente a este foro está ligada a factores de poder, lo está también a criterios de representatividad y de rotación. En lo que toca a América Latina, han formado parte del Consejo desde Brasil y México (los primeros latinoamericanos en 1946) hasta Bolivia y Honduras pasando por Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador.
De allí que el cargo implique tanto la responsabilidad de tomar decisiones que influyen de manera vinculante en la paz y seguridad internacionales como la representación de una región a la que sus países acuden para canalizar intereses y opiniones. Tamaño encargo requiere, en consecuencia, solvencia política y moral reconocidas especialmente durante el tiempo de su ejercicio. En tanto es ésta una responsabilidad de Estado, corresponde a todos los peruanos lograr para esa fecha cotas razonables de cohesión interna y de inserción externa que hoy nos son esquivas.
Especialmente si hacia el 2006 la ONU probablemente estará inmersa un proceso de reforma política e institucional y el escenario internacional se habrá complicado bastante. Si hoy ya el mundo superó la etapa de las expectativas más optimistas de la post-Guerra Fría dentro de dos años quizás se encuentre en una fase de transición aún más compleja que la presente.
Aunque el proceso de reforma institucional de la ONU está planteado desde hace más de una década, la ampliación del Consejo de Seguridad hacia el 2006 podría ingresar a una etapa operativa para la que, hasta hoy, carece de criterios universalmente aceptados. Es más, si el Consejo de Seguridad no es una entidad democrática ni uniforme –el estamento que conforman los cinco miembros permanentes con derecho a veto describe más bien una organización oligárquica que sigue reconociendo a los vencedores de la Segunda Guerra mundial- la incorporación de otros miembros permanentes con el propósito de volverlo más representativo no los hará menos jerárquico.
A la luz de la magnitud de poder que ostentan los nuevos candidatos, la jerarquía quizás estará mejor distribuida pero a costa de sofisticar la dimensión estamental del Consejo. Y lo será porque el Consejo pretende para sus miembros permanentes un status correspondiente a las potencias que pertenecen la estructura del sistema internacional (a diferencia de las que se ubican en su periferia). En efecto, nadie puede dudar de las calidades de gran potencia que ostentan Japón y Alemania aunque no lo sean en el ámbito militar (Japón, sin embargo, es el Estado que más gasta en seguridad después de Estados Unidos). Y aunque tampoco puede dudarse de la calidad de medianas potencias, potencias regionales o potencias emergentes con que se reconoce a la India y el Brasil en los ámbitos territorial, demográfico, tecnológico, económico y militar. Ese status quiere ser explícitamente reconocido.
Precisamente por ello, existe oposición a que estos candidatos sean los únicos. Pakistán no desea perder paridad frente a la India, ni Argentina o México frente al Brasil. Y por alguna razón, la candidatura alemana no tiene el pleno respaldo de todos sus pares europeos ni la japonesa de todos los asiáticos. Aunque nos encontremos en un sistema unipolar, la competencia por el reconocimiento del status de miembro permanente del Consejo de Seguridad implica una lucha por la redistribución del poder mundial. El Perú no podrá acceder a ese status, pero hacia el 2006 quizás le toque decidir sobre cómo proceden los demás para lograrlo.
Por lo demás, quizás hacia esa fecha los presagios multipolares de algunos adquieran alguna realidad tanto por el incremento del poder de ciertas potencias como por la erosión del actual sistema. Algunos indicadores, como la decisión de Rusia de fortalecerse y recuperar autoridad central, las reclamación de compensaciones polacas por los daños sufridos durante la Segunda Guerra Mundial, las dificultades alemanas para consolidar su unificación, la redefinición de los términos de la seguridad japonesa frente al incremento de la capacidad china, entre otras preocupaciones, ya indican ese huella. El Perú tendrá que contribuir con su voto cuando el reordenamiento del poder lo reclame.
Los mismo ocurrirá en el ámbito de la solución de conflictos cuya dimensión intraestatal quizás tenderá a incrementarse especialmente cuando la economía mundial, hacia el 2006, probablemente ingrese a un ciclo de bajo crecimiento. Y en ese contexto, quizás, también tendrá que decidir sobre los requerimientos de Estados y sociedades que la denominada “globalización” excluye profundizando el subdesarrollo y la pobreza aunque estos temas correspondan al ámbito de la Asamblea General.
Antes que festejar por adelantado, de aquí al 2006 la diplomacia peruana deberá fortalecerse para hacer frente a tamañas responsabilidades.
