• Alejandro Deustua

Suramérica Atlántica

La incierta tregua comercial lograda en el G20 no ha desvanecido el hecho de que el intercambio comercial global haya caído este año a niveles sobre los que el FMI no cesa de alertar.


Y si la atmósfera consecuente se ha reflejado en Osaka en expectativas de estabilización del crecimiento y de un ligero repunte posterior, la realidad de las proyecciones de baja perfomance (3.3% este año y 3.9% en 2020) acompañan la persistencia de tendencias proteccionistas y la necesidad de reformar la OMC sobrepasada por la arbitrariedad de sus principales actores.


En este contexto la Unión Europea y los presidentes de Argentina y Brasil han anunciado, después de dos décadas de negociación, un acuerdo político entre la UE y el MERCOSUR que incluirá un acuerdo de libre comercio. Si bien la extensísima negociación puede atribuirse a trabas de ambas partes, entre ellas destacan las de los sectores agropecuarios y las de anacrónicos gobiernos socialistas y peronistas que impidieron no sólo la adecuada integración del Mercosur sino la práctica del regionalismo abierto.


Esto acaba de cambiar....en principio. Para que ese cambio sea definitivo el acuerdo debe precisarse, atravesar complejos procesos de ratificación y esperar que el peronismo, que ha anunciado la revisión del convenio, no gane las elecciones de octubre próximo. Superada esa valla, el Mercosur habrá logrado una mejor inserción liberal global mediante una Unión Europea fragmentada que, sin embargo, es su principal mercado y su primera fuente de inversiones.


La dimensión occidental de ese acuerdo abarca al conjunto suramericano, al margen de Bolivia y Venezuela, que se relaciona con el mayor mercado común del mundo a través de disciplinas externas que influyen sensatamente sobre las internas.


Para el Mercosur ello supone la desgravación por la UE de 93% de sus exportaciones (20.1% del total) mientras que el Mercosur desgravaría 91% de las importaciones europeas (45 mil millones de euros) en plazos algo mayores que los europeos. La normativa correspondiente probablemente será convergente con la acordada por la UE con Perú, Colombia y Ecuador, más las especificidades de sectores complejos como el agropecuario.


Siendo éste el sector más sensible para ambas partes ya ha despertado protestas de productores bien consolidados (Francia p.e,) quienes deberían admitir una regulada competencia con terceros como regla de subsistencia.


El acuerdo se reflejará en la mayor liberalización interna mercosureña a la que se agregarán compromisos ambientales que limitarán las actuales fobias brasileñas al respecto. Y también implica mayor cooperación política con la UE (un extremo estratégico) así como una indispensable mayor creación de comercio interregional que debiera resultar en mejores niveles de vida y productividad para sus actores.


De ello podrá beneficiarse el resto de Suramérica en escalas hoy insuficientes lo que debiera fortalecer el vínculo político transatlántico impulsado por 780 millones de habitantes mercosureños y europeos.


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