• Alejandro Deustua

Racionalidad e Irracionalidad en un Acuerdo de Seguridad y Desarme

Toda propuesta de paz es bienvenida. Pero es aceptable sólo cuando contribuya sensatamente a garantizar la seguridad propia e incrementar la seguridad colectiva sin sacrificar el desarrollo indispensable de las capacidades nacionales.


El gobierno está hoy presentando a los vecinos suramericanos, de manera bastante heterodoxa y con urgencia que quizás no corresponda a la realidad del contexto regional, una propuesta de paz cuyos contenidos no se conocen y cuya racionalidad ha sido modificada.


Esta última aparentemente ha evolucionado de un pacto de no agresión –instrumento que se plantea para escenarios convencionales prebélicos cuyos fundamento no corresponden a la situación estratégica suramericana- a un protocolo de paz, seguridad y cooperación cuya reserva es inversamente proporcional a su aceptación mediática.


Si de él sólo se conoce que propone una reducción de 3% del gasto corriente y de 15% de la inversión en armamento nuevo en 5 años además del planteamiento de una fuerza de interposición en caso de conflicto regional y de un mecanismo de contribución a operaciones de mantenimiento de la paz, es pertinente acudir a los criterios señalados más arriba para evaluar la iniciativa. Primero: ¿ha llegado el gasto militar en el Perú a niveles razonables cuando los salarios del personal y los gastos operativos distan de asegurar su profesionalismo, adecuado entrenamiento, aprestamiento y despliegue? Si la respuesta es negativa, ¿cómo es que el Perú propone una reducción general del gasto corriente cuando el correspondiente a la seguridad y defensa nacionales es insuficiente?.


Segundo: ¿tiene el Perú la capacidad militar (equipos, desarrollo tecnológico y preparación) suficiente para hacer frente a la amenaza trasnacional del narcoterrorismo –cuya dimensión local en el VRAE es letal noticia cotidiana-, a la cobertura eficaz de un territorio amazónico y cordillerano preocupantemente despoblado, a la defensa activa de 7 mil kms. de fronteras en su gran mayoría porosas y a la amenaza convencional externa que, aunque con menores probabilidades de activación, ha sido reconocida, in genere, por el sistema interamericano?.


Tercero: ¿tiene el Estado disposición para procurar los equilibrios de poder regionales indispensables para evitar la imposición del poder ajeno, para permitir el dominio adecuado de su territorio y de su espacio aéreo y marítimo y para no perder sitio en una jerarquía de poder regional cuyas brechas se continúan abriendo en Suramérica?.


Si en los tres casos la respuesta es o tiende a ser negativa, una propuesta de reducción del gasto y de la inversión que obliga al Perú no va a generar mayor seguridad nacional.


Pero ¿desarrollará mayor seguridad colectiva si los demás bajan sus gastos? No si el Perú no llega primero al umbral de gasto suficiente para cubrir sus necesidades e intereses.


Y tampoco si los demás siguen gastando, aunque fuera menos, en procura de capacidades que los coloquen en niveles superiores de proyección vecinal y de interlocución extrarregional (mejorando su ubicación en la estructura de poder y sus posibilidades de establecer alianzas y mecanismos de cooperación externa) y de flexibilizar la línea que distingue entre posición defensiva y ofensiva. En ese caso, las crecientes asimetrías tenderán a generar más –y no menos- incertidumbre entre quienes no mejoran su posición estratégica. Esta situación no favorece la seguridad colectiva.


Por lo demás, es necesario conocer mejor cuál sería la estructura de las fuerzas de interposición. En tanto el escenario regional se define hoy por crecientes antagonismos ideológicos y alianzas regionales y extrarregionales no coincidentes, una fuerza de interposición que incorpore a todos podría agravar, por su escasa cohesión y mayor fricción, el conflicto que se intenta controlar.


Y en lo que hace a fuerzas regionales de operaciones de mantenimiento de la paz debemos recordar que diferentes fuerzas armadas de la región (incluyendo las peruanas) están desarrollando, desde hace tiempo, esa capacidad con creciente esfuerzo propio (incluyendo infraestructura), credibilidad y disposición de compromiso conjunto (p.e. en Haití entre muchos otros focos conflictivos).


Para que una iniciativa regional sea eficiente debería tener en cuenta estas realidades además de cumplir con ciertas formalidades como las implícitas en una promoción acorde con el contexto regional. Si éste es fragmentado pero no está al borde de un conflicto generalizado, ni la región presenta un panorama de gasto exuberante (más allá de los excesos de algunos, el hecho es que la región sólo supera a África en niveles de gasto militar en los últimos años según el SIPRI), la gestión de la propuesta (encargada a ciertos ministros de Estado) muestra cierta desmesura.


En efecto, ese tipo de gestión se realiza muy circunstancialmente y en momentos de crisis real (como ocurrió en el conflicto con el Ecuador). Suplantar la gestión diplomática convencional por una crudamente política (que incluye a ministros bastante alejados de las funciones de seguridad y defensa) supone un nivel de urgencia que no corresponde a la realidad. En consecuencia, resta eficiencia a la gestión diplomática convencional.


Finalmente, si la preocupación última fuera la reacción chilena frente a un determinado fallo de la Corte Internacional de Justicia debe recordarse que si un Estado incumple con una sentencia de ese organismo franquea a la contraparte el recurso al Consejo de Seguridad de la ONU (art. 94.2 de la Carta) el que podrá establecer las recomendaciones o medidas coercitivas del caso. Salvo por la propia capacidad de defensa, éste nivel de garantías difícilmente pueda ser superado.


Sin duda que los problemas que generan el gasto militar son importantes e inducen incertidumbre especialmente en épocas de cambio. Discutirlos, junto con las amenazas que se perciben y las oportunidades de asociación que emergen, es un requerimiento que corresponde al fuero interamericano y al suramericano. Pero la discusión de un pacto debe ser posterior. En todo caso, éste debe realizarse sobre la base del incremento de la seguridad de todos, no de su deterioro ni del condicionamiento de las capacidades de defensa de quienes, como el Perú, no han alcanzado niveles apropiados de satisfacción de este interés nacional básico.



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