Pugna Diplomática en Torno a la Seguridad Colectiva

1 de julio de 2005

Desde que en diciembre pasado un grupo de trabajo convocado por el Secretario General de la ONU recomendara un conjunto de reformas estructurales y estratégicas del sistema de seguridad colectiva global, el proceso ha continuado su marcha silenciosa impulsado tanto por el ánimo reformista que el señor Annan ha inducido a su gestión desde 1997 como por las potencias más interesadas en producir cambios especialmente en el Consejo de Seguridad.

En efecto, el documento “Informe sobre Amenazas, Desafíos y Cambios” hecho público a fines del año pasado ha sido ya procesado, de manera más bien genérica, por la Secretaría General y la presidencia de la Asamblea General. Aunque el documento se refería a una ampliación del concepto de amenaza a las de carácter socio-económico (p.e.,las pandemias y la pobreza), político (p.e., la viabilidad de los Estados) y otras de ámbito transnacional (especialmente, el terrorismo), a la posibilidad de ejercer la defensa preventiva y a varios escenarios de ampliación del Consejo de Seguridad, la focalización periodística se ha concentrado en estos últimos.

Dada la naturaleza controversial de una reforma de esa instancia central que no provenga de una guerra sistémica (como ocurrió con la Liga de las Naciones en 1919 y con las propias Naciones Unidas en 1945) o de una alteración que no modifique el número de Miembros Permanentes (la incorporación de China en 1971), la diplomacia multilateral ad hoc ya ha hecho públicos los conflictos de intereses entre los agentes comrpometidos.

Para empezar el grupo de potencias emergentes que aspiran a un sitio paritario entre los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad se ha reducido a cuatro. Así, si Egipto, Sur Africa o Nigeria no parecen hoy muy activos o visibles en la promoción de sus propias candidaturas, Alemania, Japón, Brasil e India han establecido un grupo de patrocinio colectivo de las mismas. En efecto el denominado Grupo de los 4 realiza, de manera colegiada e individual, una activa campaña de articulación de un consenso general en torno a la legitimidad de su aspiración con miras a que ésta cuaje en la próxima reunión de la Asamblea General en setiembre próximo (un objetivo difícil de lograr).

Sin embargo, la actividad de ese grupo no se ejerce sin la oposición de quienes plantean una más amplia reforma del Consejo sustentada más por el sufragio que en atención a la capacidad de poder de las potencias ya enumeradas o referida a su cuestionada representación regional. Italia, Pakistán y Argentina son, entre otros, miembros de este grupo.

De esta fricción predecible no emanará una mayor legitimidad global respaldada en adecuada representación regional que incremente eficazmente la seguridad de todos los miembros de la ONU. Como lo hemos sostenido en enero en esta revista (1), esa contienda diplomática puede generar mayores fisuras en el mecanismo de seguridad colectiva que soluciones a los crecientes problemas que, en esta materia, afronta la comunidad internacional.

Ello se debe fundamentalmente a que la eventual incorporación de nuevos Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad creará una nueva jerarquía de poder en el sistema internacional que no se sustentará, de manera incuestionable, en la capacidad de poder de esas potencias sino en atributos parciales como la capacidad econonómica o la admisión de vagos títulos de status como el de “potencias emergentes” signadas por el tamaño de su mercado, peso demográfico y alguna capacidad tecnológica o militar que otras potencias, de menor dimensión, ciertamente pueden haber desarrollado mejor.

Por ello consideramos que la mejor alternativa para lograr una mejor representación en el núcleo del Consejo de Seguridad es la opción por una instancia intermedia: la de miembros semipermanentes que tendrían una vigencia de cuatro años en el Consejo (dos más que los miembros no permanentes) y que podría rotar haciendo sitio a sus competidores.

El problema es que esta categoría no está siendo adecuadamente valorada por los nuevos candidatos que no sólo obtenienen muy contados respaldos de Miembros Permanentes (el caso del apoyo del Reino Unido a Alemania y Francia) sino que aquéllos plantean abiertamente un reconocimiento del derecho de veto (aparentemente, el caso del Japón) o desean emplear el Consejo de Seguridad para “impulsar la multipolaridad” (situación estructural del sistema internacional que no se adquiere con votos sino a través del incremento de la capacidad de poder) como condición de un mejor ejercicio del multilateralismo (como sería es caso de Francia). La primera exigencia ha merecido el silencio de Estados Unidos y la oposición de China. La segunda olvida que fue bajo el sistema bipolar que la diplomacia multilateral se ejerció con intensidad no igualada en la historia.

Como resultado de estas pugnas, la ampliación de los miembros No Permanentes del Consejo no está siendo adecuadamente evaluada a pesar de que esta opción no presenta los problemas de status que importa la admisión al núcleo central del Consejo de Seguridad.

Y si esta falla está a la vista, podrá concluirse que la discusión del resto de la agenda reformista de la seguirdad colectiva está siendo atendida con aún menor eficiencia y que, por tanto, los problemas de ampliación de amenazas que conciernen hoy a la seguridad colectiva y la evaluación de la necesaria –y controversial- defensa preventiva, tampoco están siendo adecuadamente discutidos.

A pesar de que las potencia intermedias o pequeñas, como el Perú, no podrán eludir el debate sobre la ampliación del Consejo de Seguridad, éstas deberían cuidarse de no formalizar una nueva jerarquía de poder que incrementaría su grado de subordinación jerárquica en el sistema internacional. Y, al hacerlo, deberían exigir una mayor atención a los problemas derivados del deficit de prestación de seguridad colectiva por defecto de compromiso multilateral en ese emprendimiento internacional antes que global.