Al contrario de lo que se esperaba la ronda negociadora del acuerdo transpacífico recientemente celebrada en Hawaii no concluyó con el cierre definitivo anunciado.
En el marco de la extremada reserva que disciplina las negociaciones de aparentemente 29 capítulos de ese acuerdo, las partes tampoco clarificaron cuál sería el curso a seguir.
Ello decepcionó a los interesados en que se concrete un régimen comercial regional que representa entre 37% y 40% del PBI mundial y que es responsable de un valor de exportaciones de US$ 4 trillones que se gestiona bajo el principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. La falta de información adecuada también decepcionó a los que esperan que ese régimen no se concrete.
Luego de que las autoridades norteamericanas (ahora “primus inter pares” a pesar de que Estados Unidos sólo se incorporó a las negociaciones en el 2008 luego de que el P4 -Singapur, Nueva Zelandia, Chile y Brunei- organizara el marco estratégico el 2003 pertinente) sugirieran que la de Hawaii sería la ronda definitiva, se ha especulado pesimista y optimistamente sobre el destino del acuerdo transpacífico. En efecto, en medio de la extraordinaria opacidad del proceso, la incertidumbre es la regla también en la opinión especializada.
Ello se ha reflejado en comentarios tan dispares como los que, de un lado, sugieren que el acuerdo, y no sólo las negociaciones, ha fracasado o que el proceso electoral norteamericano haría imposible que las negociaciones prosiguieran; y, de otro lado, los que afirman que sería mejor, que un número limitado de países las continuaran (p.e. el original P4 y otros interesados como Perú y México) (TE).
La conclusión de la ronda, sin el anuncio de una fecha de reanudación siquiera, alimenta esa incertidumbre calificada por la expectativa derivada del hecho de que Estados Unidos había logrado, por fin, la autorización “fast track” (que permite que lo negociado sólo merezca aprobación o desaprobación por el Congreso norteamericano y de ninguna manera enmiendas) con vistas a cerrar el paquete antes de fin de año. Ahora ello podría estar en cuestión.
Peor aún, The Guradian anuncia que Australia se habría retirado de las negociaciones debido a la posición intransigente de Estados Unidos, México, Canadá y Japón cuando se había avanzado 98% de los temas difíciles (Australia, como Nueva Zelanda tiene especial interés en abrir los mercados para sus exportaciones agropecuarias de lácteos y de azúcar). Pero, ¿ese país se ha retirado de la ronda o del proceso? No está claro.
En el lado optimista, en cambio, se sugirió que las negociaciones continuarían bilateralmente para zanjar desacuerdos vinculados con el acceso a los mercados de productos lácteos, con asuntos de propiedad intelectual (especialmente en productos farmacéuticos), la protección del sector agrícola por una buena cantidad de países (entre los que destacan Estados Unidos y Japón cuyos subsidios son multibillonarios) y con el acceso de automóviles y de sus partes y piezas a ciertos mercados, entre otros desacuerdos pendientes.
La incertidumbre es todavía mayor en tanto el interés de fondo en el acuerdo implica un interés superior. En efecto, el acuerdo transpacífico no es sólo un acuerdo de libre comercio reforzado sino un régimen que fija nuevos estándares (“normas del siglo XXI”) a la apertura de mercados de las partes como instrumento e impulso de subsiguientes acuerdos (la postergada zona de libre comercio de la APEC) y, en todo caso, como elemento compensatorio de la congelada Ronda Doha.
Estados Unidos, por lo demás, tiene en él un interés estratégico en tanto desea instrumentar el acuerdo como parte de su especial aproximación al Asia fijando los reglas de juego (el acuerdo debe ser “ambicioso, comprehensivo y de estándares altos” según el gobierno norteamericano) de las que China, de momento, se ha excluido.
De otro lado, en la medida de que esa propuesta implica un acuerdo que eventualmente va más allá de los regímenes establecidos por la OMC (especialmente en materia servicios –GATS- y de propiedad intelectual –TRIPS-), la incertidumbre generada por la frustración en Hawaii y la falta de información apropiada se confirma (per también puede abrir oportunidades, como el mayor tiempo que necesitan los países pequeños para meditar sobre una eventual revisión de sus posiciones en tanto deben actuar con la mayor cautela debido a la alta sensibilidad de los eventuales compromisos –por ejemplo, en el caso del Perú debe asegurarse de que los medicamentos genéricos podrán producirse en plazos adecuados o que el control de capitales se mantenga como salvaguarda para casos de emergencia-).
Frente a la falta de información de las partes en asuntos tan importantes, debemos recurrir a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. Ésta ha publicado un comunicado de los ministros de Comercio que acudieron a Hawaii que da cuenta de que en la ronda se lograron “progresos significativos”, que se continuará trabajando para concluir el acuerdo (en apariencia sin solución de continuidad) para lograr terreno común en los “limitados” asuntos pendientes y en la seguridad de que el acuerdo está al alcance de la mano.
Ese comunicado no ha sido adecuadamente divulgado como corresponde (el Mincetur debería responder al respecto) retroalimentando la información divergente de los medios (así, diarios japoneses sostienen que habrá una nueva reunión antes de fin de año que publicaciones especializadas consideran inviable debido al ciclo político norteamericano).
Es más, en un contexto de crisis del sector exportador de los países productores de commodities y de debilidad del comercio mundial, la desinformación creada es inaceptable para los participantes (aunque los gremios parecen tener información privilegiada), para el resto de Estados (incluyendo los ciudadanos que pueden ser afectados por las nuevas normas) y para los consumidores globales.
Especialmente cuando la distribución de ganancias potenciales será bien heterogénea sobre un total de beneficios globales estimados en US$ 295 mil millones anuales (Brookings Inst.) mientras que los cambios normativos pueden alterar los acuerdos de libre comercio ya suscritos entre las partes (en materia de productos farmacéuticos el gobierno peruano ha anunciado que no irá más allá de lo ya acordado en el TLC con Estados Unidos).
En el caso peruano la falta de información es especialmente preocupante (como lo debe ser también en Chile y México) porque ésta se limita a señalar beneficios estimados sólo en función de la magnitud del mercado general (millones de habitantes) de los participantes y del valor de total de sus exportaciones. No existe información desagregada sobre estos beneficios (especialmente importante para países que no tienen oferta exportable suficiente) ni sobre los acápites que serán beneficiados o perjudicados.
Este problema es tan extendido que recién sabemos que Australia tiene interés especial en exportaciones de azúcar y lácteos que no están siendo satisfecho. Si ello ocurre, similar problema debe tener Nueva Zelanda (que es un gran exportador de lácteos) (Instituto Petersen). Estos intereses insatisfechos son un problema mayor porque colisionan con la protección agropecuaria norteamericana que está enmarcada en una ley que difícilmente pueda ser modificada en tiempos electorales en Estados Unidos.
En lo que respecta al Perú nada se sabe qué ocurrirá, por ejemplo, con el arroz que es un producto cuyos precios están resguardados por una franja de precios que acaba de ser cuestionada por Guatemala ante la OMC (ésta le ha dado la razón pero no ha dispuesto el desmantelamiento de la franja).
Si, de momento existe disputa entre los gremios afectados (que desean una adaptación de la franja a las disposiciones de la OMC) y otros gremios (como Cómex) que prefieren eliminar la franja, esa disputa tendría que ser tomada en cuenta por los negociadores peruanos en la negociación del acuerdo transpacífico.
Pero, ¿cómo? ¿Están nuestros negociadores dispuestos a proteger un interés general de salud pública en el caso de los farmacéuticos y de los genéricos y no en el caso de intereses específicos? No lo sabemos.
Como tampoco sabemos qué ocurrirá con ciertos resguardos financieros que Estados Unidos desearía eliminar (como la capacidad de mantener como prudente salvaguarda la posibilidad de aplicar un cierto grado de control de capitales para evitar grandes salidas en momentos de crisis o en circunstancias como las actuales cuando el FED está a punto de elevar sus tasas de interés atrayendo capitales de todas partes en gran escala, incluyendo capitales peruanos).
En circunstancias en que el Perú y otros países exportadores de commodities son impactados por un schock externo de largo plazo y en que el régimen comercial mundial puede ser alterado –quizás para mejor, no lo sabemos a plenitud- la información prudente sobre este tipo de negociaciones que no han concluido como debieran, debe fluir adecuadamente. Ello cumple un rol superior al de satisfacer la curiosidad pública que es el de desescalar incertidumbres que, en las actuales circunstancias, son altas. Lo contrario es muestra de cierta irracionalidad oficial.
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