03 de Octubre de 2006
La decisión del electorado brasileño de trocar una casi segura reelección presidencial por una segunda vuelta ha producido más sorpresa que incertidumbre económica o incremento del riesgo político en ese país. En efecto los mercados han repuntado y no hay visos allá de confrontación social adicional.
De esta manera la mayor potencia suramericana estaría mostrando una estabilidad política que agrega a su dimensión democrática (la cuarta en el mundo) una consistencia superior a la media latinoamericana. Esa calidad, que contrasta de momento con la insensatez de la oposición mexicana (López Obrador), puede ser, sin embargo, menos intensa de lo que aparenta si los factores que han promovido la segunda vuelta –la corrupción y descohesión social- incrementan su dimensión conflictiva mientras dure el proceso que culmina el 29 de octubre.
Al respecto vale la pena recordar que la reacción popular contra la corrupción endémica en el Brasil no sólo decide elecciones sino que ha echado gobiernos (Collor de Mello que en 1992 fue destituido por delitos quizás menores de los que hoy se imputan al entorno del presidente Lula).
Por lo demás, la dinamización de la polaridad social que muestra el mapa electoral brasileño (la oposición gana en el sur rico y el oficialismo en norte pobre) puede cuestionar la estabilidad del sistema explicada por la “flexibilidad” de la sociedad brasileña, recusar la consistencia nacional que brinda una población de gran adaptación al medio (Laffer) y exacerbar la condición de una economía calificada como una de las más inequitativas del mundo.
Aunque esta dimensión conflictiva no aparece hoy en el ánimo del electorado (aunque sí en la cotidiana violencia urbana), los elementos desintegradores implícitos en la metáfora de Jaguaribe (Brasil es “Belindia”, una mezcla de progreso belga y de pobreza hindú) pueden azuzarse expuestos como están por el proceso electoral. Como en el Perú, para amainarlos no bastará el mantenimiento del status quo.
Es verdad que las políticas de integración territorial iniciadas hace cuatro décadas, la disposición distributiva del gobierno de Lula (los programas tipo “Hambre 0”) y los buenos resultados de la conducción macroeconómica servirán hoy como mecanismo estabilizador. Pero la falta de consenso político sobre las reformas estructurales y la enorme disconformidad de la oposición (p.e. Cardoso) con el liderazgo oficial ciertamente constituyen desafíos mayores y alimento de la contienda que debe resolverse este 29 de octubre.
Es claro que ello ocurrirá en un escenario económico que los mercados aprueban (la inflación ha descendido de 12% a 3.4%, las exportaciones ascendieron a 134 mil millones el año pasado, el superávit comercial bordeó los 40 mil millones, la inversión extranjera directa fue 75% del recibido por MERCOSUR y 40% del suramericano) a pesar de que el crecimiento no sea el mejor (3.6% este año). Pero lo que no es evidente es que la sociedad tolere sin fricción la reforma del mercado laboral o de la seguridad social, por ejemplo.
Por lo demás, la política exterior brasileña tiene pasivos mayores que solventar en la región y en el mundo. En el primer caso, Lula ha permitido que el liderazgo político se lo dispute Chávez mientras que el rol brasileño de articulador suramericano ha carecido de la intensidad necesaria. En el segundo, aunque su status de potencia emergente es reconocido, el fracaso de la ronda Doha no deja indemne el liderazgo del G20, entre otros temas pendientes.
Es necesario que el próximo 29 Brasil supere democráticamente estos obstáculos. Como socio estratégico, el Perú es el primer interesado en que ello ocurra.
