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POLITICA MULTILATERAL |
El Perú en el Consejo de Seguridad
Alejandro Deustua
14 de octubre de 2005
La elección del Perú como miembro no
permanente del Consejo de Seguridad importa la recuperación
del más alto protagonismo externo del Estado y la posibilidad
de redefinir su vieja tradición multilateral. Pero también
supone un desafío complejo derivado de las incertidumbre
que presentan el sistema y la comunidad internacionales.
En relación al sistema, el Perú se incorpora a la
más alta instancia encargada de cautelar la paz y seguridad
mundiales cuando la estructura unipolar desea ser alterada por la
mayoría de las potencias emergentes. Si bien este cambio,
de ocurrir, sucederá en el muy largo plazo, la fricción
consecuente será difícil de manejar para un Estado
pequeño que intente realizar su tarea con autonomía
reconocible.
En relación a la comunidad internacional, su expansión
basada en la promoción global de valores liberales es tan
intensa como resistida en el campo de batalla (p.e. por el terrorismo
islámico) y complicada por la actual crisis del multilateralismo.
Si los obstáculos a la reforma de la ONU reflejan esa complicación,
el tortuoso proceso de la Ronda Doha expresa la inconsistencia de
la OMC a pesar de que el comercio internacional ha crecido extraordinariamente.
La reducción de la brecha entre la comunidad internacional
y su dimensión multilateral vinculada al desarrollo será,
por tanto, una tarea ineludible.
Y aunque la consistencia de los regímenes de seguridad
regionales es de difícil mensura (la OTAN se ha reformado
y expandido pero el TIAR sigue neutralizado), se puede decir que
su eficiencia está en cuestión. En tanto la Carta
de la ONU delega en esos organismos una cuota de responsabilidad
en el mantenimiento de la seguridad internacional, la incertidumbre
sobre su eficacia agrega complicación al desafío.
Perú tendrá que enfrentarlo en aspectos que van desde
el compromiso con las operaciones de mantenimiento de la paz hasta
el establecimiento de regímenes de confrontación preventiva
del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción
masiva, entre otros.
Por lo demás, la responsabilidad con la comunidad internacional
que acaba de aceptar el Estado no puede desligarse de su capacidad
para autogobernarse. Colocado en una posición de la mayor
visibilidad, la relación entre capacidad negociadora y gobernabilidad
interna se harán más eviendentes. De allí que,
los requerimientos de cohesión nacional y de una mejor inserción
de seguridad y económica deban ser satisfechos. En la medida
en que éstos reflejan el interés nacional, los fundamentos
de nuestra política exterior tendrán que perfilarse
mejor y su ejercicio ganar en estabilidad y consistencia.
Finalmente, la nueva responsabilidad del Estado deberá
ejercerse en la perspectiva de las oportunidades y limitaciones
que el contexto internacional ofrecerá en los próximos
dos años. Entre las primeras se podría encontrar una
mejora del escenario multilateral económico (si, p.e., se
resuelve el problema de los subsidios en los países desarrollados)
y hasta un progreso en el trato a los países en desarrollo
(los Objetivos del Milenio). Entre las segundas, es probable un
decaimiento de la economía global después del 2006
(según el FMI) y una situación de seguridad todavía
larvada, a pesar de los progresos, por los problemas del terrorismo
global, de la subsistencia de conflictos regionales y de la precarias
condiciones de viabilidad de un buen número de Estados pequeños.
El Perú debe estar a la altura de sus nuevas responsabilidades
y, al hacerlo, debe consolidar para el largo plazo el status temporal
que adquirirá durante los próximos dos años.
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