3 de mayo de 2006
La nacionalización de los hidrocarburos bolivianos (la segunda reserva de gas en Suramérica) no ha sido un hecho de sorpresa sino un acto sorpresivo instrumentado por el decreto 28701 a través de un despliegue militar en el simbólico 1 de mayo.
En efecto, el “hecho” de la nacionalización, en tanto objetivo de un proceso manifiesto, era largamente esperado. Ese proceso empezó con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada el 2003 forzada por un movimiento de masas liderado principalmente por el sindicalista cocalero Evo Morales. Ese movimiento asumió como elemento articulador el reclamo en las calles por la disposición del Ejecutivo a tratar con un consorcio empresarial transnacional para exportar el gas boliviano a mercados norteamericanos a través de puertos chilenos.
La doble naturaleza nacionalista de la protesta –la reivindicación de la propiedad del recurso y de su futuro empleo para intentar negociar la solución del problema de la mediterraneidad- tuvo una intensa connotación emocional, política y estratégica que el Presidente Carlos Mesa canalizó a través de la convocatoria a un referéndum vinculante sobre la materia.
Dado que la ciudadanía boliviana votó a favor de que el Estado tuviera una presencia en toda la cadena productiva del gas natural y que éste sirviera de instrumento de negociación con Chile, el Presidente Mesa procedió luego a instrumentar una ley de hidrocarburos en cuyo controversial proceso el Congreso no se limitó a una función simplemente aprobatoria.
Posteriormente el candidato Morales forjó buena parte de su plataforma de campaña en la nacionalización del recurso. El “hecho nacionalizador” que hoy ocurre en Bolivia es la culminación nada sorpresiva de esta parte del proceso. Pero el “acto nacionalizador” sí ha causado sobresalto en tanto ha desbordado, de manera súbita, el cauce del proceso. Éste había querido encontrar un rumbo negociador con las empresas afectadas. Siendo las principales de carácter estatal o semisestatal (Petrobras, Repsol) el contacto había involucrado conversaciones con los gobiernos de origen. Y debido a que la nacionalización formaba parte de los objetivos explícitos del gobierno, el proceso de conformación de la norma esperaba un debate esclarecedor, abierto y colectivo.
Si embargo, el decreto 28701 fue promulgada de madrugada, procesado apenas por seis incógnitos funcionarios y ejecutado con participación de la Fuerza Armada la que, como en épocas pasadas, procedió a tomar posesión de 56 campos o puestos de hidrocraburos. De esta manera el Presidente Morales repitió el uso dual del poder que el congresista Morales empleó anteriormente como forma de presión: el uso simultáneo de la calle (es decir, de la fuerza) y de la ley para conseguir objetivos de máxima. El “acto nacionalizador” tuvo también un componente externo activo: el Presidente Morales procedió a la nacionalización inmediatamente después de haber consolidado una fuente de poder internacional incorporándose a un peculiar régimen comercial (el ALBA) conformado dominantemente por la alianza estratégica venezolano-cubana. Éste, instrumentado por un denominado tratado de cooperación de los pueblos, se pretende alternativo y opuesto a los que suscriben otros países de la región con Estados Unidos. Esta posición debe ser considerada a la luz de la aparente indisposición boliviana de adscribir al inicio de negociaciones de un acuerdo de asociación con la Unión Europea que sus socios –Perú, Colombia y Ecuador- sí promoverán a partir de este mes en Viena. Por lo demás, la indisposición boliviana tiene aún una racionalidad antioccidental: según el presidente Morales Occidente representa “la cultura de la muerte” (Oppenheimer).
Todo esto ocurre cuando Bolivia ha puesto en duda su membresía en la CAN. En tanto, además del debilitamiento adicional de la cohesión subregional, esa decisión consolida la quiebra del consenso andino sobre vinculación con el capital extranjero (que ya habían vulnerado Venezuela y Ecuador en el ámbito energético), es evidente que el clima para la inversión extranjera se deteriorará fuertemente en esta parte del mundo.
La afectación de países de economía abierta como Perú y Colombia podrá ser significativa porque, a pesar de que cada mercado tiene su especificidad, aún persiste en el inversionista la percepción del riesgo regional. Y éste se habrá incrementado en el área andina por la decisión boliviana.
Ésta tenderá a ser vista no sólo como excéntrica sino como irracional. En efecto, si la inmensa mayoría de la inversión en Bolivia es de origen extranjero (a diferencia de lo que ocurre en Perú, p.e) no se entiende bien de dónde piensa obtener ese Estado el capital necesario para acceder al capital necesario para emprender la industrialización comercialización del gas.
Si esta fuente fuera Venezuela (como parece evidente) entonces la liberación de fuerzas geopolíticas de fragmentación en la región sustitutivas de fuerzas de integración será una realidad. En efecto, liberada de compromisos de integración compleja, la asociación venezolano-boliviana intentará comandar el proceso de interconexión energética en el corazón suramericano.
Y ésta éste será inicialmente excluyente como lo demuestra la convocatoria de una cumbre entre Bolivia, Brasil y Argentina (como antes hubo una con Venezuela) para aclarar el nuevo tipo de relación dejando al margen a los países que no tienen poder de de demanda ni de oferta actual de energía.
La decisión boliviana tiene, por tanto, una dimensión regresiva de connotaciones estratégicas que se complementan con otra de dimensión interna: la revocatoria eventual de la reforma liberal en ese país. Ahora se ha procedido a retroceder sólo hasta 1995-1996 cuando se dio la “ley de capitalización” (o de privatizaciones). Más adelante podrá regresionar hasta 1985 aplicando la derogación de la ley que dio marcha a las reformas del Estado y de mercado iniciales. Como todo proceso de contrarreforma radical, éste querrá arraigarse proyectándose sobre los vecinos.
He allí los efectos potenciales del “hecho” y del “acto” de la nacionalización boliviana.
