EDITORIAL

La marcha contra las FARC

Alejandro Deustua
6 de Febrero de 2008

Como ocurre con toda política de seguridad, la conducción de la lucha contra el terrorismo corresponde al Estado. Es más, la involucración colectiva en esa lucha es una responsabilidad cuya modalidad debe definirla el Estado si no se desea que la anarquía empeore una situación grave.

    En cambio, el derecho y el deber de repudiar colectivamente al terrorismo no puede escamotearse a la sociedad. La forma pacífica de hacerlo constituye además  un derecho de expresión inalienable. Si ello tiene consecuencias políticas de otra dimensión es otra cosa.

   Por ello es que la marcha ciudadana contra las FARC en más de 140 ciudades del mundo, pero especialmente en Colombia, debe ser aplaudida y reconocida. No hacerlo por temor a que ésta pueda ser aprovechada por intereses políticos distintos (que siempre existirán), por temor a la “polarización ciudadana” (hecho que confirma la existencia de sectores pro FARC en Colombia y fuera de ese Estado)  o por miedo a la reacción terrorista (que siendo natural, debe poder controlarse), son excusas atribuibles a excesos de periférico cálculo político por decir lo menos.
 
   Que se sepa, en España nadie critica las marchas anti-ETA salvo los etarras o sus seguidores políticos. Y si no hay marchas contra Al Qaeda y otras organizaciones terroristas en los países árabes y musulmanes quizás se deba a un problema de percepción pública que  malentiende la conducta e influencia de esas organizaciones.

   En el caso de la marcha contra las FARC, en cambio, no hay equivocación posible en torno a su estricto propósito: el llamado a la liberación de todos los rehenes de la fuerza narcoterrorista, la condena plena del secuestro (que es un delito de lesa humanidad) y el repudio a las FARC como entidad que, por ya por generaciones, viene frustrando la vida de un país entero y complicando su relación con los vecinos.

   Si esos propósitos han sido masiva y globalmente expresados, es evidente que a la confirmación de la ilegitimidad de las FARC se agrega el repudio a la propuesta de su reconocimiento como fuerza beligerante. Por lo demás, la ratificación colectiva de la calidad terrorista de ese grupo emite un mensaje bastante claro al Presidente Chávez sobre lo que éste no debe hacer en Colombia y respalda la acción intermediadora de entidades como la Iglesia Católica o la Cruz Roja y de Estados como España, Francia y Suiza que han aceptado la solicitud del gobierno colombiano de ayuda a liberar a los secuestrados.

   Sin embargo, no será a través del éxito de esos facilitadores que las FARC dejarán de ser terroristas sino de la demostración pública que haga esa fuerza  de su decisión de abandonar la perpetración de delitos de lesa humanidad con propósitos políticos. Y también de las garantías de seriedad que den para iniciar un diálogo con el gobierno que permita su desarme y desmovilización. El cumplimiento de esas condiciones hará que la población deje de ser presionada por el miedo que genera la acción criminal de ese movimiento y, por tanto, su condición terrorista podrá ser, entonces, revisada.

  Este resultado dista mucho de las especulaciones,  sobre las posibilidad de que el Presidente Uribe postule o no a una segunda reelección, sobre el cálculo de la izquierda sobre su una eventual pérdida de posición o sobre el derecha de ganarla. Quienes se embarquen en ese ejercicio están extrayendo harina de otro costal. Ese sector de opinión tiene el derecho a participar en el repudio antiterrorista de la manera que lo desee pero no a ilegitimar la marcha de millones de colombianos y de ciudadanos del mundo.

   Es más, ahora toca a los Estados  cumplir con su deber presionando a las FARC para que liberen a los secuestrados. Ello no ha ocurrido en la tan cuestionada Unión de Naciones Suramericanas cuyos cancilleres se reunieron a finales de enero en Cartagena. La omisión es tan flagrante que los Estados que participen en próximas reuniones en foros regionales, plurilaterales o globales con los países andinos –y con Colombia en particular- deberán, a partir de ahora, añadir la exigencia de esa liberación a sus habituales enunciados antiterroristas.

En ese marco la reserva y el secreto de las  operaciones concretas que lleven a ese fin tendrán mayores posibilidades de éxito. Y es en ese marco también que la lucha contra el narcoterrorismo en la región debe ser incrementada.

DERECHOS RESERVADOS

El Editor (ADC)