EDITORIAL

Las FARC, la inseguridad regional y el mal uso de la diplomacia

Alejandro Deustua
23 de julio de 2010

La decisión de Venezuela de romper relaciones diplomáticas con Colombia muestra que las FARC constituyen una amenaza evidente a la seguridad y estabilidad regionales, que los usos diplomáticos se deterioran en la región y que el tránsito de la fragmentación al desorden regional se vuelve cada vez más peligroso.

La lucha emprendida por Colombia contra la organización narcoterrorista ha mostrado, hace tiempo, la dimensión trasnacional de esta última. Así lo prueba la expansión del narcotráfico y del crimen organizado en el Hemisferio sea por trasvase (el efecto “globo”), por vinculación de las FARC con otras organizaciones terroristas o por su inserción en ciertos foros civiles de carácter “alternativo”. Esta dimensión del problema constituye una amenaza regional que varios Estados latinoamericanos insisten en minimizar.

Tal flexibilidad ha permitido que esta amenaza trasnacional adquiera una dimensión interestatal que escapa a la sola afectación del Estado colombiano. La indisposición de varios de los Estados del área a calificar a las FARC como organización narcoterrorista y su predisposición a considerarla como mera agrupación subversiva o guerrillera ha llegado al punto en que la negativa a combatirla, cuando ella se traslada al territorio de algún vecino, se convierta en tolerancia y, eventualmente, en protección por el Estado “huésped”. De allí a la instrumentación de esa organización por la política exterior de ese Estado, no media paso.

Ello explica que la denuncia por el Estado agredido (Colombia) de la presencia del agresor (las FARC) en territorio vecino (Venezuela) facilite a éste –es decir, a su gobernante- calificar la denuncia como agresión diplomática y proceder en consecuencia. Ello, a su vez, ha facilitado a ese gobernante proceder al rompimiento de relaciones con el Estado agredido a la espera de que asuma el poder en éste un gobierno que se percibe, erróneamente, como condescendiente.

La lógica de esta dinámica es clara: el gobernante (el señor Chávez) prefiere escalar el conflicto hasta que las circunstancias cambien a su favor. Si éstas no cambian, esa conducta se repetirá en el futuro hasta lograr una posición dominante o, de ser el caso, atenuar una debilidad relativa.

Por lo demás, la decisión de recurrir al rompimiento de relaciones diplomáticas en el área (por Venezuela) se facilita si su uso prolifera en el entendido de que su costo político es menor a sus consecuencias estratégicas y económicas o si está condicionado por una irracionalidad colectivamente tolerada.

El caso muestra que la brecha entre la disposición a romper relaciones diplomáticas (o a apelar con facilidad a su socavamiento, por ejemplo, con el retiro de embajadores) y el estándar convencional que las regula se viene ampliando en el área. De esta manera, la trivialización del uso de instrumentos diplomáticos de último recurso incrementa el entorno de inseguridad en la región.

Esta situación tiene ejemplos recientes. En el 2008, Ecuador y Venezuela procedieron a quebrar o a degradar las relaciones con Colombia luego del bombardeo por la fuerza armada de éste último de un campamento de las FARC en Ecuador que era vital para la organización guerrillera. La alegación ecuatoriana, que en un principio fue de cautela hasta que el gobierno de Venezuela contribuyó a su radicalización, fue la de preocupación, con razón, por la violación de su soberanía. Pero el gobierno ecuatoriano priorizó ampliamente la responsabilidad del Estado vecino sobre la que correspondía a las FARC.

Así, la defensa de la soberanía territorial se discutió al margen de la violación de la soberanía por la organización narcoterrorista en el marco del Grupo de Río y la cooperación en la lucha contra las FARC sufrió un nuevo golpe. Como consecuencia, el rompimiento de relaciones diplomáticas devino en una función de la relación amistosa de un Estado con la organización narcoterrorista.

A esta involución diplomática siguió el cuestionable uso de las maneras y de la oportunidad para la legítima denuncia colombiana de la presencia de las FARC en Venezuela. En efecto, la presentación del vocero colombiano en la OEA tuvo una estridencia propia de otros foros. Ello incrementó las dudas sobre los motivos que tuvo un gobernante exitoso en la lucha antiterrorista para proceder a esa denuncia a pocas semanas de la toma de posesión de su sucesor. Especialmente cuando éste, un dedicado ex -Ministro de Defensa, está perfectamente al tanto de los hechos denunciados y de su veracidad. Si el presidente Uribe quiso “marcar la cancha” a la predisposición del señor Santos a mejorar la relación con sus vecinos o facilitar a éste la tarea de establecer, hemisféricamente, las condiciones bajo las cuales asumirá el gobierno, pudo haber realizado un mejor uso de la OEA a estos efectos. Como no lo hizo, el instrumento de la denuncia en la diplomacia multilateral regional también se devaluó.

Esta tendencia al mal uso o al abuso del instrumental diplomático convencional agrava la situación de desorden que vive la región. Si ésta está fragmentada por la emergencia de gobiernos de ideologías antagónicas e intereses en conflicto, la polaridad consecuente está derivando e anarquía antes que en fundación de un nuevo orden a pesar de la proliferación de nuevos regímenes en el área (que, por sus motivaciones y eficacia, también muestra inconsistencia).

A tratar de establecer ese orden no ha contribuido la mayor potencia regional (cuyas autoridades no han hecho buen uso de su poder), ni las agrupaciones regionales reconocidas. En lugar de ello ha emergido la arbitrariedad con que no pocos conductores de política exterior se desempeñan en la región, los excesos caudillescos de los gobernantes, la aparición de entidades no convencionales en la gestión externa (el caso de la “diplomacia de los pueblos”) y la pérdida de perspectiva de algunos parlamentos nacionales sobre su conducta externa.

Los Estados responsables del área están obligados a examinar el deterioro de las condiciones de seguridad en la región –de la que las FARC son un causante principal- y a corregir el mal uso de los instrumentos diplomáticos en la relación interestatal que retroalimenta el desorden y la inestabilidad en el área.