25 de junio de 2024
En vísperas de una estrepitosa visita presidencial a China, las embajadas de nuestros socios occidentales generaron una innecesaria fricción diplomática con el gobierno sino-adepto a propósito de una mejora a la fiscalización de las ONG. Así, una imprudente vinculación estratégica del Perú con una potencia que rivaliza con Occidente ha sido favorecida por un desmañanado ejercicio de diplomacia pública.
En tiempos de cambios sistémicos como los que vivimos la adecuada evaluación de esas conductas y de la seriedad de sus contenidos debieran ser especialmente atendidas.
En América Latina lo contrario ha devenido en norma. Siendo las relaciones intrarregionales frágiles, sus responsables no han dudado en debilitarlas aún más. Desde la “diplomacia de los pueblos” de Evo Morales, que vulneró todas las formas oficiales de relación, hasta el concurso de insultos cultivados por el dictador Maduro; y desde los exabruptos “antifascistas” de Petro y de López Obrador en relación al Perú hasta los agravios de Milei al gobierno español, la ignorancia de las formas básicas de trato interestatal y la irresponsable desestimación de las consecuencias vienen debilitando las políticas exteriores de América Latina.
Hoy esa patología parece contagiar la conducta de los países occidentales con los que el Perú debería fortalecer un disminuido arraigo estructural antes de emprender aventuras transpacíficas de grueso calado. Ello es sorprendente y desesperanzador.
En efecto, el reciente pronunciamiento colectivo de las embajadas de esos países sobre un proyecto de enmienda a la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APCI (que, según ellos, complicaría la labor de esos estados en el Perú y desprotegería a la sociedad civil al transparentar la conducta financiera de las ONG), forma parte del deterioro diplomático mencionado.
Al optar por la diplomacia pública de presión en reemplazo de las formas habituales de la bilateralidad y la reserva, esos diplomáticos han agrietado las vías de trato eficiente enturbiando, en el proceso, la relación con Estados Unidos y miembros de la Unión Europea.
Por lo demás, es extraordinario que el motivo de la preocupación (cuyo proceso legislativo no ha concluido) sea el fortalecimiento eventual de la APCI para supervisar el flujo y adecuado uso de fondos y de conductas de las ONG de una manera que no se distancia de las prácticas legales en varios de los estados alarmados.
Y lo es más si se tiene en cuenta la vulnerabilidad de nuestro país vinculada a un déficit de gobernanza y control de organizaciones que operan trasnacionalmente cuyos flujos financieros son oscuros y cuya conducta es penalizable globalmente.
De otro lado debe advertirse que, según un estudio de académicos de las universidades de Pennsylvania y Maryland disponible en internet, las ONG no registradas en el Yearbook of International Organizations (la publicación más respetada en el sector y que señala también a organizaciones sospechosas) sería mayor que las registradas. El problema de las ONG no registradas (síndrome de “missigness”) sería más ostensible en los países en desarrollo que son menos democráticos, más pobres y menos integrados al sistema internacional. Ello no sólo se expresa en ausencia de registro adecuado sino en reportes de trabajo más tendenciosos que las que pueden caracterizar a las más grandes, más transparentes y mejor financiadas ONG.
Al respecto debe considerarse que, si bien las sedes de las mayores ONG se encuentran principalmente en países desarrollados (que también reportan problemas de “missingness”), una buena cantidad de ellas se encuentran en países en desarrollo distribuidas en todos los continentes y en estados que no comparten, necesariamente, los valores occidentales ni operan con la misma eficiencia en los sectores de bienestar social, desarrollo sostenible, promoción y cambio de políticas públicas o gestión de proyectos específicos.
Si bien las ONG son parte destacada y antigua de las relaciones internacionales y son reconocidas por la ONU dentro del Consejo Económico y Social con carácter consultivo (art. 71 de la Carta), su status es regido por un Comité de ONG. Para alcanzar ese status las ONG deben cumplir ciertos procedimientos. Si no los siguen, difícilmente puedan cumplir con sus objetivos. El control, por tanto, no les es extraño.
De otro lado, es claro que estados autoritarios (p.e. Rusia, Bielorrusia, Pakistán, Arabia Saudita, Egipto) han emprendido una campaña contra las ONG. Pero la atribución de esa conducta no puede generalizarse cuando se trata de cumplir la ley en democracia y de fortalecer la institucionalidad y capacidades de supervisión de la APCI. Actuar de manera preventiva y sensata al respecto implica más bien contribuir a que el fiscalizador no devenga en abusivo contralor, a clarificar el lenguaje del proyecto de ley y a que el país objeto de las preocupaciones occidentales no sea empujado en otra dirección (p.e. hacia China).
Fuente: Contexto.org
Comments