• Alejandro Deustua

Medidas Económicas Excepcionales, Proteccionismo y Cooperación Internacional

Las medidas restrictivas del comercio adoptadas por Ecuador muestran bastante más que los problemas de balanza de pagos de ese país y que la esterilización, por la dolarización, de la política monetaria. Aunque a esa inconveniencias se agregue las distorsiones derivadas de un manejo dirigista de la economía precrisis, las medidas ecuatorianas constituyen alarma adicional en la subregión. En efecto, así como los problemas que las medidas de salvaguardia desean minimizar son producidos por la caída de precios de la principales exportaciones ecuatorianas (especialmente, el petróleo), es evidente que aquéllos son producto inmediato de la crisis económica global. Y hace tiempo que ésta ya no afecta sólo a las economías desarrolladas o al agregado de las economías nacionales (cuya perfomance ha sido corregida hacia abajo por el FMI a 0.5%) sino a cada país en desarrollo. Las medidas ecuatorianas son demostración clara de que los países andinos (algunos de los cuales alardeaban hasta hace poco de “blindajes” imbatibles) y las relaciones entre ellos están siendo afectados de manera grave y compleja. En términos de su afectación, el Perú no es una excepción plena aunque su economía crezca este año a 6% y sus políticas mantengan un buen rumbo liberal.


Hasta Brasil, una economía emergente cuyo crecimiento de 5.8% en el 2008 se reduciría este año a 2% según la CEPAL (aunque sobre buenos fundamentos), ha sufrido una erosión superior al diagnóstico debido a una reducción sustantiva (-19.8%) de la actividad manufacturera en el último trimestre. En ese marco Brasil ha elevado ciertos aranceles y Argentina sigue esa huella en el Mercosur.


Pero si ello es muestra de bruscos cambios de comportamiento económico y de relajación del consenso de apertura preexistente entre los Estados suramericanos, los problemas de desorden político y normativo son muchos mayores en las economías desarrolladas.


Así, en el marco de los programas de estímulo de la economía norteamericana por más de US$ 850 mil millones, se ha incluido una directiva que privilegiaba, de manera obligatoria, la adquisición de productos nacionales sobre los extranjeros (la medida ha sido, luego, atenuada o suspendida). Por lo demás, el Financial Times da cuenta de una política similar en el Reino Unido en relación al empleo mientras que otras potencias emergentes adoptan medidas de protección más convencionales (incremento de aranceles a la importación de soya en el caso de India) para señalar algunos ejemplos.


Como es evidente, aunque con fines recuperadores, estas medidas unilaterales están agregando riesgo a un escenario económico que aún dista de haber tocado fondo. Éste consiste en el incremento de la fricción económica en niveles que aún, felizmente, encuentran en la negociación o el diálogo posibilidades de control o de atenuación del daño consecuente.


A ello no contribuye, sin embargo, la apreciación general que, sobre estas medias, publican medios, analistas y hasta ciertos gobiernos confundiendo las normas que generan distorsiones del mercado con las que producen daño deliberado a través del proteccionismo ilegal.


Aquí resalta la ausencia distinción mediática entre el proteccionismo de facto generalmente atemporal e indiscriminado (que, concentrado sólo en el beneficio del mercado local, produce daño en el extranjero) del proteccionismo benigno amparado por los regímenes internacionales. Éste es el caso de las medidas de salvaguardia por problemas de balanza de pagos que están previstas en la OMC y reguladas también en los acuerdos comerciales regionales.


En tanto que estas últimas sean temporales, orientadas a resolver el problema concreto de desequilibrio de balanza (y no a proteger a un determinado sector afectado por su falta de competitividad), adecuadamente comunicadas a los afectados y notificadas al organismo global o regional pertinente, esas medidas no sólo son legales sino que no constituyen proteccionismo autárquico o de vocación hostil. En el marco de la OMC éste puede ser el caso de las medidas ecuatorianas aunque quizás no lo fuera en el andino. Por lo demás, medidas extraordinarias de promoción de la actividad productiva o del consumo nacional (como los mencionados programas de rescate y recuperación económica norteamericanos o británicos), sólo podrían considerarse como distorsionantes del mercado en circunstancias inusuales. Aunque los efectos comerciales de estas medidas pudieran cuestionarse en la OMC, éstas no son típicamente proteccionistas como lo sugiere el Financial Times a pesar de que efectivamente pudieran producir daño sustancial a los agentes del mercado. Sí podrían serlo, en cambio, si las medidas se entendieran el marco de una definición más amplia y ambigua del comercio exterior (como la que hoy incluye a los servicios y a la inversión vinculada).


Esta diferencia es fundamental no por académica sino por política: si estas medidas son identificadas como proteccionistas por los gobiernos afectados y no como instrumentos que distorsionan los mercados, la disposición a la retaliación se incrementará en lugar de procurar su corrección. Esta consecuencia se puede reflejar en un incremento de la predisposición al conflicto.


Por lo demás, en tanto en que esas medidas continúen siendo unilaterales la posibilidad de que éstas sean erradamente percibidas como hostiles también aumentarán. En consecuencia, el consenso general sobre la necesidad de realizar todos los esfuerzos nacionales para lograr la recuperación económica en un marco de apertura (es decir, antiproteccionista) establecido por el G-20 en noviembre del año pasado podría tender a diluirse.


Ello sería especialmente grave hoy porque la crisis, a diferencia de las anteriores, evoluciona en un contexto de contracción del comercio internacional de una magnitud no vista desde la década de los 70 del siglo pasado.


Para que ello no ocurra, gobiernos, agentes y comunicadores deben poder definir bien la naturaleza de las medias que adoptan los Estados para recuperar sus economías y las que adoptarán en respuesta a aquéllas. En ambos casos debe poder distinguirse bien lo que es proteccionismo de lo no lo es.


Pero la comunidad internacional requiere algo más que ello. Frente al unilateralismo económico ésta necesita de mayor y urgente coordinación y cooperación políticas. La reunión del G-20 a realizarse en el Reino Unido en abril próximo es ciertamente un escenario apropiado para que ello ocurra (especialmente si la agenda incluye la evaluación de un nuevo marco regulatorio del sistema financiero en el contexto del proceso de creación de la nueva “arquitectura” universalmente reclamada). Pero, en los tres meses que median hasta esa fecha, pueden ocurrir problemas mayores. Como por ejemplo que, las medidas que distorsionan el comercio efectivamente intensifiquen el riesgo proteccionista en un contexto de nacionalismo económico creciente.


Por ello, es conveniente que ese problema sea adecuadamente identificado y atenuado por cada Estado y por la comunidad internacional. Y también que éstos distingan las medidas que son hostiles de las que son legalmente defensivas del equilibrio económico y las autárquicas de las que son legítimamente promotoras de las economías nacionales.


Este esfuerzo debe ser parte de un eficaz empeño colectivo para afrontar la crisis. Si éste no se produce, el nacionalismo económico en su peor versión puede resurgir. Ello implica que las reuniones de cooperación económica deben arrojar resultados concretos en lugar de reiterar una lista de buenas intenciones (algo a lo que son proclives no sólo no sólo el G 20 o el G7 sino los más cercanas autoridades andinas que, en el marco de la reciente reunión de los ministros de Hacienda y de presidentes de los bancos centrales, han dado un ejemplo adicional de privilegio de la intención sobre la acción).

Si la coyuntura requiere de buen y consensual diagnóstico, reclama también adecuada y coordinada decisión colectiva. Los gobiernos a cargo de economías abiertas deben liderar ese empeño en nuestra región y el mundo empezando por definir bien cuáles son los márgenes de las medidas excepcionales que deberán adoptar mientras se logra un consenso mayor para superar la crisis.



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