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  • Alejandro Deustua

Política Exterior 2023

29 de enero de 2023



Cancillería  inicio el año dispuesta a afrontar las consecuencias del golpe de Estado de Castillo (diciembre de 2022) y el fuerte deterioro del contexto externo. Al respecto se concentró en reducir el daño internacional correspondiente (el cuestionamiento de la legitimidad del nuevo gobierno y el activismo extraordinario de los defensores de Castillo en el exterior) y,  en la medida de sus posibilidades, mostrarse activa en la generación de iniciativas internacionales en un escenario de conflictividad creciente y fragmentación sistémica. Lo primero requirió el mayor esfuerzo diplomático y, en lo segundo, el posicionamiento fue excesivamente retórico sin sacrificar, sin embargo, la inserción externa.


Como se sabe, para una potencia menor como el Perú, las posibilidades de influir significativamente en escenarios geopolíticos extrarregionales son casi nulas. Salvo que, recurriendo al  ámbito plurilateral o multilateral, se adquiera cierta capacidad de liderazgo. Ello fue negado por el origen precario, pero constitucional y legítimo, del gobierno de la Sra. Boluarte  y la indisposición de Cancillería de empujar razonablemente los estrechos confines de su capacidad de pronunciamiento.


Esta inhibición estableció el rasero de su posición frente a los conflictos en Ucrania y Gaza. En efecto, luego de haber condenado la invasión rusa de Ucrania en 2022, la Cancillería se atrevió a plantear un cese de fuego y el inicio de negociaciones de paz entre los beligerantes. Pero lo hizo sin sugerir nada en concreto ni comprometerse a desarrollar algún tipo de consenso entre Estados de similar proclividad o de sumarse a alguna agrupación que, por lo menos, favoreciera algún tipo de diálogo entre los beligerantes. Una vez consolidado el camino de la beligerancia de larga duración, ya no hubo posibilidad de maniobra.


Como muchas veces, todo quedó en retórica y en referencia para los archivos. Especialmente cuando, en setiembre, la presidenta Boluarte, sentenció en la ONU que el Perú no aceptaba el escenario de la guerra en Ucrania como factor determinante en el curso de las relaciones internacionales contemporáneas. Si con esa afirmación la presidente quiso decir que ese conflicto debía, de alguna, terminar, el irresponsable fraseo no fue clarificado frente a la Asamblea General. Éste implicó, más bien desconocimiento de la realidad de la guerra y frivolidad en la comprensión del propio status en un texto del que la Canciller del momento no se hizo cargo.


De otro lado, aunque Cancillería  expresó  preocupación por la reanudación de tendencias conflictivas en Gaza antes del salvaje ataque de los terroristas de Hamás contra civiles israelíes, su explícita condena de estos hechos no acompañó, luego, la condena de la violencia excesiva  empleada por la fuerzas israelíes en defensa propia pero cuyo efecto retaliatorio ha producido inmensa mortandad. Al respecto, reclamó  respeto por el derecho internacional pero excluyó de ese llamado a los terroristas que provocaron la reacción israelí en un escenario en el que la revancha  y la imprudencia forma del modus vivendi local.


En ninguno de esos dos dramáticos casos la Cancillería generó, que se sepa, iniciativas para atenuar los impactos regionales y nacionales de los schocks geopolíticos euroasiático y del Medio Oriente.


En contraste con la falta de éxito en asuntos de “alta política”, la Cancillería consolidó sus mayores logros en escenarios plurilaterales de carácter procesal. Éstos se concretaron en el inicio del proceso de incorporación del Perú a la OCDE (entidad que establece estándares internacionales de políticas públicas para el progreso) y en el ejercicio de la presidencia anual de la APEC (21 economías, 62% del PBI global) orientada a la organización de la próxima cumbre de esa entidad a realizarse en el Perú noviembre próximo.


En  junio pasado el Perú presentó a la Secretaría General de la OCDE el Memorandum Inicial solicitando la incorporación formal  luego de la expresión de interés inicial en 2012 y de haber adherido a 47 de los 257 instrumentos normativos requeridos para culminar el proceso de adhesión. Éste ha transcurrido, sin pausa, desde aquel año (y sin que el gobierno de Castillo se percatara de su contenido liberal). La adhesión dependerá de que el Perú logre mejoras institucionales y consolide reformas estructurales que señalen un alto nivel de convergencia con los convenios y prácticas de esa entidad.  En medio de la crisis política interna ese proceso de reformas y orientación de políticas públicas debiera ser una referencia de extrema utilidad.


De otro lado, en la cumbre APEC de noviembre pasado (San Francisco, Estados Unidos) el Perú recibió formalmente la presidencia pro témpore de ese gran foro de cooperación y concertación  económica y técnica (21 economías, 62% del PBI global) para realizar, por tercera vez, la  cumbre de  esa agrupación (la del 2024). La temática de comercio e inversión renovará el proyecto del área de libre comercio del Asia-Pacífico, la de innovación y digitalización orientará  la eventual transición hacia la economía formal de quienes que no pertenecen a ella y la de crecimiento sostenible señalará pautas para el desarrollo “resiliente”.  La reiteración de la sede peruana, decidida en 2022, es un fuerte indicador del progresivo arraigo estratégico del Perú en la cuenca del Pacífico y de la seriedad con que se mira su potencial.


Ello no obstante, América ha sido el escenario en el que la política exterior peruana ha debido realizar los mayores esfuerzos diplomáticos para confrontar los obstáculos encontrados por el gobierno de la presidente Boluarte. Como es evidente, este gobierno legítimo emergió como consecuencia del golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo. Los hechos, trasmitidos al mundo por televisión en directo, fueron incontrastables. Y su fracaso no implica que el acto anticonstitucional fuese apenas un “intento” en tanto Castillo dispuso, en efecto, la disolución del Congreso (y su reemplazo por otro del que emergiera una nueva Constitución), la intervención del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Ministerio Público. Al fracasar, Castillo fue detenido “en flagrancia” y el Congreso lo destituyó. La Vice-presidenta Dina Boluarte debía, en consecuencia, asumir el cargo.


Sin embargo, Castillo recibió el apoyo de los presidentes de México, Colombia, Cuba, Bolivia, Venezuela, Honduras y Nicaragua mientras otros lamentaron el hecho. Como era de esperarse, la materia fue vista en la OEA. Un manto de ilegitimidad pretendió tenderse sobre los fundamentos de la presidencia de la señora Boluarte.


Cancillería, bajo una nueva titular, inició gestiones inmediatas para confrontar esas reacciones que tendían a aislar al Perú.  Sin embargo, Cancillería prefirió añadir a ese muy racional emprendimiento la renovación de la “imagen” del gobierno. Y luego acompañó ese emprendimiento con la promoción de inversiones. El foco de la defensa de la legitimidad gubernamental se entreveró.


Los primeros éxitos provinieron de Estados Unidos, que expresó su deseo de trabajar con el gobierno de la presidente Boluarte;  del Brasil cuyo presidente electo, Lula da Silva, destacó que el proceso  de sucesión peruano había ocurrido en el marco constitucional a pesar de los que intentaron descarrilarlo; y de Ecuador, país con el que, en el curso del año, se celebró el 25 aniversario del acuerdo de paz de Brasilia.


El posterior proceso de normalización fue complejo. Éste incluyó a los estados dubitativos que terminaron aclarando su posición (Chile, p.e. con quien se tuvo una pequeña fricción, felizmente superada, sobre migrantes venezolanos en la frontera) y a los recalcitrantes que no atendieron a razón alguna (Colombia y México cuyo presidente, López Obrador, fue especialmente dañino). Las consecuencias no sólo fueron diplomáticas (retiro definitivo de los embajadores peruanos en esos dos países):  también afectaron la integración.


En efecto, el presidente López Obrador prefirió sacrificar un acápite de su política de aproximación compensatoria a una parte de América Latina a la luz de su predominante relación con  Estados Unidos,  oscurecer su tradición de no reconocimiento de estados o gobiernos (Doctrina Estrada) y sacrificar mecanismos de integración de los que es parte (la Alianza del Pacífico) para insistir en la condena del gobierno peruano. Su ceguera llegó al punto de ensuciar la buena reputación internacional de dicho mecanismo de integración (4 miembros, 63 países observadores, por lo menos 4 candidatos a Estado Asociado y 2 postulantes a la plena adhesión -Ecuador y Costa Rica-) en lugar de entregar formalmente la presidencia pro témpore al Perú a principios de año.


Esa obstrucción formal paralizó la marcha de la Alianza a pesar de que su presidencia rota entre sus miembros  de manera automática. A ello se prestó el Perú que, en lugar, de proceder a asumir la presidencia anual (o aprovechar, para ello, la presencia en Lima de los ex -cancilleres de los países miembros a propósito del 12º aniversario de la fundación de la Alianza) optó por ponderar el ilegal obstruccionismo mexicano hasta lograr un rocambolesco arreglo: Chile recibiría de México la presidencia hasta agosto y éste se la entregaría al Perú.  Al momento de hacer este balance Chile deberá tomar la posta en pocos días sin que se haya destrabado el proceso de integración (que prioriza la pluriconectividad sobre el incremento del muy pobre comercio intrarregional).  


De otro lado, la mala relación con Colombia no sólo no se ha superado sino que ha complicado aún más la mala perfomance de la Comunidad Andina que pretende un enésimo proyecto de reingeniería (ahora con énfasis en “lo social”).


Por lo demás, la buena relación con Estados Unidos, expresada en la temprana disposición norteamericana de trabajar con el gobierno peruano, no ha abundado en réditos inmediatos. Al margen de los poco efectivos contactos formales (referidos más abajo), quizás lo más destacado haya sido el establecimiento de un marco legal que para  renovar la cooperación en interceptación aérea en la lucha contra el narcotráfico (especialmente en el VRAEM). Ese acuerdo, que supera accidentes ocurridos en el pasado, y que cubrirá elementos logísticos y operativos,  aún no se ha materializado. Similar buena disposición no se ha visto en el foro interamericano.


En efecto, en la OEA el hostigamiento al Perú ha ido más allá de la mala relación con algunos de sus miembros. Una comisión investigadora sobre las protestas ocurridas a fines del año pasado con un saldo importante de fallecidos ha calificado el uso legítimo de la fuerza contra manifestantes dispuestos a la confrontación abierta como una “masacre”.  Ello ha generado el enturbiamiento de la dinámica de cooperación hemisférica y ha obligado al Perú a demandar que se aplique el espíritu de la Carta Democrática para prevenir asonadas y confrontaciones con propósitos de destrucción institucional. Si bien el gobierno de la presidenta Boluarte se ha mostrado dispuesto a colaborar en las investigaciones, el hecho de que no se haya progresado en la materia ha generado problemas “reputacionales” al gobierno peruano e impulsado la agenda de la promoción de  “imagen”.


Así, la presencia peruana en escenarios como el del Foro Económico Mundial confundió la agenda promocional de intereses económicos con la necesidad política de afirmar, en el exterior, la legitimidad del gobierno y confundirla con “imagen”. Esta distorsión, que proviene de una pésima comprensión de la necesidad de mejorar la percepción externa del país confundiéndola con el reconocimiento de sus fundamentos políticos, ha llevado a una serie crisis políticas y diplomáticas.


Veamos. En el afán de lograr la máxima exposición del buen contacto, Cancillería no procedió adecuadamente para consolidar visitas oficiales a Estados Unidos, Alemania y el Vaticano, por ejemplo.  En Alemania la presidenta no fue recibida por el Canciller (el Jefe de Gobierno) sino por su respetado presidente sin presentación de agenda ni concreción conocida de resultados. En el Vaticano, el reino de los símbolos, el Papa Francisco no se esmeró en otorgar el recibimiento más feliz a la presidente del Perú. Y en Estado Unidos, el presidente Biden no recibió formalmente a la presidenta que concurrió, primero, a la Cumbre  Inaugural de Líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica y, luego, en el ámbito APEP, a una supuesta reunión bilateral que se transformó en una corta caminata por los pasillos de la Casa Blanca. La Canciller Gervassi y el embajador en Washington renunciaron.


El canciller reemplazante, González Olaeachea, ha heredado una frondosa agenda de trabajo. Pero en lugar de concretarse a ella ha preferido intentar dejar huella en una secuencia de discursos imprecisos hasta dar con uno, en el Congreso, que plantea una política exterior “reforzada” (calificativo extremadamente misterioso) planteada como un vehículo ferrocarrilero de 12 ejes citados parlamentariamente como si fueran piezas de inventario de almacén.


Éstos, que en realidad corresponden a las tareas de casi todas las dependencias de Cancillería, carecen de principio organizador y de un núcleo prioritario si no fuera por el descuidado  replanteamiento  del protagonismo del Estado. En esta materia la falta de rigor  (que, sin embargo, el Canciller reclamó en la Academia Diplomática) ha sido extrema: el canciller ha planteado como referente de la “razón de Estado” nada menos que a Kant, un filósofo que  se ubica entre las corrientes proto-liberales primarias que forman parte del estudio de las relaciones internacionales. Ni Maquiavelo ni Richelieu fueron siquiera referidos al respecto. Es menester que el nuevo canciller se concrete a una agenda de pretensiones menos “academicistas” y más acotada con objetivos más precisos.


Al respecto podría empezar, por ejemplo, dando cuenta de las áreas convergentes en que la integración suramericana puede prosperar, del mejor contenido que la agenda amazónica requiere, esclarecer la dimensión práctica del  Consenso de Brasilia (un enésimo foro de diálogo regional que podría coordinar mejor los esfuerzos contra el crimen organizado) o clarificar los resultados de la COP28 realizada en Dubai. Las reuniones correspondientes a tal temática se llevaron a cabo también en el año que culmina.

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