26 de abril de 2006
El rápido deterioro del consenso suramericano sobre la integración regional está modificando el escenario en el subcontinente. Y lo hace de manera extraordinaria en tanto que la pérdida de cohesión a propósito de un pretexto (el TLC con Estados Unidos) se está complementando con nuevos y conflictivos alineamientos políticos. Éstos han profundizado las líneas divisorias preexistentes en la región y ampliado en ella el ámbito de influencia de los agentes fragmentadores. El objeto de la discordia (o del pretexto) ha sido la decisión de dos gobiernos andinos (Perú y Colombia) de extender el espacio de integración al mercado norteamericano primero y al europeo después. Ésta opción, autorizada por la normativa andina (la Decisión 598), concordante con el principio de regionalismo abierto y practicada, en sus respectivos fueros, por todos los países americanos (salvo los del Mercosur), ha sido fuertemente contestada por Venezuela y Bolivia cuyos gobiernos proponen, en apariencia, un escenario de integración regional restringido, hostil a los Estados Unidos y renuente al vínculo con la Unión Europea.
El agente dinamizador de este antagonismo ha sido Venezuela cuyo presidente ha encabezado una cruzada autárquica de intensa beligerancia. Ello ha inducido a Bolivia a recusar irracionalmente un proceso de negociaciones que conocía perfectamente en tanto ha sido observador privilegiado del mismo y al que sus agentes económicos aspiraban adherir negociando por su cuenta.
La irracionalidad boliviana se ha expresado con insospechada intensidad al añadir a la adhesión ideológica, la inmatizada filiación geopolítica con Venezuela, al emplear el insulto como instrumento de política exterior (el reiterado agravio a los presidentes Uribe y Toledo) siguiendo la huella de su mentor y al arriesgar la relación especial con el Perú en momentos en que pretende satisfacer reinvindicaciones históricas con Chile en conversaciones que tarde o temprano reclamarán el concurso peruano.
Pero el ámbito de influencia de la disociación andina se ha proyectado también al Mercosur impulsada por el presidente Chávez con el poder de sus reservas petroleras y de una amplia y arbitraria disposición de divisas. De manera extraordinaria, la experiencia diplomática del Brasil y el poco tradicional comportamiento de la segunda economía de la región (la Argentina) han sucumbido a la influencia chavista en una cumbre tripartita realizada en Sao Paulo. En ella se ha forjado, en la versión periodística, una “alianza regional” entre los tres asistentes en materia de integración energética (el proyecto de construcción de un ducto de 8 mil kms. por el lado oriental del subcontinente a un costo inicial de US$ 20 mil millones).
Dado el contexto en que esta “alianza” se confirma y la agenda informal que la ocupa, es claro que ésta no se incluye oficialmente en el marco de los proyectos IIRSA de la Comunidad Suramericana de Naciones. Ese foro incluyente ha sido reemplazado por uno restringido a núcleos de poder, existentes y en formación, en Suramérica.
Por lo demás la “alianza” se organiza en un contexto de fragmentación del Mercosur en el que a las disputas por una asimétrica distribución de beneficios se suma el abierto descontento de los países menores (Uruguay y Paraguay) por la manera cómo se adoptan decisiones en ese organismo. Esta fractura es ilustrada por la forma abusiva con que el gobierno argentino –bajo el pretexto de la presión provinciana y de organizaciones ambientalistas- dificulta hoy la inversión extranjera en Uruguay (US$ 1800 millones de una empresa española y otra finlandesa en el sector forestal) y permite el bloqueo de rutas vitales para el comercio exterior uruguayo. Esto ocurre a pesar de que representantes de la Comisión de la Unión Europea (el señor Mandelson) ha respaldado la calidad ambiental de la inversión en Uruguay.
El tema no es anecdótico no sólo porque revela la decisión de consolidar de manera coactiva la jerarquía de poder en el Mercosur sino porque está influido por el interés uruguayo de explorar instrumentos de entendimiento económico con Estados Unidos para diversificar su inserción en el Cono Sur. Esa disposición es recusada por Argentina y Brasil.
De otro lado, el reconocimiento que Brasil hace de la influencia venezolana al aceptar esta “alianza” restringida en circunstancias complicadas para la región renueva la controversia sobre su rol de potencia entre a los socios no convocados, incrementa la incertidumbre sobre su visión de Suramérica (¿es cerrada o abierta?) y contrasta fuertemente esta realidad con su tradición hemisférica y panamericana. Como consecuencia, resta posibilidades a su capacidad de mediación en controversias intraregionales en ejercicio de otra tradición brasileña: la mediación empleando el principio de solución pacífica de controversias que hoy intenta invocar en la subregión andina.
De esta manera si, antes de la iniciativa fragmentadora venezolana, Brasil era percibido como un polo de poder constituido y ciertamente diferente al que pretende para sí la irregular acción externa del señor Chávez, hoy esa diferencia parece bastante atenuada. Y si se tiene en cuenta que el quid pro quo en este punto es la relación económica con Estados Unidos, la aquiesencia brasileña al hostil antinorteamericanismo venezolano tiende a colocar a la potencia amazónica en el lado de la línea que el gobierno venezolano está trazando en la región. Si, en la percepción de algunos, ello no equivale a otorgar a Venezuela el fiel de la balanza regional, la formalización el próximo sábado en La Habana de un “tratado de libre comercio de los pueblos” entre Venezuela, Bolivia y Cuba ciertamente contribuye a ello. Cualquiera que sea la peculiar lógica económica de ese acuerdo (que no será la del libre mercado), éste no sólo arraigará el denominado proyecto ALBA en la región sino que proyectará la influencia ideológica cubana en el espacio económico suramericano, consolidará el rol de Venezuela como proveedor de fondos a cambio del alineamiento anticapitalista que implica el ALBA y otorgará al frágil Estado boliviano un mayor rol antisistémico que terminará debilitando más su viabilidad interna y friccionando su relación vecinal y hemisférica.
Es acá donde la política ya no queda tan divorciada de la economía en la región como algunos piensan. En efecto si, por ejemplo, la mayoría de las exportaciones andinas al mundo se colocan en Estados Unidos (42%) y en la Unión Europea (12%) (CAN), la dimensión políticamente hostil que ha emergido en ciertos países de la región en contra de los acuerdos que favorecen el acceso a esos mercados puede devenir en la frustración de los mismos y en el entorpecimiento de una inserción económica de fuerte carácter occidental. Este resultado terminaría beneficiando la opción excluyente por un mercado minoritario y cerrado como el suramericano (14% de las exportaciones andinas al mundo) que propone Venezuela.
Es probable que ello no ocurra (en el peor de los casos, los países negociarán cada uno accesos singulares y los beneficios del sistema SGP podrían replantearse). Pero lo que sí puede suceder es que Suramérica (que, como concepto integrador, es una “idea” nueva) se fragmente entre una región prooccidental que prefiere acuerdos formales de mayor generación de interdependencia con Estados Unidos y la Unión Europea y otros antioccidentales que, sin serlo esencialmente, adoptarían esa condición por rechazar de manera trepidante la asociación ofrecida por las potencias centrales de esa civilización principal.
Si el señor Chávez desea, a propósito del requerimiento regional de un mejor acceso a los mercados, conducir a Suramérica a una nueva guerra fría, esa intención debe ser combatida radicalmente por irredenta, perversa y empobrecedora. Los que así lo hicieran deberán también oponerse a sus mecánicas consecuencias: que Estado Unidos desarrolle políticas hacia la región en términos de una “vieja” Suramérica regionalista, autárquica y agresiva y una Suramérica “nueva” atlanticista, abierta y de vocación global. El símil con lo ocurrido entre Estados Unidos y la Unión Europea sería aquí tan crudo como indeseable. Para evitarlo el tiempo se va acercando para que los países suramericanos con vocación de apertura y proclividad occidental como Colombia, Perú y Chile (y quizás Uruguay) incrementen fuertemente su interdependencia, coordinen mejor sus políticas exteriores, procuren de manera conjunta el diálogo con Brasil y Argentina y coordinen su inserción global. Y Estados Unidos debe dar la mano flexibilizando los acuerdos de libre comercio donde hubiera que hacerlo.
