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  • Alejandro Deustua

Implicancias de un desastre natural en un centro geopolítico

31 de agosto de 2005



Si, en el siglo XIX, la adquisición de la Louisiana (y la de Florida) por Estados Unidos fue fundamental para la organización política de esa potencia y su dominio del Caribe, en el siglo XXI, la proyección geopolítica de ese Estado federado tiene alcance global.


Su predominante posición en el Golfo de México la hace responsable del 2% de la producción mundial de petróleo, de 25% de la producción norteamericana del hidrocarburo y del 20% del gas. Y a través de su sistema portuario, el principal para Estados Unidos y el quinto en el mundo, se canaliza el 15% de las exportaciones norteamericanas (mucho más de las agrícolas) y se importa el 10% del consumo petrolero de la primera potencia. Si el huracán que acaba de cambiar la vida de 1 millón de personas en esa localidad ha afectado sustancialmente estas capacidades, los efectos internacionales de esa catástrofe pueden muy bien rebasar los US$ 25 mil millones estimados.


Por lo pronto el impacto del incremento en los precios del petróleo en circunstancias de alta volatilidad (un alza sustancial de la demanda intermediada por agentes intensamente especualtivos y alimentada por fuentes en muchos casos inestables y políticamente condicionadas) permite suponer que la superación de la cota de US$ 70 no será sólo de corto plazo. Aunque la evaluación final del daño estructural en las instalaciones del Golfo de México, aparentemente afectadas en más del 90%, será determinante para definir la reacción del mercado, la tendencia alcista ya ha establecido un nuevo piso (el rango de US$ 65-US$ 70 por barril es, según algunos, el escenario más beningno).


Y si, como es usual, la incertidumbre se traduce en expectativas de mayores precios, éstos pueden incrementarse aún más (la barrera de los US$ 100 por barril no parece ya irreal) dinamizando una de las fuerzas que condicionan negativamente el crecimiento global (el precio del crudo) mientras la otra (los déficts norteamericanos) no mejora. En ese caso el crecimiento puede desacelerarse aún más.


Para evitarlo Estados Unidos y la OPEP apenas proponen medidas de corto plazo: el eventual empleo de las reservas estratégicas por el primero y el incremento de la producción de no más de 500 mil barriles diarios por el segundo (a pesar de que el Secretario Genreral de la OPEP considera que el precio correspondiente a los fundamentos económicos debiera estar entre US$ 50 y US$ 55).


Estas medidas puede servir para atajar expectativas todavía mayores de incremento de precios pero no la tendencia de largo plazo: el alza de US$ 10 por barril a US$ 70 en media década. Este shock permanente ciertamente, ahora atizado por el desastre natural, añade vulnerabilidad a los importadores netos (especialmente entre los países en desarrollo). Su control nacional lamentablemente nos encuentra sin instrumentos efectivos de corto plazo (el fondo de estabilización establecido es claramente insuficiente). En consecuencia, países como el nuestro ya no pueden postergar medidas de largo plazo para hacer frente al incremento de los precios del petróleo.


Con diferencia de énfasis, éstas son el cambio de la matriz energética nacional hacia el uso consumo intensivo del gas, el incremento de inversiones en exploración y la integración energética andina. A ellas deben agregarse tres iniciativas: la constitución de reservas estratégicas andinas disponibles sin el predominio de los mayores productores, una campaña diplomática de los importadores para constituir un régimen regulador de los mercados especulativos y otra para establecer bandas de precios en épocas de crisis en un mercado donde la fuerte intervención política –y de la naturaleza- cuestiona el libre juego de la oferta y la demanda. A falta de otros medios, la mejor expresión de solidaridad con los ciudadanos de la Louisiana y con los global y económicamente afectados debe ser la de cooperar políticamente para que la economía global no se desacelere más o se estanque.

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