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  • Alejandro Deustua

Resistencia Multilateral la Despenalización de la Coca

20 de Octubre de 2006



El Director General de la Oficina de la ONU contra las Drogas y la Delincuencia (ONUDD), Antonio María Costa, acaba de presentar a las autoridades bolivianas que procuran la despenalización de la coca noticias poco gratas. En efecto, el representante de la mayor instancia multilateral ha informado públicamente, en La Paz, que la aspiración del gobierno boliviano a obtener un régimen más benigno en la fiscalización de la hoja no tiene mayores posibilidades de éxito (1). Al revés que para el oficialismo boliviano, esta opinión autorizada constituye una excelente noticia para los Estados que luchan precariamente contra el narcotráfico, para el régimen multilateral que establece el marco legal de esa lucha y para quienes sostenemos que alrededor de la mitificación de la coca se ha organizado un movimiento político que, a través de un nacionalismo sui generis, pretende llevar a las organizaciones cocaleras –y a quienes se benefician de ellas- al poder.


Al respecto, el Director General de la ONUDD, se ha remitido a confirmar que la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 suscrita en Viena es un régimen fuerte y respetado por la mayoría de los países miembros de la organización, que el proceso de revisión del régimen coactivo que regula la siembra de coca planteado por Bolivia será muy largo, que su buen enrumbamiento depende del interés colectivo antes que del singular, que el consenso al respecto indica que no existe mayor apoyo comunitario al reclamo boliviano y que, en apariencia, sí existirían disposición a no favorecerlo. El representante de la ONUDD no pretende con ello confrontación alguna con el gobierno de Bolivia. El señor Costa ha concurrido más bien a La Paz para brindar cooperación en la lucha contra el narcotráfico y, en apariencia, para contribuir a la precisión de un estrategia boliviana hasta ahora poco perfilada (existe confusión sobre la dimensión de la unidad de siembra de coca legal permitida –el “cato”-, la cantidad de hectáreas legales que resultan del agregado de “catos” y ausencia de un estudio de demanda legal en torno a la cual se fijaría la coca legal –que , sin embargo, la realidad, indica que estaría por debajo de las 12 mil hectáreas permitidas). El pronunciamiento del Director General de la ONUDD debería ayudar al gobierno boliviano –y a la autoridad andina que lo promovió de manera inapropiada y sui generis- a reconsiderar su planteamiento. Ello implica que Bolivia abandone la pretensión de extraer la hoja de coca de la lista de estupefacientes sometidos al rigor de la erradicación y de la fiscalización (la lista I de la Convención de Viena) para trasladarla a una de más benigno trato (la lista III). Esta decisión favorecería el entendimiento andino en la materia, fortalecería la disposición a evaluar mejor las mínimas posibilidades económicas de la coca legal y fortalecería la lucha contra el narcotráfico. Pero si el gobierno boliviano desea mantenerse en su posición, pues tendrá que superar los niveles de la simple justificación y alegato retórico que, en apariencia, sus más altas autoridades llevaron en el primer trimestre a Viena y proceder de a acuerdo a los términos del artículo 3 de la Convención de 1961. Ello supone notificar formalmente al Secretario General de la ONU de la intención correspondiente, acompañar la solicitud con evidencia científica que apoye la afirmación de que la coca no tiene uso indebido ni efectos nocivos (hecho probablemente indemostrable) y someter esa evidencia a la evaluación de la Organización Mundial de la Salud y de la Comisión de Estupefacientes. Una vez que estas organizaciones se pronuncien luego de consultar a sus instancias farmacológicas, el dictamen deberá ser considerado por los gobierno de los Estado miembros. Finalmente, éstos deberán votar en el Consejo Económico y Social de la ONU.


Si la autoridad boliviana proyectó que podría tener un pronunciamiento favorable hacia el 2008, la frustración de la aspiración puede ser el resultado que la realidad le imponga. Bien haría entonces esa autoridad en minimizar sus riesgos y franquearse la cooperación internacional abandonando una cuestionable aspiración de máxima, desligarse de la exaltación mistificadora de la coca y desescalar las expectativas políticas de los gremios cocaleros. Los resultados se reflejarían en estabilidad interna y vecinal que sus ciudadanos, vecinos e interlocutores seguramente agradecerían.


Lamentablemente, el presidente Morales ha decidido continuar ejerciendo la dirigencia sindical del gremio cocalero que lo llevó al poder sin reparar en la incompatibilidad de esa función con la de Jefe de Estado. Y al hacerlo ha dado impulso a similar activismo gremial en el Perú (las candidaturas cocaleras proliferan con vistas a las próximas elecciones regionales mientras el señor Nelson Palomino –un cocalero que aún no ha saldado cuentas con la justicia- se propone como candidato presidencial para el 2011 y los “asesores” de comités ad hoc realizan actividades con aval diplomático extranjero) generando mayor inseguridad transnacional en la subregión andina. Esa actitud ciertamente no favorecerá la buena relación de Bolivia con el Perú ni con otros países.


Si en lugar de ello el gobierno boliviano intensifica su disposición a erradicar la coca ilegal (aunque no excluyente, la vía concertada es un buen instrumento al respecto), reclama por mayor y mejor aplicación del principio de responsabilidad compartida con un horizonte de aplicación mensurable y fortalece los esfuerzos de interdicción (“cocaína 0”) como lo ha reconocido el Director de la ONUDD, no sólo logrará una mejor inserción externa sino que coadyuvará a mitigar la confrontación interna y a favorecer el tránsito a la modernidad de una ciudadanía que se merece un destino mejor. Mientras el gobierno del señor Morales se decide, en el Perú debemos mantener la guardia frente a un planteamiento que sólo favorece al narcotráfico, a la repudiable intromisión de agentes diplomáticos y otros informales que erosionan el interés nacional y a la erosión de los regímenes multilaterales contra las drogas y delitos afines más allá de lo que opine el representante de la ONUDD.

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