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  • Alejandro Deustua

Perú: Democracia y Proceso Electoral

5 de abril de 2006



Una rápida lectura de la última encuesta sobre la democracia en el Perú realizada por el PNUD (1) puede conducir a conclusiones inmatizadamente pesimistas sobre el futuro político nacional. Estas percepciones son especialmente preocupantes si se cuantifican en la fase final del proceso electoral que viven los peruanos (marzo de este año).


En efecto ¿Qué puede hacer el elector si 70% de los peruanos opinan que la democracia funciona mal, si más del 50% de la ciudadanía desconoce o no le interesa el tema y 29% de la población adulta se define como favorable a la aplicación de métodos violentos para “defender al pueblo”?.


La respuesta provendrá este 9 de abril del 69.4% de los ciudadanos que opinan esperanzadamente que el sistema político peruano puede mejorarse, del 39% que sí declaran conocer la democracia y atribuyen interés por su desarrollo y de la gran mayoría (más del 60%) que repudia la violencia como método de gobierno. En efecto, la mayoría de los electores que concurran el domingo a votar lo harán sobre esta base de interés colectivo, consciente de que el incremento de su bienestar económico y social depende del perfeccionamiento progresivo del sistema político y de que la opción por el desconocimiento de la democracia, la indiferencia ciudadana y el ejercicio de la coacción cruda como método de gobierno es contraria a sus intereses.


Si ésta es también una conclusión implícita en la encuesta del PNUD, lo razonable es esperar que este grupo mayoritario de ciudadanos, hoy escindidos entre varias candidaturas, descarten en la proporción mencionada, a los candidatos que dan credibilidad a la estadística pesimista de la encuesta. Estos candidatos son los que proponen el irredentismo como fundamento de la gestión pública, asumen como inmutable la ignorancia democrática de la población, actúan a través de la coacción fascista y ansían un Estado afiliado a propuestas y socios inconducentes.


La reacción de la población es doblemente esperada si estos candidatos, además, no tienen alternativas claras ni viables sobre cómo promover crecimiento sostenido sin inflación excesiva, niveles de inversión que provengan del ahorro antes que del mal uso de los ingresos, financiamiento externo originado en fuentes seguras antes que en alianzas antisistémicas, una mejor distribución de la riqueza sin grave déficit fiscal y una inserción internacional que mejore la captación de tecnología y recursos al tiempo que genere positivos términos del intercambio. Por lo demás la gran mayoría que piensa que la gestión pública puede mejorarse por medios democráticos quizás no optará por quienes pretenden salvar su carencia programática y administrativa sobrecargando el rol de un Estado que, para fortalecerse, no puede ser objeto de excesos fiscales, reguladores o confrontacionales. Especialmente cuando estos candidatos ya han hecho mal uso del Estado para promover sus carreras políticas a través de instituciones tutelares o supuestamente autónomas como las Fuerzas Armadas y el Banco Central.


En este punto no deja de ser paradójico que quien pretende “refundar la República” haya vulnerado, en su momento, las normas de no deliberancia que obligan a la institución castrense al tiempo que agrega desprestigio a los partidos políticos, por él despreciados, haciendo uso fascista de una organización originalmente liberal como la UPP de Pérez de Cuellar.


Como tampoco deja de ser escandaloso que, quien lo acompaña en la plancha presidencial, haya optado, con increíble cálculo burocrático, por solicitar licencia en vez de la renuncia a una institución constitucionalmente autónoma como el Banco Central. Este candidato, que pertenece al Directorio de la entidad encargada de salvaguardar la estabilidad monetaria, ha preferido añadir volatilidad al sistema financiero que sacrificar su empleo en caso de derrota.


Es este tipo de dirigencia política a la que la ciudadanía supuestamente desprecia según la encuesta del PNUD. El electorado peruano que cree en la democracia, en el Estado de Derecho y en métodos no violentos de gestión (salvo los necesarios para preservar el orden interno y la soberanía territorial) y que presenta la otra cara de la encuesta mencionada, no apoyará candidaturas militaristas si su voto se ampara en la razón.

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