• Alejandro Deustua

Perú: Emergencia y Solución de Problemas Específicos de Política Exterior

Mientras que, salvo Canadá, todos los miembros del G7 que se reúnen en Roma han ingresado oficialmente a un ciclo recesivo de evidente impacto global, el Perú, como debe, atiende serios problemas económicos y de seguridad vecinales y hemisféricos.


Aunque, por sus fundamentos y buena relación con Occidente, puede, a su escala, intentar un esfuerzo influyente en procura de la estabilización económica internacional (p.e., trabajando con Argentina, Brasil y México para concertar propuestas políticas frente a la próxima reunión del G-20), por el momento debe atender las tendencias al proteccionismo vecinal y el incremento de la amenaza que el crimen organizado plantea en la región.


En relación al primer caso, ha recibido a la Ministra Coordinadora de la Producción y al Canciller de Ecuador. Aunque el Canciller ecuatoriano visitó el Perú en el marco de una gira por Uruguay y Chile y trató en Lima una agenda amplia, la preocupación bilateral inmediata se concentró en el régimen de salvaguardias a las importaciones que ese país ha impuesto a sus socios por razones de balanza de pagos.


Aunque esta medida es permitida por la normativa de la OMC siempre que sea fundada (un problema de balanza de pagos o la disrupción productiva por un súbito incremento importador debe efectivamente existir), temporal y adecuadamente informada a los afectados y a la Dirección General de ese organismo, el hecho es que impacta negativamente a las exportaciones peruanas en más de US$ 200 millones y se produce en momento en que el proteccionismo renace como un peligro real para la economía global.


Aunque, en el ámbito de la OMC la medida ecuatoriana no sea legalmente proteccionista, ésta es percibida como tal (además, podría vulnerar la normativa andina que rige la zona de libre comercio). En consecuencia, las autoridades ecuatorianas se han esmerado en explicar sus motivaciones: el fuerte descenso de los precios del petróleo ha generado ingresos muy por debajo de los presupuestados, la dolarización de la economía impide emplear la política monetaria para minimizar el daño y el déficit fiscal se ha incrementado en consecuencia (al punto de que la CAF ha facilitado un crédito de US 500 millones para cubrirlo).


Por lo demás, algunos empresarios con intereses en Ecuador explican que la cuestión debe evaluarse a la luz de la más rápida desgravación mandada por los acuerdos de paz bilaterales de 1998. Ellos entienden que tal rapidez ha sido un beneficio que ahora las salvaguardias pueden compensar. Si este argumento es deleznable (la zona de libre comercio es un hecho consumado), la preocupación ecuatoriana por explicar las medidas representa bastante más que un gesto diplomático en un escenario marcado por la preocupación en torno a la reemergencia del nacionalismo económico.


De allí que, aunque la retaliación no quede fuera del esquema de respuesta del Ministerio de Comercio Exterior, la Cancillería se ha preocupado de no enfatizar ese punto. Así lo evidencia el comunicado de prensa emitido por ambos cancilleres que anuncia una próxima solución al problema (aunque no menciona plazo ni modalidad).


Ello indica que el Perú desea mantener la mejor relación posible con el Ecuador involucrando los ámbitos de la integración física, la cooperación militar, la articulación regional y la relación estratégica ligada al cumplimiento de los acuerdos de Brasilia (temas incluidos en la agenda) y la estabilidad vecinal en el marco de la controversia marítima con Chile. Esta posición forma parte del interés nacional y, por tanto, está informada por el pragmatismo especialmente importante en momentos en que la ideologización de la política exterior de algunos vecinos se ha escalado. Ecuador, por su parte, podría contribuir a la implementación de ese interés compartido no permitiendo que potencias “bolivarianas” lo cuenten entre los militantes incondicionales de una zona de influencia que parte del Caribe cubano-venezolano y lo consideren, por tanto, un activista potencial. De otro lado, en el ámbito de la lucha el crimen organizado, el Perú acaba de recibir una delegación mexicana de la mayor representación y mejor disposición cooperativa. Promovida por los presidentes de ambos países, la delegación mexicana presidida por el encargado de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe e integrada por las más altas autoridades policiales y de la Procuraduría de ese país ha llegado para formalizar vínculos operativos con la contraparte peruano. Éstos, sin embargo, se han propuesto para actividades “clásicas” en la materia: intercambio de información y experiencias (incluyendo una plataforma tecnológica de combate al narcotráfico) cuyo trato tiende, con demasiada facilidad, a la inercia.


Sin embargo, a la luz de la magnitud de la amenaza que los carteles de la droga representan para México (más de 6 mil muertos en dos años), la presencia de algunos sus miembros en el Perú y el extremadamente lento progreso de la lucha contra las drogas en la subregión andina (del que sólo Colombia y Perú pueden dar cuenta de acción efectiva), es indispensable que la cooperación peruano-mexicana se concrete en el terreno a la brevedad.


Si ésta se enrumba por los extremadamente burocráticos procesos diplomáticos que caracterizan este campo de la seguridad no convencional, la cooperación será inútil para México, que enfrenta una amenaza letal real y presente, y para el Perú, cuya sociedad no ha fortalecido su voluntad de lucha contra la amenaza del narcotráfico. Si, como es evidente, la crisis no permitirá el buen manejo del problema de balanza de pagos ecuatoriano y Perú y México sufrirán mermas en sus presupuestos de lucha contra el crimen organizado, resulta indispensable que el Perú empiece a desarrollar medios de sustento de su política exterior bilateral adecuados a las circunstancias.


Aunque en el plano general, el pragmatismo sin abandono de principios rectores es uno de ellos y el compromiso efectivo con los trabajos de largo plazo que demanda la solución de la crisis global es otro, éstos son insuficientes. Un mayo empeño nacional debe ser orientado a los problemas que emergen –y que se incrementarán- bajo las actuales circunstancias.



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