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  • Alejandro Deustua

Cinco Macrorregiones

29 de abril de 2005



El Perú avanzará hacia una nueva configuración territorial cuando este 30 de abril venza el plazo para la presentación de los expedientes técnicos que sustentan la conformación de “macrorregiones” conformadas de acuerdo a la complementariedad económica e infraestructral de los departamentos –o “regiones”- actuales. Si éstas nuevas unidades territoriales son validadas por sendos referedums a celebrarse a fines de octubre, el Perú contará también con nuevas entidades políticas de proyección internacional. Cuando en el 2002 se dio curso cuestionable a la conformación de gobiernos regionales en los departamentos existentes, el proceso de descentralización nacional fue percibido como lento, feble y, eventualmente, pugnaz. Los problemas entre Arequipa y Moquegua por control del agua, los levantamientos anárquicos de Ilave (Puno) instigados por indigenistas altiplánicos o las disputas entre puneños y cuzqueños por trazos carreteros anunciaba la falta de cohesión mínima requerida –aunque radicada en el sur- para avanzar en el proceso desconcentrador.


Además, la mala experiencia descentralizadora del gobierno aprista –llevada a cabo en momentos en que la seguridad nacional era letalmente vulnerada por el embate terrorista- restaba, parcialmente, credibilidad al nuevo intento. Y la indisposición de un gobierno débil a considerar públicamente ciertos criterios básicos de prudencia para llevar a cabo un proceso descentralizador pausado en un país históricamente cohesionado desde la capital suscitaba dudas razonables sobre las condiciones de gobernabilidad y de seguridad resultantes. Aunque estos cuestionamientos se mantienen, el hecho es que la dinámica de la descentralización ha adquirido ya velocidad inercial acorde con las normas y plazos establecidos por la oficina del Primer Ministro. Cinco macrorregiones han presentado, por la vía administrativa, sus aspiraciones a transformarse en unidades geoeconómicas sustenables y en mercados de escala que pretenden eficiencia elemental y apertura de posibilidades de desarrollo. Tumbes, Piura y Lambayeque en el norte; Lima-Provincias, Junín, Pasco, Huánuco y Ancash en el centro; Ica, Ayacucho y Huancavelica en el centro-sur; Tacna y Moquegua (a la que se agregarían a último minuto Arequipa y Puno y eventualmente Madre de Dios) en el sur; y quizás Cuzco y Apurímas también en el sur, son las entidades que, de mediar la conformidad gubernamental con su viabilidad, podrían ser convalidadas a través de procesos electorales el 30 de octubre próximo. Si bien no todas los departamentos -o“regiones”- se han sumado al proceso promovido por las Juntas de Coordinación Interregionales (Cajamarca, Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali -y probablemente Madre de Dios-, no han tomado una decisión al respecto), la realidad es que una buena mayoría de las reparticiones sí lo han hecho. Ésta ha congregado una masa crítica suficiente que permite esperar que en el último trimestre del año el Perú adquirirá una nueva fisonomía territorial, una nueva distribución de poder interno y nuevas fuentes de proyección externa. La base de autonomía económica de estas entidades será aún precaria en tanto no contará con fondos externos especialmente dirigidos a consolidarlas (salvo por un poco conocido Fondo Intergubernamental para la Descentralización). Sin embargo, las fuentes fiscales de cohesión serán considerablemente mayores a lo que los departamentos –o “regiones”- perciben hoy día. En efecto, a aquéllas se les transferirá 50% de la recaudación de los impuestos indirectos (IGV, ISC) y directos (impuesto a la renta) que se originen en la localidad. Para complemementar ese esfuerzo, las macrorregiones podrán canjear deuda interna por inversión y, especialmente, podrán endeudarse en el exterior sin contar necesariamente con el aval del gobierno central. Esta posibilidad brindará una fuerte autonomía regional para desarrollar proyectops propios y lograr el concurso de inversión nacional y extranjera. Sin embargo, a la luz de la reciente experiencia argentina y brasileña (que, a diferencia del Perú, son Esados federales), el gobierno central debiera poner ciertos límites y condiciones razonables para que ese endeudamiento no ponga en riesgo la balanza de capitales ni la capacidad de pago nacionales. Y si el incremento del poder financiero de las macroregiones será un poderoso instrumento de inserción externa, su proyección infraestructural será una herramienta de integración con los vecinos además de un vehículo de proyección continental y marítima. En el primer caso los programas binacionales de integración como los existentes con Bolivia y Ecuador se verán extraordinariamente potenciados. En el segundo caso, la vinculación a los corredores bioceánicos establecidos como prioridades en el ámbito IIRSA (el programa de integración física suramericana) contribuirá a amplir el ámbito fronterizo de integración generando mercados internos. El eslabonamiento de escenarios productivos a lo largo del ámbito de influencia de las vías promocionará además de desarrollo a lo largo de ellas, el interés de importantes centros urbanos de los vecinos (p.e Guayaquil en el Ecuador, La Paz en Bolivia, o las capitales de Rondonia y el Acre brasileños) para vincularse con las macrorregiones peruanas. En el sur esa relación tendrá nuevas posibilidades –si las “regiones” que conformarán la macrorregión deponen sus diferencias- especialmente en el ámbito energético ahora que a la posibilidad de complementación con Chile –a través de la exportación del gas de Camisea- se puede sumar el aún desaprovechado potencial de integración eléctrica de las redes con Bolivia (ese potencias se está realizando con el Ecuador). Y en relación a la proyección marítima, los puertos del norte (Bayóvar y Chimbote y del sur, Pisco, Matarani e Ilo), podrán potenciarse dando salida a la producción de largo plazo de zonas del país hasta hoy continentalmente bloqueadas y a las exportaciones agropecuarias del Braisl (parte de las exportaciones del minerales de Bolivia ya salen por Matarani) generando incrementales complementariedades vecinales. Ciertamente el desarrollo no se generará allí rápidamente pero las oportunidades de los mercados de escala tenderán a incrementar la magra o inexistente competividad de las zonas beneficiadas. En esta perspectiva, las Oficinas Descentralizadas de la Cancillería -organizadas bajo este gobierno, pero promovidas académicamente desde 1985- tendrán una responsabilidad adicional tanto en la promoción de la proyección externa de las macrorregiones como en labores de coordinación con Torre Tagle. Y probablemente su localización actual (Piura, Iquitos, Tacna, Puno y Arequipa) tendrá que modificarse de acuerdo a los requerimientos de los nuevos centros de gravedad macrorregionales. Esa tarea será de especial importancia además para inhibir el exceso de fuerzas centrífugas que pueden desarrollarse en torno a un proceso que se realiza en un ámbito andino especialmente inestable y que, de desbordarse, reclamará la garantía de la prioridad de la unidad nacional sobre la del proceso descentarlizador.

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