OTROS ASUNTOS

Infraestructura y Sector Externo

Es un lugar común afirmar la necesidad que existe en el Perú y en América Latina de disponer de recursos de inversión para infraestructura. El Presidente del BID, Enrique Iglesias, ha recordado durante la realización de la Asamblea de Gobernadores que termina en Lima, que en la Región se gasta apenas el 3% del PBI en infraestructura frente a un 6% de los países asiáticos y que el déficit total existente puede alcanzar a 70,000 millones de dólares anuales.

Si focalizamos esta situación en el Perú, el déficit podría alcanzar a 18 mil millones de dólares según el Ministro Kuczynski para un país como el nuestro, de grandes dimensiones relativas, ubicado en una zona estratégica de Sud América para el comercio con Asia y de compleja y difícil geografía. Cuando hablamos de infraestructura nos referimos naturalmente, no solamente a las redes viales y puertos eficientes sino también a dramáticos requerimientos como agua y desagüe; infraestructura educacional y de salud, electrificación para pequeñas poblaciones y caminos rurales, entre otros.

Frente a esta situación, las capacidades y criterios tradicionales de asignación del gasto público, nos señalan con evidencia, que progresivamente los niveles de gastos corrientes de los presupuestos se incrementan y los dedicados a inversión se reducen. Un proceso inverso a las prioridades nacionales que tienden a mantenerse y que no surgen de verdaderos planes estratégicos que abarquen las distintas dimensiones de los requerimientos de desarrollo integral, que puedan también incluir las nuevas y urgentes prioridades que nos fijan los compromisos internacionales de integración y expansión de las exportaciones, mas aquellos a que nos obliga al correcto acondicionamiento territorial que sustente los desarrollos regionales internos y que creen condiciones para la atracción de inversiones productivas nacionales o internacionales, precisamente cuando sabemos que los techos de nuestro endeudamiento para infraestructura con fuentes multilaterales de crédito como el BID o el Banco Mundial no pueden sobrepasar límites de alrededor de 450 millones de dólares anuales.

La inversión privada en infraestructura, sufre en los últimos años de las severas restricciones que muestra su comportamiento general en el país, en espera que nuevas formas de financiamiento puedan tener rápida y eficaz expansión, como contratos de gerencia, concesiones, "joint ventures" y otras operaciones de carácter similar. Algunas de ellas han sido planteadas en la reunión del BID. El Ministro de Economía de Brasil Guido Mantega anunció la preparación de un programa de "parcerías público-privadas" (PPP) que permitiría al Estado contratar compañías privadas para desarrollar proyectos de infraestructura, garantizando el Estado que dichas empresas reciban los pagos correspondientes, evitando incrementar la deuda pública. Para ello Brasil crearía un fondo especial de financiamiento.

Por otro lado, está bajo estudio la creación de una Autoridad Sudamericana de Inversiones, aplicada a obras de interconexión vial que puede captar recursos del mercado de capitales actuando como una entidad multinacional de propiedad de los países participantes bajo reglas concesionales de amortización de pagos, convenidos con fuentes multilaterales como BM, BID y CAF.

En cualquier caso, la prioridad y urgencia del financiamiento de la infraestructura nacional es requisito inevitable para alcanzar mayor crecimiento de la economía, sostenimiento de los programas sociales y cumplimiento de nuestras obligaciones con el sector externo cuando la globalización y competitividad internacionales, han pasado a ser parte de la urgente estrategia de desarrollo del país.

Percy Rodríguez Noboa
Consultor Internacional