• Alejandro Deustua

Estados Unidos: Planes de Recuperación Económica y Estabilización Financiera

Los que asumen que el estímulo estatal de la economía norteamericana ha quedado corto quizás deberían revisar su opinión. En efecto, a pesar de que en el futuro el gasto público pueda aumentarse, Estados Unidos está comprometiendo más de 3 trillones de dólares en la reactivación de la economía real y en el saneamiento de su sistema financiero si se incluye la participación privada en el segundo capítulo.


Esto es más de lo que se gastó en el Plan Marshall (alrededor de US$ 13 mil millones) a lo largo de cuatro años para la recuperación de la economía europea y quizás un monto superior a lo que requirió el conjunto de programas del New Deal en términos constantes. Tal es la extraordinaria magnitud de la crisis desde el punto de vista de los requerimientos de capital en una economía mucho mayor y más sofisticada e interdependiente que la de la preguerra.


Esta referencia al costo de la crisis en términos de capital es de indispensable consideración porque en la década de los 30 del siglo pasado el costo social del desempleo fue mucho mayor al actual. Con promedios de más de 15% (y picos de más de 20%) la Gran Depresión fue mucho más dolorosa si se la compara con el 7.6% de desempleo actual en Estados Unidos (que, a su vez, es bastante menor que el promedio europeo contemporáneo).


Sin embargo, el ritmo del crecimiento del desempleo norteamericano se ha acelerado hasta más de 500 mil el mes pasado para un total de 3.6 millones de parados que demandan atención. De allí que el objetivo de uno de los programas en ese país sea “salvar o crear” 4 millones de puestos de trabajo para evitar una catástrofe que redundaría en la profundización de la recesión y su ampliación a otras economías (incluyendo la de los países en desarrollo como el Perú).


En efecto, la restricción continuada del consumo norteamericano no sólo resultaría en grave inestabilidad social en la primera potencia sino en la neutralización de la correspondiente capacidad importadora (aunque el déficit comercial se ha reducido ya a 3.3% del PBI, esa tendencia a la corrección de uno los desequilibrios externos estadounidense –bienvenida en otras oportunidades-es, en el corto plazo y mediano plazo, desastrosa para los exportadores de terceros países especialmente para los que, salvo en el caso de México y Canadá, las colocaciones extra -regionales son más importantes que las intra-regionales). A ello podría agregarse la esterilización de la inversión extranjera directa de origen estadounidense, agravando tanto una tendencia similar en Europa como el flujo de capitales financieros globales a los países en desarrollo. Si, al margen de cualquier cálculo dependentista o estratégico, nadie duda de la importancia y conveniencia de la fortaleza del mercado de Estados Unidos, el Programa de Recuperación y Reinversión de aproximadamente US$ 800 mil millones debe tener éxito. Y, por tanto, es de importancia global, y no sólo norteamericana, que esa política de gasto fiscal, reducción de impuestos e inversión pública en infraestructura física, de salud, educación y social sea bien gestada, orientada y ejecutada.


A estos efectos, el Congreso norteamericano debe adoptar el Programa de Recuperación y Reinversión con criterios ciertamente nacionales y locales pero también universales si es que Estados Unidos pretende mantener su liderazgo y posición en el mundo. Tan importante como ello es el consenso que los norteamericanos deben lograr en torno al Programa de Estabilización Financiera. Ello incluye a los agentes del mercado bursátil que hasta ahora se siguen desempeñando como meros demandantes antes que como corresponsables de la extraordinaria crisis que han contribuido a generar.


En efecto, luego de la presentación por el Secretario del Tesoro de los lineamientos del mencionado Plan, los mercados respondieron como si se nos encontramos en tiempos de normalidad: a falta de detalle político, decidieron adoptar una posición vendedora erosionando más el mercado de capitales y volatilizando los rendimientos los bonos del Tesoro. Tal parece que para ellos, la racionalidad en tiempos de crisis no debieran ser muy distinta a la de tiempos de bonanza y, por tanto, parecen dispuestos a prolongar el momento en que los márgenes de ganancia se incrementan especulativamente sin importar el costo.


Si es verdad que el señor Geithner debió indicar que, por el momento, se limitaría a mostrar decisión política y a enunciar los lineamientos del Plan de Estabilización, el anuncio de convertir el segundo tramo del TARP (Troubled Assets Recovery Program) de US$ 350 mil millones heredados de la administración Bush en un plan de alrededor de US$ 2.5 trillones apalancados con participación de capital privado debió merecer mejor recepción.


Especialmente, si ese Plan no contempla penalidades (los responsables de malas prácticas no han sido materialmente responsabilizados por el gobierno), ni injerencia del Estado en la gestión de los bancos, ni indicaciones gerenciales sobre flexibilidad crediticia. Apenas “afectados” por ciertos topes a la bonificaciones (alrededor de US$ 500 mil dólares), los bancos parcialmente responsables de la crisis estarán recibiendo inyecciones de capital (quizás US$ 350 mil millones adicionales) y sus “activos tóxicos” serán adquiridos por un fondo ad hoc (uno o varios “bancos tóxicos” hasta por US$ 500 mil millones aproximadamente). Mientras tanto, el FED contribuirá a sanear el mercado aportando crédito directo hasta por US$ 1 trillón y el gobierno contribuirá a impedir más ejecuciones hipotecarias promoviendo la renegociación de las deudas saneables (US$ 50 mil millones más o menos).


Ciertamente la implementación del Plan será compleja. Empezando por la valoración de los “activos tóxicos” cuyo precio presenta variaciones de hasta 0.50 centavos por dólar dependiendo de qué agente del mercado desee opinar. Para eliminar esas incertidumbres y para contribuir a que el Plan sea efectivo, estos agentes serán convocados por el gobierno y el Congreso. Sin embargo, estos señores se dan el lujo de complicar más el panorama generando mayor desconfianza en el mercado.


De otro lado, así como esta conducta debe corregirse, Estados Unidos debe medir bien cuáles son sus responsabilidades globales. Éstas se deben estimar en términos de la ventaja que supone disponer de la divisa predominante (sovereignity) cuya “emisión” libre produce descompensaciones externas, “moral hazard” y, además, inflación futura.


En tanto buena cuenta de la extraordinaria creación de liquidez será sufragada internacionalmente a través de la compra de bonos, el riesgo de esos papeles debería subir. Si ello no ocurre en la proporción que debiera hoy es porque la comunidad internacional sigue apostando por el dólar y por la economía norteamericana. Es por ello que la autoridad de ese país está adquiriendo una obligación que debe poder sufragar con la creación de estabilidad internacional y acceso a los mercados. A estos bienes públicos deberá agregar, luego, medios para que el control de la inflación posterior no implique, para los que contribuyeron, ajustes recesivos como los que ya hemos conocido.


De allí que la necesidad de coordinación y cooperación económica de corto plazo sea tanto o más indispensable que la elaboración de normas y controles financieros que impidan que una crisis como la que vivimos se vuelva a repetir. Los Estados que se rigen por principios liberales, estrictos o laxos, están obligados a procurar esa coordinación. Especialmente si la suma de soluciones nacionales puede resultar en desorden o fricción posteriores.


Estados Unidos debe liderar ese requerimiento y hacer sitio para que países pequeños, como el Perú, puedan contribuir con planteamientos razonables para la comunidad internacional al tiempo que satisfacen sus propios intereses.




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