Alan García fue un hombre épica y éticamente contradictorio.
Su herencia discursiva se resume en su aspiración a encarnar a la Nación, como reza el mandato constitucional, y no ser un simple administrador de gobierno. En la creencia de que el Estado es una entidad ciertamente trascendental y no un simple contrato social. En la convicción de que la cultura nacional debía restablecerse de acuerdo a los cánones de su antigua función central e irradiadora.
Su verbo dice que fue también un cultor del destino y de la heredad, de la trascendencia, de las leyes de la historia y de la grandeza. Su identidad mestiza y americana no lo alejó de Occidente ni de su parnaso. Se sentía cómodo entre los poderosos representando a los que no lo eran.
Pero a su primer gobierno se debe la gran emigración de peruanos al exterior, la destrucción de la economía y de la inserción internacional, la ineficacia en la lucha contra el terrorismo y, especialmente, la gran corrupción que facilitó sus políticas y caracterizó a su gobierno hasta el final: el inmenso rechazo expresado en su despedida en el Congreso puede no tener parangón en nuestra historia como no lo tiene el trágico impacto generacional que supuso ese desastre nacional.
Sin embargo, fue reelecto. Y también aclamado nuevamente. Sus años de destierro y quizás su necesidad de reivindicación pública y personal recompusieron su camino y así fue generalmente reconocido por grandes y pequeños que se prestan más a la admiración emocional de una fuerte personalidad que a la memoria histórica.
En el trayecto nunca abandonó las formas democráticas. Pero las fuertes corrientes que impulsaban la apertura económica y su nueva disposición por el crecimiento lo convirtieron en un promotor de la inversión extranjera. El sector privado, olvidando a los “doce apóstoles” del primer gobierno, estaba encantando. Entre ellos, quien terminó por pervertir su rol: la gran empresa, liderada por Odebrecht. El dinero dejó de ser un problema.
Las sospechas de corrupción en el primer gobierno transformadas en convicciones colectivas, reiteraron su empuje inquisitivo. Y la imprudencia personal, tan evidente cuando desafió al sistema financiero internacional en 1985, volvió sobre sus pasos para dejarse retratar con cuanto visitante adinerado visitaba Palacio sin distinguir entre ellos a la red de empresas brasileñas que le daría el puntillazo final.
Sus representantes, ya había delatado a su secretario privado y a otros colaboradores cercanos y próximamente, uno de los delatores mayores, Jorge Barata, brazo material de la envenenada Odebrecht, diría lo que dice saber a la sombra de una figura que no corresponde a la tradición jurídica peruana: la delación premiada.
En esa situación el expresidente optó por el suicidio. El personaje que debía trascender lo cotidiano y a sus interlocutores tomó esa decisión en consonancia con su trayectoria política, su percepción del poder y la de su propia trascendencia. En ese marco, es morbosa la duda sobre si el suicido del Sr. García se debió a su incapacidad de enfrentar a un fiscal excesivo y a la cultura mediática que éste creó a cuyos miembros alguna vez calificó públicamente de “imbéciles”.
Si la convicción colectiva sostiene que hubo corrupción en los dos gobiernos del Sr. García y que, en el segundo, ésta vino de la mano de Odebrecht en proyectos específicos, la fiscalía pudo llevar a cabo su tarea con mayor ponderación.
Pero no lo hizo intentando tomar una residencia y a su habitante a las 6.30 de la mañana quizás para distinguirse por un par de horas de los asaltos nocturnos con que se practican los golpes de Estado.
Quizás ello se debe a que la figura de la “delación premiada” no forma parte de nuestra tradición jurídica que, a pesar de su disfuncionalidad, protege derechos fundamentales. Aquélla implica que el delincuente activo reduce su pena hasta los límites de la eventual impunidad siempre que proporcione pruebas ciertas de que el delincuente pasivo fue corrompido por él. Esa práctica se ha aplicado en el Perú a todos los Jefes de Estado después del Sr. Paniagua. Es decir, la negociación con el criminal mayor perteneciente al sector privado, ha devenido en norma antes que en excepción cuando se trata de expresidentes de la República.
Este instrumento legal, que minimiza o destruye el principio fundamental de la presunción de inocencia y el derecho de ser juzgado en libertad, pertenece a la tradición anglosajona en la que la negociación es parte de todo el proceso penal, no a la peruana en la que la obligación de la prueba corre a cargo de la autoridad.
A través de él basta que el fiscal tenga “elementos de convicción” suficientes (una confianza extraordinaria de carácter subjetivo y, por lo tanto, privado, en la capacidad decisoria del Ministerio Público) para dictar impedimento de salida del país, detención preliminar para facilitar la investigación y detención preventiva para garantizar el proceso y la futura pena.
Estas figuras, que forman parte del Código Procesal Penal, implican recorte de libertades y por tanto deben aplicarse sólo de manera excepcional para evitar ciertos riesgos (fuga, ocultamiento de bienes o de otra evidencia). Pero en el Perú no se aplican necesariamente como última opción y tienden a conformar más bien un modus operandi que exalta el poder del Ministerio Público y las atribuciones del fiscal por encima del bien común.
Ciertamente el crimen organizado es acá un tipo de delincuencia que debe ser combatida con la mayor severidad. Pero, en el proceso debe atender también los derechos de los ciudadanos con la debida ponderación. Un personaje como el Sr. García que ya estaba impedido de salir del país, al que un Estado había negado el derecho de asilo ¿pretendía escapar nuevamente? ¿No había forma de prevenir ese riesgo policialmente o a través del arresto domiciliario para que ello no ocurra? Y ¿cuáles eran los “elementos de convicción” que el fiscal recibiría sólo después de que uno de los delatores de Odebrecht despachara otra disposición acusadora? ¿Eran tantos que eventualmente a la detención preliminar seguiría la prisión preventiva como en el caso del Sr Kuczynski al que se le aplicaría 3 años equivalentes a una sentencia adelantada?.
Ese riesgo mayor no lo correría el Sr. García que tuvo todas las calidades para ser un gran hombre y que tropezó en el camino.
Mientras tanto el gran corruptor brasileño sigue actuando empresarialmente en el Perú, ahora tratando de vender a una empresa china por US$ 1300/US 1400 millones un proyecto energético. ¿Qué dice el fiscal al respeto?.
