Luego de un corto período de incertidumbre generado por la última cumbre andina realizada en Guayaquil, Perú y Colombia han confirmado que negociarán sendos acuerdos de libre comercio con la Unión Europea (o uno en conjunto). Ecuador se ha sumado después a la iniciativa (aunque para negociar, probablemente, un acuerdo distinto). Aunque no es ésta una alternativa ideal para consolidar un acuerdo de asociación entre la CAN y la UE definido, además, por el diálogo político y la cooperación, ciertamente es la mejor.
Por lo demás, no existe otra posibilidad de satisfacer los intereses peruanos y colombianos (y, ahora ecuatorianos) de continuar mejorando sustantivamente su inserción externa. Luego del permanente bloqueo boliviano (que se opone al concepto mismo de acuerdo de libre comercio) y las dubitaciones de Quito, esta alternativa es la única existente. Es más, ésta ya estaba incorporada en el esquema de “arquitectura variable” aceptado por las partes hace unos meses en una reunión realizada en la misma Bolivia.
De otro lado, a pesar de que la Unión Europea mantiene un interés por la negociación con una entidad de integración, la UE se ha percatado de la ausencia de consenso andino en el acápite comercial. En consecuencia procederá, aunque mantenga vigentes para el conjunto los andinos la negociación del esquema de diálogo político y de cooperación.
Al optar por esta alternativa, la UE no sólo se ha convencido de la legitimidad de la posición peruana y colombiana sino de su legalidad. En efecto, ésta se fundamenta plenamente en la Decisión 598 de la CAN que explícitamente permite este tipo de negociaciones cuando no hubiera sido posible lograr un acuerdo previo entre los miembros andinos (art. 2 de la Decisión), cuando la alternativa bilateral no hubiera sido la prioridad original en desmedro de la comunitaria (art. 1), cuando exista disposición de los negociadores a respetar el ordenamiento jurídico andino (el caso de la misma Decisión 598 y la que permite negociar propiedad intelectual, p.e.) y se respeten las sensibilidades comerciales de los demás (lo que efectivamente ocurrirá).
Por lo demás, la disposición que establece la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida (un principio universal en materia comercial) a los que no son parte del acuerdo, beneficiará a Bolivia sin que ésta tenga que hacer el menor esfuerzo para lograr esas ventajas.
Superada la duda normativa, Perú y Colombia no sólo mejorarán su inserción externa sino que podrán diversificar sus mercados otorgándoles seguridad.
En efecto, la relación comercial con la Unión Europea está regida hasta hoy apenas por una concesión unilateral (el esquema SGP Plus antecedido por el SGP simple) cuya duración es, además, incierta. Y la incertidumbre del esquema es mayor si considera que éste no depende sólo de la discrecionalidad europea, sino de la eventualidad de un reclamo o denuncia que pudiera plantear algún país que se considerase eventualmente perjudicado. Ello ya ha ocurrido cuando la India que planteó ante la OMC un reclamo contra el esquema SGP andino por considerarlo discriminatorio. El panel de la OMC que vio el caso dio la razón a la India.
Por lo demás, a la seguridad en los intercambios entre el Perú, Colombia y la UE, se sumará el beneficio de un acceso franco al segundo destino de exportaciones andinas en momentos en que la crisis económica global tiende a limitarlos. Teniendo en cuenta que la reducción de la demanda en las economías centrales será una realidad mientras dure el ciclo recesivo, el mayor acceso a más mercados disminuye, en no poca medida, la reducción del valor y volumen de nuestras exportaciones a esos mercados.
Pero además de este beneficio de acceso existen dos de carácter estratégico. El primero está definido por la dimensión política de una relación comercial contratada en beneficio mutuo. Aunque el acuerdo no lo mencione, es evidente que esa mayor vinculación se trasmitirá a un mejor desarrollo del acápite de diálogo político fortaleciendo la dimensión occidental de la inserción peruana y colombiana. Ello reportará beneficios importantes colaterales probablemente relacionados a un mejor flujo de información y de cooperación estratégica.
El segundo beneficio adicional se deriva del seguro que el eventual acuerdo aporta contra el riesgo del proteccionismo que tiende a acompañar, de manera amenazante, los períodos de recesión. De esta manera el Perú y Colombia (y, ahora, Ecuador) estarán agregando un cierto nivel seguridad colectiva a la comunidad internacional y contribuyendo a que no se presente en el sistema internacional ni en el americano un escenario que pudiera parecerse, aunque lejanamente, al que prevaleció en los años 30 del siglo pasado.
En consecuencia, la conclusión de los referidos acuerdos permitirá a sus suscriptores mejorar el clima de apertura hoy debilitado por el fracaso de la Ronda Doha. Si ello agrega complicación a la administración de la OMC, ésta se compensa por la garantía de un flujo comercial que, aunque en escasa medida, confronta la tendencia a la reducción del valor del comercio mundial el próximo año. Aunque la participación en el intercambio mundial de Perú y Colombia no sea significativa, sí compromete a estos dos países en el esfuerzo colectivo orientado a minimizar el daño que producirá la disminución referida a la economía global.
Por lo demás, es necesario tener en cuenta que la Unión Europea no sólo es el tercer destino de las exportaciones nacionales, sino que es el principal inversionista en el Perú (55.2% del total) y su principal fuente de cooperación internacional (420 millones de euros en la última década y 132 millones de euros para el período 2007-2013). El acuerdo de libre comercio fortalecerá ese aporte imprescindible a la economía nacional.
Este conjunto de razones a favor de la negociación en ciernes no sobrevalora la importancia del acuerdo en cuestión. Simplemente lo coloca en perspectiva. Mientras tanto, el Perú y Colombia deberán hacer valer su peso político y económico en la CAN para que esa organización no se frustre adicionalmente por la radicalizada opción boliviana por una versión extrema de comercio administrado y por el inadmisible empleo de la presión de masas con que su gobernante ha amenazado a sus socios.
Aunque con dilación, el Perú y Colombia han optado por la alternativa correcta. Además de persistir en ese camino ahora deben recuperar, a la brevedad, la influencia perdida en el ámbito andino. Esperamos que los socios subregionales, como Ecuador, acompañen ese empeño. Y que los gobernantes bolivianos, en un momento de iluminación, cambien de conducta por el bien de su país y del progreso y la estabilidad andina.
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