• Alejandro Deustua

La Corrupción y su Cuantía a Propósito del Caso Humala

Transparencia Internacional ha ubicado al Perú en el puesto 101 entre 176 países en su índice de corrupción global de 2016. No aparece el país entre los “rojos” del índice como Venezuela, pero sí entre los “rosados”. Y mejor colocado que Bolivia, Ecuador y México como podría alegar el argumento perdonavidas. Éste sería menos condescendiente si considera que el Perú se posiciona al final del segundo tercio entre esos países.


Por lo demás, si se celebrara el hecho de que el Estado de Derecho funciona en el Perú por tener a dos ex –presidentes en la cárcel, uno sometido a extradición y otro investigado en el pasado por la misma materia, los conformistas estarán de plácemes. En ese caso, la situación del Perú en el ránking de Transparencia podría ser mejor dirán.


Es más, si la corrupción es un fenómeno global que compromete 5% del PBI mundial según la OCDE, el problema peruano es mínimo y hasta irrelevante en esa realidad general, se alegará.


Más aún si se tiene en cuenta, por ejemplo, que no fue hasta hace poco que las instituciones europeas prohibieron a sus empresas deducir de impuestos peculiares “gastos operativos”, como sobornos, en que incurrían normalmente para hacer negocios en los países en desarrollo.


Si hacer negocios en el Perú, como en el resto de los países en desarrollo, implicaba una dosis de corrupción globalmente aceptada, las empresas de los países desarrollados contribuían activamente a esa perversa cultura. Tal modus operandi compartido era parte de la normalidad de una época pasada, se dirá. Lamentablemente, tan confortable diagnóstico ha sido sacudido hoy por la escandalosa remanencia de esa fenomenología expresada por Odebrecht.


Por lo demás, en el trato interestatal la corrupción también ha sido un secular y confortable modus operandi. Muy importantes asuntos públicos entre Estados se han beneficiado de ella sin mayor cuestionamiento. En el siglo XIX, por ejemplo, ciertas adquisiciones territoriales dependían no sólo del precio estipulado sino del costo del acceso a las altas esferas (en la era napoleónica Estados Unidos se benefició concretamente de esa práctica). Y hoy los servicios de algún funcionario de alto nivel siguen siendo monetariamente recurridos, especialmente en potencias donde el lobby o el espionaje campean.


De otro lado, quién puede cuestionar el hecho de que los ciclos económicos de determinados mercados han estado asociados al amplio ejercicio de la corrupción (en el caso peruano, la era del guano, la del caucho y el interminable ciclo del narcotráfico no son malos ejemplos al respecto).


A mayor abundamiento, ¿acaso las prácticas de los mercados informales, que son realidades predominantes en países subdesarrollados, no son una muestra contemporánea de corrupción cotidiana que califica a sociedades enteras?.


Y en el ámbito político ¿no es verdad que gobiernos dominados por determinados partidos locales (como el PRI mexicano), de proyección regional (el PT brasileño) o los ligados a una organización trasnacional como la Internacional Socialista o la comunista han empleado la corrupción para ganar influencia muchas veces decisiva?.


Finalmente, la exposición de los países chicos y de las economías emergentes abiertas (como la peruana) al flujo de capitales sucios y a su manipulación por actores corruptos de países de superior capacidad es un hecho reconocido por el Banco Mundial.


Esta incompleta lista de características de la corrupción puede ser esgrimida en países como el nuestro como atenuante.


Lamentablemente para los conformistas, esa organización define a la corrupción como un “cáncer global” que debe ser combatido porque distorsiona y complica el desarrollo, desestabiliza el sistema político, resta legitimidad a los gobiernos y subvierte el tejido social. Estas son razones suficientemente prácticas y contemporáneas (aunque también aplicables al pasado) para combatir esta calamidad en nombre del progreso y no sólo de la moral.


Pero este razonamiento, que entidades como la OCDE comparten, parece seguir siendo atendido sólo en su dimensión declarativa por no pocos gobernantes. Especialmente cuando las excusas, como las ya listadas, son multidimensionales y hasta asociadas a la naturaleza humana según dirían los realistas.


Sin embargo, en el Perú donde la corrupción cerró el siglo pasado de manera tan gravosa para la Nación, ninguna de esas excusas sirve de atenuante. Si el comportamiento del ex-presidente Humala y de su esposa estuvo condicionado por prácticas corruptas y éstas son debidamente probadas, no debe escabullirse entre las múltiples excusas señaladas más allá de los excesos que se hubieran cometido en la determinación de su prisión preventiva.


Y menos cuando recuperar el crédito y la institucionalidad de la Jefatura del Estado destruidas por el criminal modus operandi de Fujimori y Montesinos es hoy claramente una obligación moral y práctica de la Presidencia de la República. Esta obligación debió ser asumida por todos y cada uno de los presidentes que sucedieron al Presidente Paniagua porque el principio de autoridad y su expresión eficaz, una de las características fundamentales del Estado, había sido puesto en grave riesgo con serios efectos disolutivos en la sociedad.


La era fujimorista, en la que el asalto al Tesoro público sólo fue un capítulo de la corrupción gubernamental cuyo colofón fue el sometimiento del Presidente a la soberanía de una potencia extranjera, debió ser urgentemente purgada por los sucesivos gobiernos.


En efecto, si bien el atajo de la corrupción política en instancias menores y la corrupción corporativa es una tarea de largo plazo, la que amenazaba la naturaleza de la Jefatura del Estado debía ser extirpada de un tirón. A la luz del caso Lava Jato, es evidente que la primera purga no ha empezado a ocurrir. Y la segunda ha sido puesta en seria duda.


En el caso del señor Humala, la vinculación de su primera candidatura con el chavismo corrupto fue de dominio público. La evidencia de ese vínculo político se expresó en la conducta de ese gobierno (como el de otros en la región) que se negó a cuestionar procesos electorales venezolanos rodeados de denuncias cuyas consecuencias extremas vemos ahora. Al respecto, la sospecha de vínculo económico fue cotejada por la prensa pero sin resultado.


En la segunda candidatura humalista los viajes de la señora Heredia al Brasil, uno de ellos especialmente llamativo, insinuaron un compromiso con el gobierno del Partido de los Trabajadores acorde con la ambición de su director, el presidente Lula, y de su sucesora, la presidenta Rousseff de expandir su influencia en la región. El contenido no público de esa vinculación fue sometido a escrutinio pero también sin mayores consecuencias.


Y mientras, en el pasado reciente, representantes del sector privado peruano daban cuenta discreta de los turbios comportamientos de Odebrecht, el condicionamiento que imponía los gobiernos brasileños se seguía atribuyendo a la influencia natural de la potencia regional antes que a un componente mafioso.


Hoy, en cambio, los indicios de que en las dos candidaturas del señor Humala se violó la ley de partidos políticos que prohíbe el financiamiento externo de partidos locales por partidos o agencias extranjeras son confirmados abiertamente por la mafia empresarial brasileña que lidera Odebrecht.


Aunque, por la condición mafiosa del denunciante, esto debe ser probado con todo el rigor posible, la responsabilidad directa de esta situación está hoy restringida a la especificidad –y quizás menor cuantía- de los delitos partidarios en los que habría participado el señor Humala. Pero la más importante responsabilidad, la que pudo ser determinante del comportamiento externo del ex-presidente que compromete al Estado, no está determinada ni adecuadamente tipificada.


Como Estado soberano el Perú es libre de asociarse con otro Estado para realizar el interés nacional. Pero si éste es condicionado ya no por la filiación estratégica o ideológica sino por el eventual requerimiento económico de un Presidente de la República el tipo de corrupción es claramente mayor y su tipicidad debe ser mejor definida. Especialmente cuando ésta proviene o puede provenir hoy no sólo de gobernantes extranjeros sino de conspicuas empresas privadas que los asisten en un contexto en que el límite entre ambas esferas tiende a ser vulnerado por la naturaleza interdependiente de la realidad contemporánea.


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