• Alejandro Deustua

Otra Imprudente Movilización Humalista

Aunque la influencia política de agentes privados que actúan al margen del Estado (o de la ciudad o de la tribu) es tan antigua como la historia, ésta es reconocida como relevante para la política exterior hace más o menos tres décadas. Hoy esa influencia se ha incrementado en el marco de la interdependencia global al punto de condicionar esa política de Estado.


Esa realidad es aceptada, muchas veces estimulada y a veces manipulada por los gobiernos siempre que no interfiera excesivamente con la gestión de su proyección externa. La resistencia del Estado a la acción anárquica de los individuos es especialmente intensa cuando aquélla afecta o pueda afectar intereses nacionales primarios. Como se sabe, entre ellos, se encuentran los delimitatorios que, por definición, precisan materialmente el ámbito jurisdiccional estatal.


Sobre ello hay consenso internacional y ciudadano. La intensidad del consenso puede variar de acuerdo a las tradiciones del lugar, pero su existencia, salvo excepciones, es indisputada. Sobre su materia se puede opinar, criticar o influir pero no intentar su extracción del ámbito público correspondiente. Lamentablemente es esto lo que está haciendo el señor Humala y sus seguidores con la marcha hacia el hito No.1 en la frontera peruano-chilena.


Con ella, el señor Humala no sólo pretende "despertar la conciencia nacional" sobre la naturaleza de nuestra política exterior con Chile sino atribuirse la dirección de la misma. Ello es inaceptable no sólo para el Estado sino para el resto de ciudadanos que no necesitamos ser alertados por él sobre la relación del Perú con Chile y mucho menos ser sometidos a su liderazgo.


Y menos cuando su intención es recuperar un protagonismo nacional perdido en las últimas elecciones, readquirir notoriedad externa (objetivo que ya logró) y reposicionarse para las elecciones del 2011.


Si esta evidencia permite calificar su acción de inaceptable (como lo fueron con anterioridad otras de sus andanzas subversivas que concluyeron sangrientamente), lo es más cuando pretende usurpar una causa nacional (la consolidación de la soberanía peruana en la frontera territorial con Chile y la solución a la controversia marítima con ese país) endilgándole una etiqueta excluyentemente "nacionalista". Por lo demás, la modalidad callejera de esta pretensión reitera los usos y costumbres del viejo fascismo a las que su organización recurre desde sus fuentes.


De otro lado, si sobre el territorio nacional todo ciudadano tiene derecho al libre tránsito, es evidente que nadie puede ser impedido de ejercer ese derecho hasta la línea de frontera. En esta perspectiva, los ciudadanos que marchan con Humala sólo estarían ejerciendo un derecho ciudadano hasta el punto Concordia en el sur (el punto donde la línea de la Concordia llega al mar).


Pero su acción puede ser impedida si el Estado considera ese espacio territorial como sensible sea a la manera de lo que ocurre con las zonas de emergencia sea porque considera que la movilización ciudadana puede colocar al Perú en un situación de riesgo externo. Esta última consideración es la que el gobierno atribuye a la acción del señor Humala. Insistir en ella constituye, por tanto, un desafío a la autoridad interna antes que a la del vecino.


Si ello es así, sería bueno que el gobierno lo explicara y no sólo actuara aunque su conducta sea la adecuada. En efecto, éste ha procedido a resguardar el orden público en la frontera para impedir el desborde en ella. Por lo demás, en esa acción de mantenimiento del orden interno, el gobierno ha empleado a la Policía Nacional y no a la Fuerza Armada porque el objetivo no es reprimir sino prevenir una innecesaria fricción con Chile.


Pero adicionalmente a ello, el gobierno debe dar señales claras sobre su disposición a resolver de manera prioritaria los asuntos pendientes con el vecino. Ello no sacrificará la agenda positiva bilateral si la conducción del proceso correspondiente se lleva con prudencia. Y además recibirá el respaldo ciudadano siempre que alerte que los objetivos a lograrse pueden no ser los óptimos.


Si no lo hace el gobierno estará alentando más movilizaciones desmedidas y estimulando liderazgos mesiánicos que desean apropiarse de una causa nacional complicando la satisfacción del interés nacional correspondiente.



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