EDITORIAL

G20: de la cooperación por necesidad a la discrecionalidad cooperativa

Alejandro Deustua
30 de junio de 2010

Luego de una escasamente fructífera reunión del G8 los miembros del G20 han confirmado, en Toronto, su status de mayor foro económico del sistema internacional, aunque ello no conlleve la autoridad correspondiente. En efecto, si la dispersión del poder económico define al G20 (lo que implica que los antiimperialistas se han quedado sin enemigo material), el sistema no encuentra aún algo o alguien capaz de proveer orden que no sea la insuficiente mano invisible o la discrecionalidad cooperativa.

Ello, sin embargo, no es poco, si el grupo de países que representan más del 80% del PBI mundial mantienen su disposición a coordinar políticas. Esa primera etapa ha tenido éxito desde que la recesión obligó, a partir de noviembre del 2008, a concertar mecanismos de estímulo de la economía global demostrado con el fin (no definitivo) del impacto inicial de la crisis.

Luego de los millones de millones gastados en el estímulo de fiscal y monetario y del rescate del sistema financiero principalmente por los países industrializados, la recuperación se reflejará este año en un crecimiento de 4.2% del PBI global, un incremento de 9.5% del comercio internacional y una recuperación moderada del flujo de inversiones luego de la retracción de 40% del 2008. Esto es lo que afirman la OECD, la UNCTAD y la OMC (que complementan la buena noticia con el testimonio de la preservación de lo que queda de virtud económica: la escasa reversión de la apertura y una generalizada voluntad de reformar los regímenes liberales que prevalece sobre los que procuran su involución o desaparición)

Pero el proceso recuperador tiene riesgos. El G20 los encuentra en el crecimiento desigual, los altos niveles de desempleo y el impacto social consecuente (y la tentación proteccionista remanente según la OECD, la OMC y la UNCTAD). Por ello ha planteado que el fortalecimiento de la recuperación es el desafío sistémico principal.

Sin embargo, siendo ésta desigual no sólo en términos de perfomance sino de fundamentos y enfoques, el G20 ha deseado asegurar la disposición cooperativa de sus miembros avalando políticas, en apariencia, contradictorias: de un lado, continuar con el estímulo mientras sea necesario (Estados Unidos) y, del otro, no esperar por la sustentabilidad fiscal (la Unión Europea) reflejada en el recorte del déficit y la reducción de la relación deuda/PBI (aunque sin poner en riesgo, mediante el ajuste sincronizado, lo esencial del crecimiento).

Para salvar esa contradicción el G20 ha dejado a los Estados libertad de acción bajo condiciones de prudencia y según circunstancias nacionales. Si no fuera porque el grupo de economías mayores no es una entidad amalgamada, podría decirse que esa disposición es semejante al principio de subsidiariedad. En lugar de ello, estamos aquí frente la recuperación organizada de la responsabilidad del Estado, por encima de la de los regímenes establecidos, en la orientación de la economía global.

Por lo demás, cuando el G20 se refiere a la prudencia, entiende que ésta debe practicarse de manera que el recorte de 50% del déficit para el 2013 y la reducción sustancial de la deuda para el 2016 vayan acompañadas de reformas (financiera, corporativa y laboral), de prevenciones (desarrollo de mercados, gasto en infraestructura y fortalecimiento de mecanismos de protección social), de la promoción de equilibrio en la demanda global (en esencia, que las economías superavitarias incrementen la demanda nacional –p.e. China y Alemania- y que los deficitarias exporten más –p.e Estados Unidos-) y de flexibilidad cambiaria (p.e. que China revalúe progresivamente).

Y también implica el apoyo del financiamiento del desarrollo mediante “nuevas aproximaciones” público-privadas (un complemento piadoso) así como el mantenimiento de la apertura comercial con el éxito de la Ronda Doha (un lugar común cuya reiteración puede resultar en algún resultado recortado aunque el G20 sostenga que desea un resultado “ambicioso”).

En tanto estos compromisos no son obligaciones sujetas a coacción aparente y en cuanto lo sujetos comprometidos son bien disímiles (de un lado, economías desarrolladas y emergentes y, del otro, economías superavitarias y deficitarias) se entiende que estamos más bien frente a un conjunto de recomendaciones en un marco de racionalidad común antes que frente a objetivos de cuyo cumplimiento se tomará cuenta (aunque habrá presiones). El resultado y la tendencia convergente implícita en esas políticas será revisadas en la próxima cumbre del G20 (Seúl, noviembre de 2010).

Allí se verá si el sistema avanza hacia un nuevo régimen económico global o si sus actores se dispersan en la satisfacción de sus diversos intereses nacionales (crecer ajustando con moderación -Estados Unidos- o ajustar para crecer en el futuro sosteniblemente -la Unión Europea- o crecer con reformas estructurales -todos, pero especialmente las economías emergentes-). El panorama de la estructura del sistema y del tipo de régimen que procure gobernabilidad quedará claro según lo que prevalezca.

Cualquiera que sea el resultado, el fiel de la balanza de la incertidumbre se habrá inclinado hacia uno de los lados con los que Krugman resume la situación: el retorno de la ortodoxia neoliberal (que, temiendo al ajuste recesivo, es lo que él proyecta) o el éxito reiterado del estímulo prudente (reflejado esta vez en la creación de empleo).

Desde otra perspectiva (la nuestra), es esperable que, en tanto el espíritu de cooperación se preserve, la apertura se mantenga y el objetivo general de crecimiento con equilibrio no pierda el rumbo, la recuperación debe fortalecerse con el complemento efectivo de la reforma de los mercados reales y la del sistema financiero. Esta última debe ser estructural (separación normativa de la banca convencional de la banca de inversión) y no sólo de mera vigilancia y control.

Hasta ahora el G20 da cuenta de los beneficios potenciales de la reformas de la economía real (crecimiento de US$ 4 trillones del PBI global, creación de 52 millones de empleo, disminución de la pobreza en 90 millones de personas y disminución sustancial de déficits de cuenta corriente) pero no de la financiera. Al respecto ya se cuenta con avances legales norteamericanos y con europeos. Ahora debe evaluarse si su impacto global corresponde a lo necesario. El G20 debe pronunciarse con mayor claridad al respecto.