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  • Alejandro Deustua

Hipocresía Regional

21 de diciembre de 2022



Como si el Perú se hubiera reconstituido en el centro de gravedad estratégico e ideológico más importante de la región un número importante de países del área persisten en erosionar la relación bilateral con él debido al vínculo que mantienen las autoridades de esos países con el golpista Castillo.


En efecto, hace un par de días la canciller de Chile, Antonia Urrejola, no ha contenido su peculiar antojo de calificar la decisión del Congreso peruano en relación al golpe de Estado perpetrado por el ex -presidente y a la violación de las normas constitucionales que, en consecuencia, motivaron la declaración de incapacidad moral y la destitución de Castillo.


Al respecto, con frivolidad alarmante, la Sra. Urrejola ha opinado que este señor no es un golpista en tanto solo incumplió “las normas constitucionales que debía haber observado” sobre disolución del Congreso (RPP).


Entonces cabe preguntar qué parte de la asonada de Castillo no entendió la canciller cuando el golpista dispuso por televisión nacional disolver el Congreso, reorganizar la totalidad del sistema de justicia peruano (incluyendo la Fiscalía que lo investiga por delitos de la mayor gravedad) y gobernar a través de decretos ley.


Con sus declaraciones la canciller se ha sumado al frente antidemocrático que conforman los presidentes de México, Colombia, Argentina y Bolivia y, de manera complementaria, los países del ALBA (especialmente Cuba, Venezuela, Nicaragua).


Además, la canciller de Chile ha agregado una variante interpretativa de la realidad peruana. A diferencia de los mandatarios de los siete países mencionados que omiten escandalosamente toda mención al golpe para defender a Castillo, ella sólo califica el hecho… pero con los mismos resultados: si Castillo incumplió con la Constitución al disolver el Congreso, lo hizo sólo por error u olvido normativo.


Es decir, a pesar de la gravedad del hecho Castillo no merecía ser destituido por incapacidad moral sostiene la canciller de manera bien alejada de sus funciones, de los criterios de seriedad que debieran regirla y de las condiciones básicas para sostener una relación normal con el Perú. Al respecto es necesario aclarar si Chile desea o no suspender ese vínculo con nuestro país en tanto no reconocería a la presidenta Boluarte, quien ha asumido su cargo de manera legítima y legal, a la espera de mejor oportunidad.


El otro acontecimiento que evidencia el ánimo de los representantes de los países mencionados de deteriorar la relación con el Perú ha sido la persistencia del gobierno mexicano en violar el principio de no intervención y en desacreditar al legítimo gobierno del Perú en medio de una fuerte arremetida violentista interna contra él.


En el proceso, el presidente de ese país André López Obrador, ha insistido de manera impertinente en que su oferta de asilo a Castillo sea atendida de alguna manera aunque fuera para beneficiar a la esposa de éste quien es investigada por co-dirigir una organización criminal para beneficio propio. El gobierno peruano ha cedido a ese empuje considerando que si un Estado otorga asilo diplomático a un ciudadano, el Estado territorial (en este caso, el Perú) está obligado a brindar el salvoconducto pertinente (art. 12 de la Convención sobre Asilo Diplomático).


Al respecto debe recordarse que la misma Convención establece que no es lícito otorgar asilo a personas que, en ese momento, estén inculpadas o procesadas en tribunales ordinarios por delitos comunes (art. 3 ) que es el caso de la esposa de Castillo. Especialmente si esa señora no es una perseguida política dado que en el Perú ese tipo de conducta es, de momento, inexistente.


Parece claro que en este caso ha habido una negociación para no llegar a mayores. Ello no ha impedido que el gobierno peruano declare persona non grata al embajador de México menos por sus actos que por las afirmaciones irresponsables de López Obrador de las que éste pretende obtener rédito político.


Teniendo en cuenta la evolución de la reacción de nuestros vecinos la Cancillería debe alertar sobre la grave inestabilidad regional que esa actitud puede desencadenar. Para evitarlo, como hemos sugerido con anterioridad, esta entidad debe llevar el caso a los foros multilaterales (ONU y OEA) para precisar los hechos y presentar los mismos a cada país de la región. Además, teniendo en cuenta que el presidente electo del Brasil no se ha comprometido aún con sus correligionarios regionales parece imprescindible estimular su disposición a apaciguar los ánimos ideológicos en el área. A ello puede contribuir también los gobiernos de Uruguay, Paraguay, Ecuador y de Estados Unidos que han mantenido la ecuanimidad.


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