26 de setiembre de 2005
Luego de que la CEPAL redefiniera su aproximación estructuralista al estudio de la economía latinoamericana, su adaptación a las realidades de la reforma liberal se realizó añadiendo al requerimiento del crecimiento la necesidad de la equidad. Según ese organismo, esa dimensión normativa de la perfomance económica debía contribuir, mediante una mejor redistribición de beneficios, a consolidar tendencias expansivas fundamentales para cimentar adecuadaemente el mercado latinoamericano. Después de mucho bregar, sin embargo, el término equidad aún no ha logrado ser incorporado al planteamiento oficial de nuestras políticas económicas. Ello podría empezar a cambiar luego de que el último informe sobre el desarrollo del Banco Mundial adoptara, con vocación operativa, esa guía de política. Según el reporte, las fallas del mercado, especialmente las que permiten el mayor disfrute de sus beneficios por los que más tienen, deberían motivar políticas orientadas a generar igualdad de oportunidades. En esa perspectiva, la justicia redistributiva no consiste en quitar a unos para dar a otros (función más propia de la generación de igualdad) sino en equipar las condiciones operativas de los agentes en el mercado. Según The Economist, sin embargo, el sesgo meritocrático de esa definición que respalda el esfuerzo de los más talentosos y esforzados sobre los mayor dotados no es eficiente ni eficaz en tanto los mercados y las instituciones que los gobiernan no pueden sustarerse a la influencia predominante de estos últimos.
Esta discusión, que refleja la contienda entre el poder de ciertos actores y entidades económicas y la disposición a limitarlo en función del beneficio público, parece haber sido de momento resuelta por la agenda de prioridades del nuevo presidente del Banco Mundial, el señor Paul Wolfowitz, dándole la razón a la revista británica.
En efecto, en lugar de plantear políticas que acorten las extraordinarias distorsiones en la distribución de los beneficios del mercado en los países en desarrollo, el señor Wolfowitz ha priorizado la eficacia del asistencialsmo. Así, el logro de resultados de los programs y proyectos del Banco Mundial será una condición fundamental para la asignación de recursos multilaterales en la lucha contra la pobreza y la corrupción y para mejorar las condiciones de gobernabilidad, educación, salud, infarestructura y actividad agrícola de los países benficiados. Para lograrlo se destrabarán los obstáculos burocráticos y se descentralizará al personal. Esta aproximación al asistencialismo eficaz no sólo no modifica el actual consenso global sobre la aproximación oficial al desarrollo sino que, además, es coincidente con la política norteamericana sobre la materia. Al respecto debe recordarse que, en setiembre del 2002, Estados Unidos dispuso que centralizaría su disposición de ayuda económica en aquellos países que, a su juicio, se ayudan a sí mismos adoptando políticas sensatas de reforma y apertura. Salvo para los que desean mejoras cualitativas en la aproximación al desarrollo, la aplicación de la gestión por resultados en esta materia no parece tener demasiados oponentes Como excepción a esa norma, sin embargo, el Banco Mundial (y el FMI) han aprobado la decisión de los países del Grupo de los 8, adoptada en Escocia (Gleneagle), de cancelar la deuda multilateral de los 18 países pobres más altamente endeudados (HIPCs especialmente africanos) hasta por US$ 40 mil millones y considerar la posibilidad de que otros 10 puedan merecer similar beneficio. Este gran paso en el trato de los obstáculos al desarrollo generados por exceso de carga financiera parece haber quedado pendiente aún, sin embargo, de la certeza de que la Agencia Internacional para el Desarrollo del Banco puede resarcirse de los recursos pertinentes con nuevas aportaciones (a este respecto los miembros del G8 sólo se habían comprometido, en apariencia, a solventar los intereses pero no el principal hasta antes de la última reunión de gobernadores del Banco y el Fondo). Una vez consolidado este compromiso, el Comité de Desarollo de ambos organismos ha insistido en la necesiad de más asitencialismo (acercarse a hacer efectiva la referencia del 0.7% del PBI de los países generadores de AOD, especialmente para el África) y de más comercio, bajo las reglas actuales. Así ha quedado establecido con el llamado a mejorar el esfuerzo colectivo para que la Ronda Doha culmine exitosamente en el 2006 incrementando el acceso a los mercados de los productos agrícolas de los países en desarrollo (vía el desmontaje de los subsidios de los países desarrollados), pero también ampliando la apertura a la inversión relacionada con el comercio y a la exportación de servicios y manufacturas. Asumiendo que los problemas que presenta el desmontaje de los subsidios agropecuarios pudiera superarse (algo complicado de lograr para la reunión ministerial de diciembre de la OMC), se puede advertir que los capítulos restantes serán tanto o más polémicos que el que ahora condiciona la Ronda. Por ello hubiera sido fundamental que el Comité de Desarrollo de los gobernadores del Banco y del Fondo enfatizaran la necesidad de aplicar con más latitud el trato diferencial a los países en desarrollo ampliando los términos actuales que sólo refieren mayores plazos y condiciones para cumplir las mismas obligaciones que los países desarrollados.
La ausencia de esa medida es otra demostración de la vigencia del criterio asistencial y de igualdad de trato antes que de oportunidades que contradice el requerimiento de equidad planteado por funcionarios del propio Banco Mundial. Esta contradicción debe superarse si los actores más influyentes de los organismos económicos multilaterales desean medir la eficacia de los respectivos regímenes en términos de estabilidad regional y global y no sólo de perfomance macroecnómica o de reducción de las peores manifestaciones de la desigualdad.
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