• Alejandro Deustua

La Crisis Colombo-Venezolana

El secuestro del terrorista de las FARC Rodrigo Granda en Venezuela sufragado por Colombia ha llevado a nivel crítico lo que ya era una complicada relación de seguridad entre esos países. Las posibilidades de que ésta empeore, especialmente de manera encubierta, no son pocas en tanto el trato diplomático formal sólo cubre uno de los aspectos de la solución.


En efecto, si éste tiene como objetivo el retorno a la situación “ex -ante”, el potencial de que surja una crisis aún mayor en el futuro se incrementará si las partes sólo deciden regresar a la posición preexistente. Ese peligro no será minimizado mientras el presidente Chávez no aclare la relación de su gobierno con el terrorismo colombiano o éste no sea derrotado. Como es obvio, lo primero es más fácil que lo segundo y lo primero es improbable.


El primer hecho que esta crisis evidencia es la presencia activa, militante y tolerada de las FARC en Venezuela. Hasta donde se sabe, el terrorista Rodrigo Granda no sólo tuvo libre movimiento, de comunicaciones y de acción política (participó en reuniones promovidas por el oficialismo venezolano como el Segundo Congreso Bolivariano), sino que le fue facilitada la nacionalidad venezolana. Con anterioridad Venezuela dio refugio a un aeropirata del ELN y la bancada chavista promovió la intervención de un miembro de las FARC ante la Asamblea Nacional (Oppenheimer).


Por lo demás, el presidente Chávez no ha desmentido plenamente anteriores contactos con la subversión (de los que hoy dice estar distante). Y tampoco ha recusado las pruebas de las actividades de las FARC en Venezuela que el gobierno de Colombia le ha remitido oficialmente. Aunque la remisión ha sido adecuadamente registrada, el Presidente sóla ha expresado su disposición a capturar a cualquier agente clandestino que emplee su territorio. La pregunta al respecto es por qué no lo ha hecho antes y si esa inacción es sólo explicable por la anuencia de una presencia ahora incuestionable.


La crisis también reporta otra preocupación: la de los medios empleados por Colombia para confrontar a sus enemigos fuera del país. El ministro de Defensa ha admitido haber pagado por la captura de Granda y en este contexto, el Vicepresidente Santos ha ratificado la legitimidad de recurrir a “cazarecompensas” en el combate del terrorismo sin precisar si se refiere sólo al ámbito interno. En una región cuyos Estados hacen gala de apego al derecho internacional en su proyección externa, la conducta colombiana constituye una manifiesta violación de esa tradición. Si el recurso al secuestro bélico es una metodología común en el Medio Oriente, en nuestro Hemisferio no lo es. Y cuando éste se ha empleado excepcionalmente, siempre fue recusado (así ocurrió con la Operación Cóndor con posterioridad a la guerra sucia de los 70 y con las operaciones encubiertas norteamericanas en México en la era Reagan).


Colombia ha justificado el hecho recurriendo a la cobertura de resoluciones del Consejo de Seguridad que prohíben a los Estados miembros de la ONU cobijar a terroristas y a la renuencia venezolana a tomar acción a pesar de que oportunamente puso a sus autoridades en conocimiento de las actividades de las FARC. Pero el gobierno de Chávez dice, sin negar el hecho, que no le fue solicitada formalmente la extradición.


Si pudiéramos marginar la dimensión jurídica del problema, el hecho concreto es que estamos frente al ejercicio regional de una variable del ataque preventivo, a la aplicación local del concepto de la guerra global contra el terrorismo y, también, frente a la aplicación del acápite antiterrorista del Plan Colombia fuera de Colombia. Una innovación estratégica de la lucha contra el terrorismo está ocurriendo en la región. La solicitud colombiana de ayuda a Venezuela y sus vecinos forma parte también de ella.


En este conflicto el rol limitado que, por el momento, Estados Unidos ha adoptado en la crisis no escapa a la atención. Aunque Venezuela imputa a la primera potencia la estimulación de la confrontación, hasta donde se sabe aquélla sólo ha apoyado incondicionalmente al gobierno de Colombia en el caso específico confirmando el rol de aliado de ese país. Al hacerlo inmatizadamente, sin embargo, Estados Unidos ha escalado el antagonismo frente al gobierno de Chávez dejando en claro que tanto en la guerra contra el terrorismo como bajo sus nuevas prioridades (la promoción global de la libertad) Venezuela es vista como un obstáculo que pretenderá superar (la señora Rice ya ha calificado al gobierno de Chávez como un “factor negativo” en la región). De allí que el presidente venezolano mantenga un tono moderado en el trato de la crisis con Colombia y una intensa beligerancia en la confrontación con la primera potencia.


Por lo demás, a esta crisis no es ajena la influencia cubana y la interacción que ésta pueda tener directamente con las FARC. En efecto, la relación de Castro con el presidente Chávez ha pasado de la cooperación específica petróleo por asistencia (la de miles de médicos y profesores cubanos en Venezuela) a una cuestionable política que define la valencia estratégica de una alianza. En efecto, a cambio de la protección ideológica que Chávez recoge de Castro y del tercio del petróleo que se consume en la isla (transferido a precio preferencial) ambos gobiernos, según la prensa norteamericana, han suscrito un acuerdo sobre asistencia jurídica en materia penal mediante el cual representantes judiciales y policiales cubanos podrán investigar actividades anticubanas en Venezuela. Teniendo en cuenta el carácter represivo del acuerdo y la vinculación política que la subversión colombiana mantiene con Cuba, eventualmente una acción contra terroristas colombianos en Venezuela podría ser influenciada negativamente por Cuba. Esta vinculación no sólo incrementa el nivel de conflicto con Estados Unidos sino que contraviene los compromisos democráticos de la Comunidad Andina.


De otro lado, la CAN es afectada directamente por el conflicto en dos extremos. Primero, el principal núcleo comercial andino –el colombo/venezolano- ha sido puesto en riesgo. Aunque un comercio anual de US$ 2300 millones (2004) no ha sido tocado directamente por las medidas de represalia del gobierno del presidente Chávez, podrían serlo dada la premura venezolana por afectar la relación económica, la ambigüedad inicial sobre el ámbito de su respuesta y el congelamiento efectivo de proyectos de integración bilateral (especialmente en el sector energético). De ser afectada la normatividad andina, la mermada capacidad negociadora de la CAN se vería seriamente disminuida (p.e. en el proceso de evaluación conjunta que se realiza con la Unión Europea para lograr un acuerdo de asociación).


Un segundo efecto, podría reflejarse en la disposición negociadora de Estados Unidos con los tres interlocutores andinos. Perú y Ecuador eventualmente tendrán que efectuar algún deslinde dado que Colombia está involucrada en la negociación –que tiene un componente de seguridad- con la primera potencia. Por lo demás, si la fragmentación colombo-venezolana afectará de todas maneras la credibilidad generadora de la Comunidad Suramericana de Naciones, una mayor fragmentación andina reducirá el potencial de ese proyecto a su mínima expresión.


De allí que la presentación de buenos oficios por la presidencia del Consejo Andino de Relaciones Exteriores que hoy corresponde al Perú sea vital para la CAN. Ésta, sin embargo, si no es disputada, no está siendo públicamente coordinada con el otro facilitador de una solución: el Brasil cuya dimensión regional se dejará sentir en el manejo de la crisis (y ahora, Chile también desea intervenir).


Si, dada la cantidad de actores comprometidos, la complejidad de la crisis es mayor de lo que el discurso oficial traduce ésta se intensifica cuando se aborda su naturaleza. Ésta es una que deriva de la evolución de un conflicto tradicional (la disputa por límites y recursos en el Golfo de Venezuela que tuvo una evolución militar en 1987) a uno no tradicional (el generado por el terrorismo y también por el narcotráfico) con la capacidad de producir la interacción de ambos extremos. Si la extensa frontera de alrededor de 2000 kms. es porosa frente a la agresividad del narcotráfico (que ha convertido a Venezuela en importante país puente en el comercio de la droga) y del terrorismo (que ya ha producido fricciones entre las fuerzas del orden de los dos países), la interacción de los conflictos sólo puede magnificar su verdadera escala. De allí que la compra de armas por Venezuela (que incluye Migs rusos en cantidades considerables) y por Colombia (para el ejército de tierra) adquiera nueva condición estratégica. La tendencia a la fragmentación subregional que ello produce se incrementa con el potencial uso de la oferta y demanda del petróleo venezolano como parte del conflicto y sus ramificaciones.


Para minimizarlo Venezuela debe establecer cuál es su relación con la subversión colombiana (y la que pudiera haber con otros liderazgos antistémicos en la subregión andina, como el que pudiera tener con el MAS boliviano de Evo Morales). Si no tiene vinculación con el terrorismo colombiano, debe contribuir a derrotarlo. Como es obvio que ello no ocurrirá sin asistencia externa, la Comunidad Andina no puede seguir simulando que integra una zona de paz. Sus miembros deben ofrecer su concurso a Colombia para acabar con esa amenaza global. Y si no hay progreso, el mecanismo interamericano de seguridad colectiva debe poder activarse para confrontarla. En el proceso el gobierno del presidente Chávez debe decidir si desea mantener la relación democrática dentro de la CAN. Lo que no puede ocurrir es que la solución diplomática implique la convivencia con un conflicto que tiene el potencial de proliferar en la subregión.

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