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  • Alejandro Deustua

Lapidación del Orden

7 de marzo de 2023



La incalificable lapidación de un destacamento de las fuerzas armadas en Puno por un grupo insurreccional y el forzado desvío de la ruta por la que debió abrirse paso para restablecer su presencia en el área es un hecho que atenta, una vez más, contra el poder legítimo del Estado.


En efecto, si la fuerza armada es una institución central que dota de fuerza coactiva al gobierno, otorga seguridades para el ejercicio jurisdiccional, asegura la defensa territorial y respalda la política exterior (especialmente en el trato con los vecinos y el Hemisferio), el vergonzoso apedreamiento del destacamento del ejército en Puno es un desafío a la organización política de la sociedad, a la seguridad de la población y a la identidad nacional. Que ello haya ocurrido en una región fronteriza agrava la responsabilidad de los atacantes en tanto debilita la defensa nacional y la percepción que se tenga de ella.


Luego de la aceleración del proceso de desinstitucionalización emprendido por Castillo estos hechos evidencian la subsistencia de una militancia antinacional y extremadamente violenta en la que muchos ciudadanos se han dejado atrapar. Sin reclamos económicos y sociales concretos que hayan conducido el ataque, el objetivo político implícito de la agresión a un destacamento inhabilitado para ejercer su legítima defensa linda con el terrorismo (y, probablemente, con el Movadef y el Fenatep).


Claramente ese resultado no puede ser un logro del que ciertos defensores derechos humanos, entendidos por ellos como los de una parte de la población, puedan sentirse orgullosos. Y mucho menos puede entenderse que el sacrifico de miembros del Ejército sea una forma sensata de establecer el orden en una región dominada por desconocidos pero letales dirigentes que desean destruirlo (como ocurre con anarquistas y con ciertas minorías conosureñas).


Si la orden de cancelación del uso de armas de fuego por la Fuerza Armada, aun en el caso extremo de la legítima defensa, provino del gobierno, éste debe responder por ello. Como también lo debe hacer, el comando que pudiera haber interpretado de manera extrema esa disposición hasta el punto del sacrificio de sus propios subordinados. Pero, por encima de esas responsabilidades, está la de los responsables directos de la quema de comisarías, de oficinas del Poder Judicial y de la toma de vías de comunicación en Puno que han conducido a la muerte de soldados peruanos.


En la perspectiva humanitaria, esta vez ellos son los afectados (asunto no se judicializará). Pero no sólo ellos, sino el Estado mismo como sujeto responsable de la protección de la población y de sus derechos comprometida por internacionalmente. Sobre el particular debe recordarse que sin Estado esa protección no puede lograrse por la sencilla razón de que son los Estados los suscriptores de los tratados correspondientes y porque sólo la vigencia estatal, promovida por la sociedad, permite que ésta reciba garantías para su seguridad.


Esas garantías son correspondientes, por tanto, al grado de organización social en torno de principios y normas compartidos y de la eficacia de la autoridad correspondiente. Pero si son los propios ciudadanos quienes erosionan o sabotean a esa autoridad legítima, los derechos humanos a proteger tenderán a ser peor resguardados.


Lamentablemente, no es esto lo que entienden hoy los denunciantes de violaciones humanitarias en el Perú que actúan al margen de la realidad que se vive en escenarios como el de Puno y en instituciones como las fuerzas armadas degradadas por diversos responsables.


Al respecto, el ataque en Puno no sólo sacó provecho de esa degradación o de la renuncia a hacer uso legítimo de la fuerza. También sacó partido de la insuficiencia de capacidades elementales para ejercerla. ¿Tiene la Fuerza Armada, en el sur del país, armamento no letal para cumplir con sus obligaciones? ¿Dispone de transporte blindado apropiado? ¿Tiene acceso a medios de transporte aéreo adecuado? ¿Cuenta con rochabuses o gases lacrimógenos suficientes y sus elementos reciben adecuada capacitación? ¿Dispone de información de inteligencia operativa eficaz?


Si la respuesta es negativa, como parece, esa fuerza no sólo está desprotegida e incapacitada para cumplir con su misión local sino que da muestra de indefensión en un territorio que, como el altiplano, es vulnerado a diario por el crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico y otro tipo de agentes que no encuentran obstáculos en mimetizarse con la población u organizaciones locales de vocación trasnacional (y, quizás, de coordinación boliviana).


Las acciones correctivas deben emprenderse a la mayor brevedad. Sin ello no habrá ni Estado, ni Estado de derecho, ni orden, ni recuperación democrática creíbles.


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