EDITORIAL

La Declaración de Lima: de una propuesta inviable a la posibilidad de cooperación selectiva en asuntos de defensa

Alejandro Deustua
14 de junio de 2010

La XL Asamblea General de la OEA ha concluido reiterando la incapacidad hemisférica de tomar decisiones sobre temas que sus propios organismos proponen y ratificando su predisposición a compensar esa tendencia con declaraciones de principios. La Declaración de Lima sobre paz, seguridad y cooperación en las América lo ha puesto en evidencia nuevamente.

Como es claro, la propuesta peruana de proceder regionalmente al mejor control y reducción de las compras de armamentos no logró el consenso necesario. Ello ocurrió por razones ya anticipadas: en la región no existe (aún) una carrera armamentista, América Latina es efectivamente, después de África, el área con menores adquisiciones militares y la quiebra del balance existente hasta fines del siglo XX (ver Armamentos y Comercio en América Latina de 4 de abril de 2010 en www.contexto.org) impedía un control contractual de la dinámica correspondiente.

En tanto esa dinámica es consecuencia del incremento de asimetrías por concentración de la acumulación de capacidades en unos pocos Estados, ella es funcional a la formación de una nueva estructura de poder regional (especialmente si se extrae a Estados Unidos del escenario). Ello ocurre en un contexto en que algunos actores se plantean nuevos desafíos estratégicos (Brasil, Venezuela, Chile), otros mantienen un alto nivel de alerta frente a amenazas que son disímiles en relación a no pocos de los socios (Colombia) y otros, por razones económicas o ideológicas, no afrontan, con la rapidez necesaria, sus requerimientos de seguridad (Perú).

En el marco de estos distintos intereses y de divergencias perceptivas, el consenso sobre limitaciones a las compras de armamentos era inviable. En lugar de insistir en lograrlo, la Asamblea General optó por replantear el contenido de la reunión reiterando el marco de seguridad colectiva donde debe operarse y recordando la necesidad cumplir con los acuerdos sobre control de armamentos ya existentes.

Lo primero está contenido en la Declaración sobre Seguridad en las Américas que, en el 2003, culminó un primer capítulo sobre redefinición de amenazas en el Hemisferio, mientras lo segundo se identifica con tratados que, como el de Transparencia en la Adquisición de Armas Convencionales, no ha sido suscrito aún por una buena cantidad de Estados.

Si los suscriptores de la Declaración de Lima hubieran optado, con seriedad, por esta alternativa sería posible esperar la reanudación de la reforma del régimen hemisférico de seguridad colectiva. Y, además, fortalecer un instrumento regional que pretende disminuir la desconfianza sobre quién compra qué en la región en el área. Pero, en tanto las fuerzas que intentan formar un nuevo orden en la región son superiores, es previsible que ese objetivo hemisférico de minimis tampoco se logre.

Lo que sí parece realizable es el inteligente empleo, bilateral o plurilateral, de una disposición que XL Asamblea General de la OEA trató de crear Lima: la renovada discusión sobre asuntos de defensa entre Estados Miembros con el potencial de generar intereses afines. Ello puede llevar a fortalecer la voluntad de algunos Estados de desempolvar viejos proyectos generadores de confianza, como el de homologación de la medición de los gastos militares entre Perú y Chile que emergió por la voluntad circunstancial de ciertos gobiernos (los de Toledo y Lagos) y que la inercia de los mismos, estimulada por factores subjetivos, encajonó en los archivo de la CEPAL (que, sin embargo, estuvo a cargo de un proyecto que Argentina y Chile ya habían puesto en marcha).

Esta nueva y selectiva predisposición a la cooperación en el campo de adquisiciones militares no debe postergar, sin embargo, la satisfacción de requerimientos de seguridad y defensa elementales que Estados como el peruano requieren. Teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales y las siempre urgentes necesidades de financiamiento de proyectos sociales, el gobierno del Perú debe cumplir con el deber de procurarse los equipos necesarios para confrontar con éxito las amenazas internas y transnacionales que lo afectan y establecer una plataforma de disuasión suficientemente flexible para involucrarla, de manera complementaria, en actividades de cooperación.

Si la Declaración de Lima es aplicada con este ánimo selectivo, el desmontaje de sus propósitos originales habrá valido la pena.