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POLITICA BILATERAL

Bolivia. Referendo Estratégico para el Gas

El gobierno del Presidente Carlos Mesa de Bolivia, ha establecido los contenidos del referendo que de acuerdo a la Constitución, puede realizar para definir el destino del gas natural. La consulta popular es un nuevo mecanismo que desde el mes de febrero último, se ha incorporado al texto constitucional y que permite al Estado contar ahora, con la decisión ciudadana sobre un tema que por muchos años ha afectado a la política nacional, incluyendo la caída del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre último. La estrategia gubernamental, no solamente solicita apoyo para las decisiones que adopte con relación a la exportación del gas, sino que le permitirá trazar las bases de una nueva política energética para Bolivia.

El referendo a realizarse el 18 de julio próximo, vendrá a despejar dudas, opciones encontradas e intereses nacionales de tres países que han venido esperando: la decisión de la exportación de los ingentes recursos gasíferos, conocer el volumen del financiamiento necesario de acuerdo a precios actualizados y concreción de la vía de salida del gas hacia un puerto en el Océano Pacífico. Como es conocido, Chile y Perú compiten por obtener el tránsito del gaseoducto y definir que puerto debe servir para su embarque; además recientemente se ha dado lugar al endurecimiento de las relaciones entre Chile y Argentina por el abastecimiento de energía a nuestros vecinos del Sur.

Las preguntas que realizará el Gobierno a la población, en todo caso, señalan algunos direccionamientos bastante precisos. Uno de ellos es la reiteración de Bolivia de la exigencia “de una salida útil y soberana” a través de Chile, objetivo prioritario del país altiplánico.

Las decisiones que se adopten como consecuencia del referendo, tienen igualmente una alta importancia para el futuro económico de Bolivia al establecer la nacionalización de los hidrocarburos en boca de pozo, es decir “la propiedad real que es Estado boliviano debe tener sobre la totalidad de sus hidrocarburos”; para ello se potencia la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, afirmando que se espera que la empresa “asuma el papel protagónico en el sector”. Estas decisiones suponen el establecimiento de impuestos y regalías, “llegando hasta el cincuenta por ciento del valor del gas y el petróleo a favor del país” –dice el texto de las preguntas del referendo-. Los costos reales de la inversión calculada por el consorcio multinacional que previamente demostró el mayor interés por la operación total del complejo de obtención, transporte y exportación del gas, había sido calculado en 6,500 millones de dólares, aproximadamente. Las nuevas exigencias que defina el Gobierno de Bolivia pueden alterar significativamente el monto de financiamiento del proyecto, obligando a recalcular el volumen de la inversión y las condiciones de pago. Mientras tanto, el Gobierno boliviano ha avanzado por vías políticas, en tratar de asegurar los mercados, de la costa oeste de Estados Unidos y los de México.

En el caso que la alternativa peruana sea la oportunamente preferida para la exportación del gas, obliga a nuestro país a disponer de planes de dimensión macro regional para optimizar los beneficios previstos y establecer los medios que puedan incrementar la disposición de algunas de las externalidades de la ingente inversión, capaz de dinamizar la economía y los índices sociales más significativos de la región sur del Perú.

(PRN)