4 de Agosto de 2006
Cuando en el 2001 la IV Reunión Ministerial de la OMC lanzó, en Doha (Qatar), la primera ronda de negociaciones comerciales multilaterales post-GATT, la expectativa internacional de mayor apertura comercial giraba en torno a la vinculación de otros ámbitos ligados al comercio y a la mejor distribución de beneficios colectivos. Para remarcar el segundo objetivo, la denominada Ronda del Desarrollo debía procurar incluir mejor a las economías menos favorecidas. En ese contexto, que intentaba probar a todos las ventajas de la globalización, el sector que progresivamente recibió la mayor atención fue el agrícola. La focalización no exclusiva sobre este sector se fue decantando luego de que los problemas de la caótica reunión de Cancún (2003) evidenciaran la complicación de avanzar en los “temas Singapur” (inversiones, competencia, contrataciones públicas y facilitación del comercio). Los países en desarrollo no veían con claridad en esos temas (que incluían variantes en el ámbito laboral y ambiental) ganancias suficientes que retribuyeran su gran esfuerzo de reforma. Sin embargo, dentro de las dificultades del proceso (que incluyeron sucesivas postergaciones de los plazos de culminación), se evidenciaron progresos marginales en las reuniones de Ginebra (2004) y de Hong Kong (2005).
La disposición a avanzar se estableció, por ejemplo, en grandes objetivos de corto plazo (liberación arancelaria y de cuotas de acceso a 97% de los productos de países en desarrollo más pobres además del establecimiento de un programa de asistencia al comercio -aid for trade-) y de largo plazo (ofertas de eliminación de los subsidios agrícolas hacia el 2013). Por lo demás, los incentivos de ganancias cuantitativas emergían de todos lados: la OCDE consideró que un recorte arancelario y de subsidios del orden del 50% podría generar US$ 44 mil millones al año en beneficios. De otro lado el Banco Mundial estimó que la liberación completa del comercio podía rendir US$ 287 mil millones de mayores ingresos hacia el 2015 (aunque concentrando 2/3 de los beneficios en los países desarrollados). Y alguna vez The Economist refirió un rango de ganancias anuales globales de entre US$ 300 mil y US$ 500 mil millones si la Ronda era plenamente exitosa.
Mientras ello ocurría, el consenso a favor de la globalización se incrementaba en las élites de los países en desarrollo (Pew, citada por BBC, encuentra ese cambio especialmente en África) a pesar de que la preferencia proteccionista no cedía en las ciudadanías de los países desarrollados (especialmente visible en el Congreso norteamericano y en la actitud antiglobal de parte de la población europea). Por lo demás los Jefes de Estado que participaron en la reciente cumbre del G8 realizada en julio en San Petersburgo se comprometieron a culminar la Ronda Doha en el 2006 de manera ambiciosa: recortes significativos de aranceles y subsidios agrícolas y generación sustantiva de flujos de comercio. Sin embargo, el 24 de julio pasado, los jefes de delegación de los principales interlocutores reunidos en Ginebra declararon la suspensión, sine die, de la Ronda. El fracaso en esta etapa fue reconocido por todos (incluyendo al Director General de la OMC, Pascal Lamy) mientras que las posibilidades de reanudación sólo se consideraron para cuando hubieran reales posibilidades de éxito (lo que no ocurrirá este año). Aunque nadie retiró las “ofertas” de apertura realizadas durante las negociaciones, el compromiso colectivo de concluir la Ronda el 2006 se quebró. Como consecuencia, la imputación de responsabilidades emergió de inmediato. El Director General Lamy, en un intento de objetividad, explicó que el desacuerdo sobre las “dos patas del triángulo” (reducción de aranceles y apoyos internos agrícolas) prevalecieron sobre la falta de progreso en otros temas (NAMAs o bienes no agrícolas). Estados Unidos se quejó, en cambio, de falta de flexibilidad de sus interlocutores (especialmente de la Unión Europea) para mejorar el acceso (reducción de tarifas) a cambio de su propuesta de reducción de subsidios (que bordearía el 60%) y de falta de ambición de los participantes (Estados Unidos no deseaba un “Doha lite”). La representación de la Unión Europea, a su vez, acusó directamente a Estados Unidos de carecer de la flexibilidad necesaria que indicase su disposición de llegar a un consenso de reducción de subsidios agrícolas al margen de las ofertas cuantitativas, de esperar compensación cuasiparitaria por sus “concesiones” y de sobredimensionar la “ambición” de la Ronda cuando las posiciones se habían acercado (especialmente con el G20).
Y el G20 (representado además del vocero hindú, por el Canciller Amorim, de Brasil) defendió la flexibilidad de su Grupo pero endilgó la ausencia generalizada de esta cualidad a todos los demás (especialmente a Estados Unidos). Previamente enumeró los costos del fracaso.
Las consecuencias de una negociación regida por el principio que establece que nada está acordado hasta que todo esté acordado está a la vista: frente a la imposibilidad de éxito parcial, el fracaso es total…. hasta nuevo aviso. Pasados los humores de la derrota, podría esperarse, sin embargo, un reposicionamiento de la Ronda. Especialmente si la economía global incrementa su desaceleración, la disposición proteccionista se arraiga y los costos de erosión del multilateralismo económico se incrementan. Sin embargo la nueva señal de partida tardará en llegar por tres motivos. Primero porque el esfuerzo desperdiciado ha sido enorme y los interlocutores querrán cobrarse o no perder más capital político que el ya invertido. Segundo, porque no pocos Estados revaluarán los costos de mayor apertura frente a la demora en la materialización de beneficios. Y tercero, porque el Ejecutivo de la mayor potencia (Estados Unidos) perderá autoridad negociadora (el fast-track –o TPA- otorgado al presidente Bush por el Congreso de su país caduca en junio del 2007). Como consecuencia de este tercer factor cualquier resultado de una eventual negociación que deba ser ratificado por el Congreso norteamericano podrá ser alterado por sus miembros. Difícilmente la Unión Europea negociará bajo esas condiciones. Y tampoco lo hará el G20 cuando se modifique la actual ley agropecuaria norteamericana sin incluir las reducciones de subsidios ofrecidas en la Ronda. Por lo demás, las elecciones parlamentarias norteamericanas del próximo 7 de noviembre impedirán cualquier nueva iniciativa negociadora de Estados Unidos. Frente a este estado de cosas, es evidente la gran pérdida de oportunidades comerciales sufrida por los 149 integrantes de la OMC. Pero tampoco puede ocultarse la pérdida de legitimidad padecida por el foro del principal régimen global surgido después de la post-Guerra Fría. De otro lado, a la luz de los problemas de autoridad que padece la ONU, la suspensión de la Ronda Doha arrojará mayores dudas sobre los beneficios del multilateralismo como proceso. En tanto esta forma de interacción política es indispensable para la comunidad internacional, ésta puede perder cohesión.
Sin embargo, como los principios y normas del régimen multilateral de comercio no han sido cuestionados (sólo el foro lo ha sido), es esperable un mayor recurso a sus preceptos para progresar en el ámbito bilateral y plurilateral (los acuerdos de libre comercio recibirán un nuevo impulso). Pero también es esperable un mayor recurso a los procesos de solución de controversias derivados de fricciones emergentes. Como resultado, la mayor complejidad e inequidad de interacciones no multilaterales puede retroalimentarse mediante el eventual cuestionamiento o vulneración de las propias normas de la OMC. El orden global aún vigente en el sector podría entonces debilitarse (p.e., las acusaciones de dumping parecen crecientes). Si ello ocurre en un contexto de fricciones incrementales en el ámbito de la seguridad, la tendencia al conflicto puede aumentar en todos sus ámbitos. Especialmente si la economía global se desacelera más rápidamente a partir del 2007 como algunos anuncian.
En lo que respecta a los países en desarrollo, las diferencias entre Estados emergentes y competitivos (Brasil, India, China), Estados medianos (Perú, Colombia, Chile) y los países menos desarrollados (Bolivia, Haití) se incrementará fraguando la evidencia de una nueva jerarquía de poder en el mundo. Ello puede no favorecer la cohesión en organizaciones de intereses convergentes como el G20 (algunos de sus miembros como Brasil, India y Australia formaron con Estados Unidos, la Unión Europea y Japón del G6 que tuvo a su cargo la última negociación de Ginebra).
Por lo demás, a la luz de estas circunstancias los países medianos y chicos negociarán con los grandes acuerdos de libre comercio donde las asimetrías no podrán compensarse en negociaciones de mayor aliento (el caso de los subsidios agrícolas que Perú y Estados Unidos esperaban resolver en la OMC y no entre ellos). Ello podría debilitar antes que incrementar los términos de interdependencia entre estos países al hacerse más vulnerables. Si ello se generaliza, la consecuencia sería una mayor pérdida de confianza en el proceso de globalización hoy reflejada en mayores obstáculos en el traslado de los beneficios del comercio a los Estados más pobres. Por los riesgos que implican estas circunstancias es necesario que la Ronda Doha recupere dinámica. Y que en ella la disputa entre las potencias mayores se atenúe y el trato diferencial sea mejor aplicado a través normas y reglas comunes antes que por concesión arbitraria. El Perú debe participar activamente en ese esfuerzo. La exposición de un interés nacional primario así lo demanda.
