MARCO DE LA POLITICA EXTERIOR PERUANA

Comentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores al informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los indígenas sobre los sucesos del 5 de junio de 2009 que tuvieron lugar en las provincias de Bagua y Utcubamba

Comunicado de Prensa 015-09

El lunes 20 de julio de 2009 el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, profesor James Anaya, hizo público su informe sobre la visita que realizó al Perú entre el 17 y el 19 de junio de 2009.

El Informe del señor Anaya desvirtúa las principales acusaciones de las que fue objeto el Estado luego de los lamentables sucesos del 5 de junio, ratifica que en ningún momento existió genocidio, violación masiva de derechos humanos o que se hubieran perpetrado desapariciones forzadas. Específicamente, el Relator afirma que “no encontró evidencia concreta ni escuchó testimonios específicos sobre muertos además de aquellos confirmados, como tampoco recibió evidencia concreta de la existencia de fosas comunes como se había difundido públicamente” (párrafo 25).

De todas maneras, el Estado peruano realiza todos los esfuerzos a su alcance para encontrar a cada una de las personas que participaron en los sucesos de Bagua y que no estuviera ubicada, como es el caso confirmado del Mayor Felipe Bazán Solís.

El Estado peruano, a través de las instituciones competentes, no ha concluido aún las investigaciones sobre dichos eventos. La opinión pública debe sentirse segura que dichas investigaciones se realizan dentro del marco del estado de derecho que corresponde a una democracia representativa como la peruana y tienen como finalidad principal esclarecer las circunstancias en las que se produjeron hechos tan graves y dolorosos como la muerte de de 33 personas: 23 efectivos policiales (11 de los cuales se encontraban desarmados en la Estación 6 y fueron objeto de tormentos físicos crueles antes de ser ejecutados), 5 indígenas y 5 pobladores de Bagua.

Finalmente, el Informe del relator será enviado a las instancias públicas correspondientes a fin que sea conocido y estudiado. La aplicación de las recomendaciones y conclusiones se hará en función de la evolución de la situación y de los procesos que se han emprendido para consolidar la relación de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana con el resto de la sociedad y asegurar la vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los peruanos, en especial de dichos pueblos que se encuentran en una situación particularmente vulnerable.

El Gobierno del Perú reafirma su firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos y con el estado de derecho y su permanente voluntad de diálogo con todos los sectores involucrados en la temática de los pueblos indígenas.